Editorial de Las Breves de abril de la Fundación Renovables – La brevedad de la XI legislatura no ha impedido que se hiciera un intenso trabajo parlamentario, del que se pueden sacar importantes conclusiones. Si bien es cierto que no ha habido tiempo efectivo (ni ganas por parte de los partidos políticos, dada la casi certeza de que nadie iba a lograr la investidura) de poder tramitar ninguna nueva ley, se han debatido, no obstante, muchas Proposiciones no de Ley (PNL) que han servido para fijar las posturas de los grupos políticos ante los más variados temas.
Quisiéramos centrar la atención en dos PNL a favor de la continuidad del carbón autóctono en nuestro mix energético que se votaron el pasado mes de abril en el Congreso de los Diputados, pues son de gran interés a la hora de comprobar el grado de coherencia de los planteamientos energéticos de las diferentes fuerzas políticas.
La primera de esas dos PNL es la que presentaron, tras reunirse con el lobby del carbón, encabezado por la patronal Carbunión, los diputados del PSOE de las cuencas carboneras. Ésta, titulada “Proposición no de Ley sobre el Impuesto Especial sobre el Carbón”, se discutió el 21 de abril en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados. Su objetivo era que se aprobase una bonificación al carbón nacional para potenciar su uso en la producción de electricidad. Sin embargo, hay que recordar que las subvenciones al carbón son contrarias a la normativa europea, que obliga a que cesen completamente para 2018. A pesar de ello, la PNL se aprobó con los votos de los diputados de PSOE, Podemos (con la excepción de su diputado de En Comú Podem, que votó en contra), la abstención del PP y de Ciudadanos y los votos en contra del PNV, ERC, DiL y el citado diputado de En Comú Podem.
De nada sirvió que, previamente, la Fundación Renovables, Greenpeace y el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) recordaran a los partidos la ilegalidad de esa medida fiscal, pues esa bonificación, con la que se pretende beneficiar al carbón nacional frente al importado, supondría una ayuda encubierta del Estado. Además, se produciría un claro perjuicio a la competitividad de las energías renovables por lo que esa bonificación iría en contra de los compromisos internacionales, asumidos por el Estado español, de lucha contra el cambio climático. En pura lógica, para ser coherentes, hay que gravar el uso del carbón, sea autóctono o de importación, y no bonificarlo.
Es de destacar, por lo sorprendente del mismo, el voto favorable a esta PNL de la mayoría de diputados de Podemos, que va en contra de lo que este partido había venido planteando en sus programas electorales y otros documentos de propuestas. En concreto, en el muy reciente documento “Un país para la gente. Bases políticas para un Gobierno estable y con garantías “, presentado el 15 de febrero pasado de cara a las negociaciones con el PSOE para la investidura, Podemos proponía el “Fin de las ayudas al carbón doméstico. Cierre paulatino de las centrales de carbón”.
La segunda, presentada por Foro Asturias, en relación con el “futuro del carbón autóctono como factor clave para la soberanía energética española”, se discutió una semana después en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados.
Esta PNL comprende un conjunto de medidas con la finalidad de prolongar sine die la actividad minera y el abastecimiento de carbón autóctono más allá del año 2018 y favorecer el consumo del carbón nacional en las centrales térmicas, incluyendo también beneficios fiscales. Un detallado análisis del contenido de esta PNL, realizado por Greenpeace y el IIDMA, demostraba la inconsistencia de sus planteamientos y la ilegalidad de algunas de las medidas propuestas
La Fundación Renovables, junto a Greenpeace, WWF, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra y el IIDMA hicieron llegar a los diputados de esa Comisión el documento citado y les pidieron que asumiesen que el carbón, principal combustible fósil responsable del cambio climático por su elevado nivel de emisiones de CO2, es una fuente de energía incompatible con un modelo energético sostenible y, en consecuencia, se les pedía que votasen NO a la PNL de Foro Asturias.
