- Más de 50 entidades de la sociedad civil exigen al Gobierno la aprobación urgente del Plan Social por el Clima. El ejecutivo debería enviar a la Diputación Permanente del Congreso un Real Decreto-Ley para transponer directamente las directivas ETS de 2023, condición indispensable para que la Comisión Europea puede aprobar ese plan.
- España debería haber empezado a aplicar el pasado 1 de enero de 2026 su Plan Social para el Clima, un instrumento dotado con 9.099 millones de euros, de los cuales 6.800 millones (un 75%) son fondos europeos.
- Con un año de retraso sobre lo previsto en el Reglamento europeo, el MITECO sometió el pasado 25 de mayo de 2026 a información pública el borrador del Plan Social para el Clima, en el que se planteaba la inversión de 4.723 millones en vivienda y 4.376 en transporte.
Madrid, 29 de octubre de 2026. Pese a que debería haberse empezado a aplicar el pasado 1 de enero de 2026, de acuerdo con lo establecido en la normativa europea (3), el Plan Social para el Clima (PSpC) de España continúa en fase de borrador y, por lo tanto, aún lejos de lograr la aprobación definitiva por parte de la Comisión Europea. Tras acumular un año de retraso en la elaboración del borrador del PSpC, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) lo sometió a un proceso de audiencia e información pública a finales de mayo de 2026, el cual terminó el 30 de junio. Desde entonces, no ha habido ninguna información oficial sobre el estado de tramitación del citado plan.
Se presupone que, tras analizar las alegaciones recibidas, el borrador actualizado del plan debería haber sido enviado a la Comisión Europea, pero no hay constancia oficial de ello. «Exigimos al Gobierno que actúe con diligencia para aprobar en breve el borrador final del Plan Social para el Clima y enviarlo a la Comisión Europea para su validación final”, piden los portavoces de las más de 50 organizaciones agrupadas en la Alianza por la Rehabilitación de Viviendas Sin Dejar a Nadie Atrás y en la Alianza por un Plan Social por el Clima Justo para Usuarios y Microempresas Vulnerables del Transporte.
Además, estas entidades reclaman al Gobierno que desbloquee con urgencia la transposición de las directivas europeas, acordadas en 2023, para reforzar el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (RCDE UE). El plazo de transposición de estas normas, la Directiva (UE) 2023/958 y la Directiva (UE) 2023/959, terminó el 31 de diciembre de 2023.
La Comisión Europea ha sido muy clara: hasta que no se produzca esa transposición, no podrá aprobar oficialmente el Plan Social para el Clima, y, en consecuencia, tampoco podrá empezar a fluir el dinero europeo del Fondo Social para el Clima (unos 6.800 M€).
El pasado 4 de junio la Comisión Europea anunció su decisión de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, solicitando que se le impongan sanciones financieras, por incumplir su obligación de incorporar a su derecho nacional las citadas directivas europeas. Para superar ese escollo, evitando las sanciones económicas correspondientes, ambas alianzas piden al Gobierno que tramite un Real Decreto-Ley en la Diputación Permanente del Congreso con el fin de lograr la transposición directa (es decir, sin cambio alguno) de las directivas mencionadas.
De esta manera, se verá satisfecha esa condición sine qua non de la Comisión Europea para dar luz verde al PSpC y habilitar la llegada de los fondos europeos que corresponderían a España. Ambas alianzas confían en la aprobación mayoritaria de este Real Decreto-Ley en la Diputación Permanente pues esas directivas fueron aprobadas en el Parlamento Europeo en abril de 2023 con el apoyo mayoritario de los grupos europeístas y de centro: PPE (Partido Popular Europeo), S&D (Socialistas y Demócratas) y Renew Europe.
Estos tres bloques principales, junto con el grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea, impulsaron y respaldaron la adopción de estas normativas en la sesión plenaria correspondiente. En el Parlamento Europeo, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) se adscribe al grupo Renew Europe, mientras que Euskal Herria Bildu (EH Bildu) está integrado en el grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea. Es importante destacar que los eurodiputados españoles adscritos a los citados grupos parlamentarios votaron a favor de la aprobación, al igual que lo hicieron los eurodiputados de la coalición electoral Lliures per Europa, de la que formaba parte el partido político Junts, adscritos al grupo de los No Inscritos.
