Editorial de Las Breves de Octubre de la Fundación Renovables.- El pasado viernes 9 de octubre, en contra de la opinión pública y en total soledad política, el Gobierno aprobó el Real Decreto 900/2015 para regular el autoconsumo eléctrico. Con este acto, el Gobierno pretende estirar al máximo la parálisis a la que daba inicio nada más inaugurarse esta legislatura ya a punto de terminar. Cuatro años de amenazas regulatorias que han intentado matar por inanición un sector que de por sí hubiera despegado sin necesidad de ayudas ni subvenciones: el autoconsumo eléctrico. Y con él, la imparable democratización de la energía a la que acompaña el hecho de que cualquiera pueda autoabastecerse con energías renovables a costes inferiores que comprando la electricidad de la red eléctrica.
La Directiva de Renovables 2009/28/CE terminó su plazo de trasposición en diciembre de 2010 y solo dos días antes de las elecciones de noviembre de 2011 el Gobierno del PSOE aprobó el decreto de instalaciones de pequeña potencia (RD 1699/2011) que constituía el primer paso para cumplir de manera parcial con la Directiva. Al día siguiente de las elecciones, una vez perdidas, publicó el borrador del decreto de autoconsumo que el gobierno del PP ha convertido y reconvertido, por arte de transformismo, en dos diferentes borradores de real decreto y sus infinitas variantes a lo largo de los últimos cuatro años, sacándolos en los momentos más oportunos para desalentar cualquier inversión al respecto.
Cuatro años de amenazas regulatorias que han intentado matar por inanición un sector que de por sí hubiera despegado sin necesidad de ayudas ni subvenciones: el autoconsumo eléctrico.
Cabe sospechar que este Real Decreto, que ha movido 40.000 alegaciones ciudadanas en su contra, varios días de Trending Topic en las redes sociales y posiblemente una de las viñetas humorísticas más inspiradoras de los últimos tiempos de la energía, haya nacido de usar y tirar.
Con esta normativa (la más restrictiva del mundo sobre autoconsumo), el Gobierno parece más interesado en retrasar lo imparable que en regular de forma razonable el sector. De ser así, por lo menos debería exigir a todas las fuentes energéticas lo mismo que ahora se exige al autoconsumo. Pero el objetivo es impedir unos meses más la participación de la ciudadanía en la generación descentralizada de la energía, por lo menos hasta después de las próximas elecciones generales, cuando todos los partidos que no son el PP se han comprometido a derogarlo.
En los últimos cuatro años muchos son los hechos que han precipitado los acontecimientos en el sector eléctrico español: la energía fotovoltaica ha visto como su precio ha sufrido una caída tan rápida que es sólo comparable a la de la revolución TIC por lo que ya no es un lujo para pocos; al mismo tiempo la factura eléctrica de los hogares ha subido un 10% aunque el precio mayorista de la electricidad haya bajado casi un 40% gracias a la participación de cada vez más energías renovables a coste casi cero. La demanda de electricidad ha bajado, quedando parada un 30% de la potencia instalada. Si hacemos caso a las Directivas Europeas de Eficiencia Energética, el descenso de la demanda eléctrica es ya un fenómeno estructural aunque pueda sufrir algún repunte coyuntural. Todo esto ha puesto en serio peligro los ingresos de las compañías eléctricas.
La solución del Gobierno ha sido cargar la reducción de ingresos de las eléctricas a los consumidores a través de la subida de peajes, al mismo tiempo que protege su cuota de mercado limitando la libre competencia y expulsando las energías renovables e inclusive el ahorro energético (duplicando el término fijo de la factura eléctrica). La idea de fondo del Gobierno es que estamos ante un problema de recaudación pero se equivoca: estamos ante un problema de modelo energético.
Ni el desprecio con el que niega al consumidor acceder de pleno derecho al sector energético, ni elevar a rango de ley (Ley 24/2013 del Sector Eléctrico) que los costes del sistema son inmutables e intocables hará que se alcance la sostenibilidad del sistema. Son excusas para retrasar lo inevitable y posiblemente resulte que no sólo el Real Decreto de Autoconsumo sino toda la política energética de los últimos años acabe siendo de usar y tirar.
La solución del Gobierno ha sido cargar la reducción de ingresos de las eléctricas a los consumidores a través de la subida de peajes, al mismo tiempo que protege su cuota de mercado limitando la libre competencia y expulsando las energías renovables e inclusive el ahorro energético
Ojalá casos tan indignantes como este estimulen un debate amplio, profundo y transparente sobre cómo la ciudadanía quiere alcanzar la sostenibilidad, tal y como ha ocurrido en Francia o en Alemania. Y que de ese debate surja una hoja de ruta para fraguar una España 100% renovable, eficiente e inteligente para 2050 en la que el actual desprecio por el consumidor del Gobierno se transforme en un laboratorio de oportunidades para incluir a la ciudadanía en un sector tan estratégico como el de la energía.
