Solo una cifra, un único argumento, un frío dato. Eso es lo que se sabe de la reforma energética que el Gobierno tiene previsto anunciar durante el mes de junio. Mil millones de euros, el importe del nuevo recorte a la retribución de las renovables y que se une a toda una batería normativa de los últimos cuatro años que ha logrado arruinar el sector industrial renovable, desprestigiar a nuestro país ante los inversores de todo el mundo, situar al borde de la quiebra a miles de pequeños inversores y pequeñas y medianas empresas, cuestionar en otros países la apuesta por las tecnologías limpias, pero que en ningún caso ha conseguido alcanzar el objetivo que las justificaba: atajar el déficit de tarifa. Una cifra que suena a capricho. ¿Por qué mil millones? ¿Por qué no ochocientos o mil doscientos?
La irresponsabilidad de este, como del anterior Gobierno, a la hora de señalar a las primas como la principal –cuando no la única– causa del déficit de tarifa y de todos los problemas del sistema eléctrico pasará a la historia como un ejercicio de ceguera política. Los errores del regulador, que los hubo en la retribución, en lugar de ser corregidos se convierten en el argumento para rematar a las víctimas de los mismos que no son otros que las propias tecnologías y los que se creyeron lo que afirma el BOE de un supuesto estado de derecho. El Gobierno no quiere oír hablar de dependencia energética (46.000 €), ni de emisiones (cambio climático), ni de liderazgo tecnológico. Quieren ahorrarse mil millones más aunque eso sea la puntilla que arruine nuestro futuro.