Sobre el Fondo Social para el Clima y el Plan Social para el Clima
Para minimizar el impacto del incremento de los precios del combustible para el transporte por carretera y la calefacción a partir de 2028 (4) en los grupos más vulnerables (hogares vulnerables, usuarios vulnerables del transporte y microempresas vulnerables), especialmente los afectados por la pobreza energética o la pobreza en el transporte, la Unión Europea ha creado el Fondo Social para el Clima (FSC) para el periodo 2026-2032 que contará con 65.000 millones de euros. A España le corresponde un 10,52% de esa cantidad.
Además, los Estados miembros tienen la obligación de contribuir, con cargo a sus propios presupuestos, con un mínimo adicional del 25% del importe que le corresponda. Así pues, en total, en España este fondo ascenderá a 9.099 M€. Las inversiones del Fondo Social para el Clima deben permitir a los ciudadanos vulnerables renovar sus viviendas, adoptar tecnologías energéticamente eficientes y acceder a energías renovables y medios de transporte sostenibles. Esto reducirá su dependencia de los combustibles fósiles a medio y largo plazo, mientras que las ayudas directas a la renta mitigarán los posibles efectos negativos a corto plazo. El citado fondo puede financiar: a) inversiones en eficiencia energética y renovación de edificios, calefacción y refrigeración limpias; b) movilidad y transporte con cero o bajas emisiones, incluido el transporte público; y c) proporcionar ayudas directas temporales a los ingresos de los hogares vulnerables.
*NOTAS
(1) La “Alianza por la Rehabilitación de Viviendas Sin Dejar a Nadie Atrás” está compuesta por las siguientes 29 entidades (en orden alfabético): ABD-Asociación Bienestar y Desarrollo, ACA-Asociación de Ciencias Ambientales, Amigas de la Tierra, Arquitectura sin Fronteras, ASUFIN, AVS-Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo, Canarias Archipiélago Sostenible, CECU-Federación de Consumidores y Usuarios, CS CCOO-Confederación Sindical de CCOO, CCOO del Hábitat, Democratic Society, EAPN-ES, ECODES, Ecoserveis, Enginyeria Sense Fronteres, ETSAM-Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, Fundación Europace, Fundación de Familias Monomarentales Isadora Duncan, Fundació Habitat 3, Fundación Renovables, Greenpeace, Instituto Eduardo Torroja de ciencias de la construcción (CSIC), ISTAS, Observatorio Ciudad 3R, Provivienda, reBive, Revo Prosper, UGT y UGT-FICA.
(2) Los 27 miembros de la “Alianza por un Plan Social por el Clima Justo para Usuarios y Microempresas Vulnerables del Transporte” son (por orden alfabético): Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE), Amigos de la Tierra, Comisiones Obreras (CC.OO.), Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Consejo de la Juventud de España (CJE), ConBici, Demos Lab, European Anti Poverty Network (EAPN-ES), Ecologistas en Acción, Ecounion, EsadeEcPol, Federación de Consumidores y Usuarios CECU, Foro de Acción Rural, Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), Fundación Mobilitat Sostenible y Segura, Fundación Renovables, Greenpeace, Oxfam-Intermón, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME), Promoció del Transport Public (PTP), Renovem-nos, Revo, Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE), SEO/BirdLife, Transport & Environment (T&E), Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) y Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).
(3) Reglamento (UE) 2023/955 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de mayo de 2023 por el que se establece un Fondo Social para el Clima.
(4) Inicialmente se dispuso el año 2027, pero el 5 de noviembre de 2025, el Consejo de la Unión Europea alcanzó un acuerdo para modificar la Ley Europea del Clima e introducir un nuevo objetivo vinculante de reducción del 90% de las emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) para 2040, en comparación con los niveles de 1990. Como parte del acuerdo, el Consejo decidió también aplazar un año la entrada en vigor del sistema de comercio de emisiones para edificios y transporte por carretera (ETS2), siendo la nueva fecha 2028
