Hoy se vota en el Congreso una bonificación al carbón nacional
Fundación Renovables y Greenpeace piden a los grupos parlamentarios que voten NO a la PNL promovida por diputados socialistas de las cuencas carboneras
Madrid, 20 de abril de 2016.- Greenpeace y la Fundación Renovables piden a los diputados de todos los grupos parlamentarios que, en coherencia con sus compromisos de lucha contra el cambio climático, voten NO a la Proposición no de Ley (PNL) sobre el Impuesto Especial sobre el Carbón que se discutirá hoy en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados. El objetivo de esa PNL es que se apruebe una bonificación al carbón nacional para potenciar su uso en la producción de electricidad. Sin embargo, las subvenciones al carbón son contrarias a la normativa europea, que obliga a que cesen completamente para 2018.
La citada PNL la han presentado, tras reunirse con el lobby del carbón, encabezado por la patronal Carbunión, los diputados del PSOE de las cuencas carboneras.
Las emisiones de CO2 crecieron un 5% en 2015 con respecto a 2014 hasta alcanzar los niveles de 1998 y fue debido a la quema de carbón en las centrales térmicas para la producción de electricidad. En 2015 se quemó un 22% más de carbón que en 2014.
La bonificación que con esta PNL se pretende aprobar para el carbón nacional es una ayuda encubierta que busca beneficiar a éste frente al importado, pero que lo que producirá será un claro perjuicio a la competitividad de las energías renovables y por lo tanto es contraria a los compromisos internacionales, asumidos por el Estado español, de lucha contra el cambio climático.
El próximo viernes 22 de abril, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, se celebrará un evento, en el que participará la Unión Europea, España y los demás Estados miembros, para proceder a la firma del “Acuerdo de París”, alcanzado el pasado 12 de diciembre durante la XXI Conferencia de las Partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Con este acto se pretende mantener el importante impulso en la agenda climática tras la Cumbre de París, en la que, por primera vez, se sumaron esfuerzos de todos los países y se alcanzó un compromiso para iniciar un nuevo modelo de desarrollo bajo en carbono, para mantenernos por debajo de un aumento de 1,5ºC de la temperatura media del planeta.
“A dos días de la firma en Nueva York del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, el PSOE muestra una gran falta de compromiso con el cambio climático al promover en el Congreso una PNL que pretende subsidiar y fomentar el uso de carbón para la producción de electricidad, que es el combustible fósil que más CO2 emite por unidad de energía producida”, ha declarado Domingo Jiménez Beltrán, presidente de la Fundación Renovables.
“Las ayudas a la minería acaban en 2018 y teniendo presente el reciente acuerdo climático adoptado en París, no podemos seguir apoyando la quema de carbón en España con subsidios, incentivos o bonificaciones ni para la extracción, ni para la quema”, ha declarado Tatiana Nuño, responsable de Energía de Greenpeace.
Ninguna bonificación ni subsidio debería estar supeditada al uso de combustibles fósiles. De acuerdo con las Directrices de la CE “una medida para abordar un problema de adecuación de la producción se ha de conciliar con el objetivo medioambiental de eliminar progresivamente las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente o la economía, incluidas las destinadas a los combustibles fósiles”, lo que no sucedería con este tipo de bonificación que promueve esta PNL, además de no respetar en ningún caso el «principio de “quien contamina paga”» pues las bonificaciones ayudarían a continuar con la contaminación y a seguir agravando el cambio climático.
Para la Fundación Renovables y Greenpeace, el objetivo de la descarbonización de nuestro sistema energético es ineludible y su expresión más clara es el cierre urgente de las centrales de carbón y el abandono de esta minería, para lo que debería concretarse en 2016 un plan de cierre progresivo de las centrales térmicas de carbón en España que en todo caso se debería producir antes de 2025. El cierre de la minería debe ir acompañado de planes de “transición justa”, como ha validado la Organización Internacional del Trabajo.
En menos de 10 años, además de incrementar sustancialmente nuestro nivel de ahorro y eficiencia energética, tienen que salir del sistema eléctrico todas las centrales de carbón y las nucleares, para dejar hueco a más potencia renovable. Y, lo antes posible de aquí al 2050, hay que eliminar por completo la utilización de combustibles fósiles para los usos energéticos.
Ambas organizaciones reclaman a los partidos políticos coherencia ante el desafío del cambio climático y los compromisos internacionales en esta materia y que aúnen esfuerzos para cambiar nuestro actual modelo energético, principal causa del calentamiento global del planeta, y pasar a un sistema eficiente y 100% renovable, libre de combustibles fósiles.
Además, Greenpeace y el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente han desarrollado un documento de análisis de la PNL que demuestra que la medida que se pretende aprobar sería probablemente ilegal. En efecto, al tratarse de una ayuda de Estado y no estar dentro del ámbito de aplicación del Reglamento 561/2014, antes de su aprobación y puesta en marcha, debería ser obligatoriamente notificada previamente a la Comisión Europea (CE) y además de tener que ser notificada y aprobada con anterioridad por la CE, cabría la posibilidad de que se considerase incompatible con la Decisión 2010/787/UE de 10 de diciembre de 2010 relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas.
Los subsidios al carbón ya han costado a los ciudadanos en España más de 32.000 millones de euros, destinados a perpetuar y apoyar el uso de este combustible. Sólo las empresas mineras relacionadas con la extracción de carbón han recibido ayudas por valor de 22.000 millones desde el año 1992. Las ayudas a la extracción mineral de carbón sólo se podrían prolongar hasta 2018 para las unidades de producción cuyo cierre estuviese planificado para ese mismo año y estaban sujetas a un plan de cierre que deberían presentar a la Comisión Europa. Pero hasta el día de hoy, España no tiene ese plan de cierre, aunque las ayudas se han seguido dando y nuevas bonificaciones como las que propone la PNL no hacen más que seguir esquivando el problema.
