Esta semana se celebra en Abu Dhabi la Sexta Asamblea Ministerial de IRENA, la Agencia Internacional de Energías Renovables. Es el primer encuentro multilateral de ministros tras finalizar la Cumbre del Clima de París y su agenda está especialmente dedicada a analizar los resultados de la COP 21 y a definir las estrategias de desarrollo de las energías renovables más efectivas para la transición energética en el nuevo escenario.
El compromiso de incrementar el peso de la energía renovable en la cesta energética de cada país es la aportación más reiterada en las 188 contribuciones nacionales protagonistas del acuerdo de París. Es una buena noticia no sólo por la suma que todo ello representa –tanto en reducción de emisiones frente a consumos energéticos convencionales, como por el incremento en potencia renovable instalada–. Lo es, sobre todo, porque una rápida ejecución de esos anuncios acelerará la reducción de costes de las tecnologías renovables, incrementará los beneficios económicos y sociales asociados a las mismas y, por ende, permitirá un mayor incremento de la ambición colectiva expresada en la Cumbre celebrada en la capital francesa.
El compromiso de incrementar el peso de la energía renovable en la cesta energética de cada país es la aportación más reiterada en las 188 contribuciones nacionales protagonistas del acuerdo de París.
Este efecto catalizador es, precisamente, una de las grandes aspiraciones del sistema reflejado en el Acuerdo de París. Se trata de una propuesta novedosa, que parte de la premisa de que sólo se producirá una transformación a gran escala del modelo energético y de desarrollo si todos los actores entienden que lo hacen por interés propio. París construye un sistema basado en las aportaciones voluntarias, pero estas aportaciones deben operar siempre en un contexto coherente con los objetivos de seguridad climática definidos en el tratado y a sabiendas de que se trata de un primer paso susceptible de ser revisado al alza periódicamente. Aunque su propuesta es voluntaria, su cumplimiento es obligatorio y todas las aportaciones quedan sometidas a un sistema generalizado de transparencia y rendición de cuentas cuyo objetivo último es presionar al alza la ambición colectiva.
En ese contexto, el rápido despliegue de inversiones en renovables a gran escala favorece la creación de las condiciones de un cambio profundo en el corto plazo y facilita las etapas sucesivas en el proceso de transición energética a escala global. Tal como la fotovoltaica y la eólica vienen demostrando desde hace años, la generalización de las tecnologías de bajas emisiones permite una significativa reducción de costes imputable a factores tales como las economías de escala y el aumento en eficiencia, asociados a un incremento masivo en la producción. Esta dinámica de reducción de costes se refuerza a sí misma, haciendo más atractivo el uso de estos recursos o la reinversión en su mejora, lo que explica en gran medida el énfasis creciente en el peso que tendrán las energías renovables en el crecimiento del PIB y el empleo global en los próximos años (de acuerdo con la estimación más reciente de IRENA: en términos netos, +1,1% PIB y + 2,4 millones de empleos en términos globales de aquí al 2030 en un escenario de duplicación de la capacidad renovable instalada).
El rápido despliegue de inversiones en renovables a gran escala favorece la creación de las condiciones de un cambio profundo en el corto plazo y facilita las etapas sucesivas en el proceso de transición energética a escala global.
De esta forma las renovables se convierten en la primera pieza de transición del sistema económico, capaces de ofrecer soluciones en un entorno sistémico –el del conjunto de las necesidades energéticas–, contemplando el balance macroeconómico de conjunto y facilitando de forma significativa las siguientes etapas de la transición. Por ello, esta debe ser la prioridad en el corto plazo, identificando correctamente las mejores estrategias para asegurar un despliegue temprano de estas tecnologías, eliminando las barreras que dificultan su utilización, repensando las condiciones financieras que permiten generalizar la inversión en condiciones sostenibles y facilitando sendas de medio y largo plazo que orienten los procesos de decisión en la dirección correcta.