La Directiva de renovables 2009/28/CE terminó su plazo de trasposición en diciembre de 2010 y solo dos días antes de las elecciones de noviembre de 2011 el Gobierno del PSOE aprobó el decreto de instalaciones de pequeña potencia que constituía el primer paso para cumplir de manera parcial con la directiva y al día siguiente de las elecciones, una vez perdidas, sacó el borrador del decreto de autoconsumo que el gobierno del PP ha convertido, casi tres años después, en proyecto de real decreto. Es evidente que tanto el anterior Gobierno como el actual no han tenido ninguna intención de avanzar en la eliminación de barreras a la generación distribuida ni al desarrollo de las renovables y España sigue incumpliendo de manera flagrante y reiterada la directiva europea de renovables.
Tanta espera podía hacer presagiar un buen decreto, pero la lluvia, el viento y el sol que han arreciado durante este 2013 han precipitado los acontecimientos y los ingresos que lleva perdidos el sistema por el continuado descenso de la demanda eléctrica, más la bajada del precio mayorista de la electricidad al entrar tanta energía renovable a coste cero, han puesto en serio peligro el rating de las compañías eléctricas.
La solución arbitrada es cargar la merma de ingresos que dejan de percibir las eléctricas a las espaldas del consumidor y del contribuyente a través de la subida de peajes y de trasladar a los presupuestos del Estado todo lo que permita Bruselas. A la vez, se expulsa del mercado y de la libre competencia a las energías renovables y cualquier forma de ahorro de energía, como es el autoconsumo, para que nadie invada su cuota de mercado. El modelo de las eléctricas se basa en incrementar el consumo e importar más gas. Si hacemos caso a las previsiones de crecimiento, el descenso de la demanda eléctrica es ya un fenómeno estructural y los combustibles fósiles cada vez más caros. Solo la bajada de la demanda de este año y la subida del precio de los hidrocarburos disparará el déficit tarifario un año más. Porque es la crisis la que está arruinando el sistema eléctrico y no las renovables. Y de la misma manera que se hace pagar a la sociedad el rescate de los bancos, ahora se le hace pagar el rescate del sistema eléctrico sin considerar que no estamos ante un problema de recaudación sino de modelo energético.
La justificación del real decreto de autoconsumo es todo un ejemplo de cinismo político y de mala conciencia. Repite el argumento de todos los que no admiten la presencia de las renovables en el sistema eléctrico. La generación distribuida es mejor que la centralizada porque reduce pérdidas y las renovables son más eficientes para el sistema y mejor para los consumidores, pero… Y aquí viene lo que han ocultado durante estos tres años: el autoconsumo tiene que asumir todos los costes por uso de la red, pagos por disponibilidad de tecnologías de respaldo, servicios de ajuste y por verter “gratis” energía a la red. A la vez se le exige visibilidad con retroactividad.
Para esto es mejor que hubieran sacado un real decreto de prohibición del autoconsumo, parecido al de moratoria indefinida para las renovables. Pero el PP insiste en que su intención es promover las renovables y el autoconsumo. Ahí está la mala conciencia y el cinismo que presiden este proyecto de decreto. Pensar que levantando barreras al autoconsumo y al ahorro de energía va a aumentar el consumo de electricidad y el consumo de hidrocarburos es una necedad, la misma que les hace salir a todos los ministros diciendo que la crisis se ha quedado atrás. Este proyecto de decreto es un engaño y una intromisión del Gobierno en el derecho y la libertad de cada consumidor a elegir la fuente energética que quiera. Es una imposición de las eléctricas a sabiendas de que se está incumpliendo con toda la normativa europea sobre la competencia y la eficiencia energética.
Este rechazo al autoconsumo es otra muestra más de una política energética reaccionaria que insiste en el atraso del país y en el rechazo a la innovación energética que supone el avance hacia la generación distribuida para sustituir un modelo vertical y centralizado defendido mediante las barreras que levanta un monopolio que se resiste al cambio. Solo así se puede entender que se imponga la regulación al autoconsumo más restrictiva del mundo. Un Gobierno sensato por lo menos debería exigir a todas las fuentes energéticas lo mismo que ahora se exige al autoconsumo.
Si se exige visibilidad al autoconsumo, también se debe exigir visibilidad y transparencia a los contratos del gas, a los precios de los carburantes, a los costes de la nuclear, a los costes de la gran hidráulica, a los costes del carbón, a los de fuel, a los costes de transición a la competencia, a las subastas de la tarifa de último recurso, a los pagos por capacidad y por restricciones técnicas. Si se exige al autoconsumo que internalice todos los costes de la red, hasta los que no le corresponden, que se exija de la misma manera a todas las fuentes para que internalicen todos sus costes reales, incluyendo los de disponibilidad porque también la nuclear y la hidráulica necesitan respaldo. Si se aplica retroactividad positiva a la central nuclear de Garoña no hay ninguna razón para aplicarla negativamente a las renovables y al autoconsumo. La seguridad jurídica no puede ser una arbitrariedad.
Por qué se rechazan las externalidades positivas de las renovables y el autoconsumo es algo que nunca explicó administración alguna. El impacto que tienen para el futuro de la economía y para la factura de los consumidores es algo de lo que no ha hablado ningún Gobierno; se ha optado por despreciar al consumidor. La discriminación con la que se está tratando al autoconsumo y las renovables infringe los principios de las directivas europeas y los derechos individuales; lo peor es que tampoco así se alcanzará la sostenibilidad del sistema: es un subterfugio.
