Es una queja generalizada de la opinión pública desde el verano la continua escalada de precios de la electricidad en España. El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó un Decreto Ley con un paquete de medidas urgentes para abaratar el precio de la luz, entre ellas, un nuevo bono social y la prórroga para solicitar el anterior, un bono social para la calefacción, la suspensión del impuesto del 7% a la generación de electricidad y una nueva normativa sobre autoconsumo.
Son un paso en la defensa de la electricidad como un bien básico y de primera necesidad. Pero son medidas paliativas dentro de una tarifa que no se corresponde con criterios de racionalidad, de equidad, de correspondencia o de justicia. Es necesario ir más allá. El sistema eléctrico español ha sufrido reformas constantes en su regulación que han diluido los derechos de los consumidores en favor del sector eléctrico y la política de fijación de precios debe ser asegurar la garantía de acceso a un precio razonable.
Sin embargo, desde la Fundación Renovables creemos que es necesario adoptar medidas estructurales para afrontar este problema. En la actualidad, dos terceras partes del precio final son partidas fijadas por el Gobierno: por un lado, en los costes regulados (distribución, transporte, régimen especial, pagos por capacidad, déficit…) y, por otro, en impuestos (21% del IVA o 7% en impuestos medioambientales que se aplican a quien contamina y a quien no, que llevan implícito que para los gobiernos vale más la política recaudatoria que la seguridad de suministro de un bien básico).
Proponemos que las distintas fuentes de energía que casen precio no sean las más caras y reclamamos modificar el actual modelo y su carácter marginalista. Además, en la Fundación creemos que es mejor defender al consumidor vulnerable a través de una tarifa social que se adapte en función del nivel de la renta junto a la puesta en marcha de un ambicioso plan de rehabilitación energética de viviendas para lograr una mayor eficiencia.
Nos congratulamos especialmente de que el Gobierno haya aprobado como parte de ese Decreto Ley una nueva normativa sobre autoconsumo en la que se eliminan los llamados cargos asociados a los costes del sistema, popularmente conocidos como “Impuesto al Sol” y se simplifican las trabas administrativas y jurídicas que hasta ahora dificultaban en gran medida el derecho de la ciudadanía a producir su propia energía.
El autoconsumo no sólo es una pieza clave en el cambio de modelo energético, en el sentido de que facilita la eficiencia, la gestión de la demanda y la electrificación con renovables y democratiza la generación sino que además es una herramienta fundamental para abaratar el recibo de la luz. Ventajas que se amplifican si se puede ejercer de manera compartida y conectada.
