La parálisis gubernamental y una nueva convocatoria electoral resultan incongruentes con la declaración del estado de emergencia climática en España.
El fracaso de las negociaciones supone una gran oportunidad perdida para articular un gobierno de emergencia climática que aborde las medidas necesarias y ponga en marcha el PNIEC.
La situación agrava la década de retraso que ya lleva España con respecto a los países de su entorno.
Madrid, 19 de septiembre de 2019.- La Fundación Renovables muestra su profunda preocupación ante el fracaso de las negociaciones y la incapacidad de la clase política para conformar un gobierno estable en España. Los sucesivos meses de gobierno en funciones y las repetidas citas electorales -con sus correspondientes campañas y disolución de las Cortes Generales- dibujan un escenario de parálisis política que resulta profundamente contradictorio con la declaración del estado de emergencia climática en España recién aprobada en el Congreso de los Diputados. La emergencia climática solo se puede encarar con un gobierno estable, políticas audaces y comprometidas y leyes ambiciosas, coherentes con el sentido de urgencia de la declaración.
La repetición electoral supone una oportunidad perdida para articular un gobierno de emergencia climática que impulse un proyecto renovado de país y ponga en el centro la transición ecológica de nuestra economía a través de un Pacto de Estado de Energía y Cambio Climático, creando además una Vicepresidencia de Transición Ecológica para coordinar toda la acción ministerial. El objetivo es consolidar un marco regulatorio fiable, exigente y duradero, dando prioridad a la energía como un derecho básico, escaso y de primera necesidad.
Resulta inaceptable que España aún no tenga en vigor una Ley de Cambio Climático, anunciada por primera vez en el otoño de 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Junto a ella, están pendientes una profunda reforma del sector eléctrico, que apueste por la electrificación de los consumos energéticos y de este modo garantice cero emisiones de gases de efecto invernadero en destino, para lo cual es imprescindible una tarifa eléctrica transparente y variable, nuevas tarifas sociales, etc.; una política fiscal medioambiental que grave aquello que se quiere paulatinamente desterrar e incentive aquello que se quiere extender; una modificación de la Ley de Bases del Régimen Local para dotar de más capacidades a las entidades locales y que puedan liderar las políticas de adaptación; el cierre sin mayor demora del carbón y la nuclear, que no pueden tener cabida en la sociedad actual en el contexto de los tiempos de emergencia climática en los que nos desenvolvemos; el fomento sin fisuras de la movilidad sostenible y el vehículo eléctrico desde una consideración de servicio público y uso compartido; el desarrollo del autoconsumo, particularmente el compartido, el cual ofrece además extraordinarias posibilidades para hacer frente a situaciones de pobreza energética; la rehabilitación de viviendas y la reordenación de los bienes y servicios urbanos con criterios de máxima accesibilidad con la menor movilidad motorizada posible, entre otros. Todo ello englobado en un marco de transición justa que proteja a numerosos colectivos sociales y comarcas afectados por el cambio de modelo, corrija impactos y garantice la equidad intergeneracional e interterritorial.
Nada de ello podrá acometerse, a pesar de su urgencia y demanda social unánime, hasta que haya un gobierno estable, con un proyecto sólido de país y comprometido con cambiar el modelo energético y afrontar la descarbonización completa de nuestra economía.