En esta ocasión, Podemos votó en contra de las propuestas contenidas en la PNL, junto con ERC, DiL y PNV, pero el voto favorable de PSOE, PP y Ciudadanos y, por supuesto, el del diputado de Foro, hizo que ésta saliera adelante. Así, una inmensa mayoría absoluta de diputados apostó por otorgar al carbón autóctono la consideración de factor clave para la soberanía energética española y garantizarle un futuro que, por mucho que se empeñen, no va a poder tener.
Se puede argumentar, y es cierto, que se trata de simples PNL que no van a ningún lado, que no tendrán efecto alguno, pues la legislatura se ha acabado y no hay Gobierno que pueda asumirlas. En efecto, dadas las circunstancias políticas, estas PNL tendrían que volverse a presentar en la próxima legislatura. Pero, a pesar de sus nulos efectos prácticos, se pueden extraer muchas conclusiones. Da para mucho el análisis de quién tuvo la iniciativa de presentarlas y del contenido de las mismas; de la coherencia de lo que argumentó cada partido durante la votación de sendas PNL con respecto a lo que plasmaron en sus respectivos programas electorales; y finalmente, lo que cada uno votó al final (a veces en sentido contrario de lo que sus portavoces dijeron momentos antes durante la discusión de dichas PNL).
Una conclusión, muy grave, es que a los partidos que votaron a favor les resulta indiferente incumplir la normativa en vigor relativa a las ayudas al carbón pues no dudaron en aprobar que se le diera una bonificación, que sería claramente una ayuda encubierta e ilegal del Estado a este combustible.
Pero quizá aún más importante es la de que todos estos partidos y sus diputados, cuando no votaron en contra de ambas PNL, dieron públicamente muestra de una hipocresía sin límites y de su incoherencia en relación a su supuesto compromiso con respecto a la lucha contra el cambio climático.
El pasado 22 de abril, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, España suscribió el acuerdo climático adoptado en París a finales de 2015, asumiendo así como país el compromiso de sumar esfuerzos para mantener el aumento de la temperatura media del planeta por debajo de 1,5 ºC y reducir a cero las emisiones de CO2 lo antes posible.
Que sepamos, ningún partido político del arco parlamentario ha mostrado públicamente su oposición a que España ratificara este acuerdo. Todo lo contrario. Por lo tanto, se entiende que están a favor del mismo y comprometidos con lo que en él se establece.
Ya lo hemos dicho antes: el carbón es el principal combustible fósil responsable del cambio climático por su elevado nivel de emisiones de CO2. Las emisiones de CO2 crecieron un 5% en 2015 con respecto a 2014 hasta alcanzar los niveles de 1998 (antes del inicio de la crisis económica y del desplome del consumo de energía) debido a la quema de carbón en las centrales térmicas para la producción de electricidad. En 2015 se quemó un 22% más de carbón que en 2014.
¿Queremos seguir por esta senda o cumplir con nuestros compromisos internacionales con respecto a la reducción de emisiones de CO2? ¿Dónde queda el compromiso de Podemos de alcanzar un sistema energético 100% renovable para el 2050? ¿Y el compromiso de PSOE y Ciudadanos, plasmado en su tan proclamado acuerdo de investidura de: “El objetivo último es alcanzar un sistema energético eficiente y sostenible que siente las bases para un sector eléctrico basado en las energías renovables en 2050 y una reducción de emisiones de CO₂ compatible con los compromisos de París”? ¿Y las promesas de Mariano Rajoy en Paris, cuando todavía era Presidente en activo, y del Partido Popular, en la última legislatura, de cumplir el Acuerdo de Paris y aprobar una Ley de Cambio Climático?
¿Cómo van a cumplir estos partidos sus compromisos? ¿Apoyando perpetuar el uso del carbón, da igual que sea importado o nacional, en nuestro sistema eléctrico? Así no vamos a ningún lado, salvo al desastre climático.
Para la Fundación Renovables, en línea con el compromiso internacional sobre cambio climático antes referido, es indispensable, entre otras cosas, que se produzca el abandono absoluto de la minería del carbón, debiendo concretarse urgentemente un plan de cierre progresivo de todas las centrales térmicas de carbón en España antes del 2025. El cierre de la minería debe ir acompañado de planes de “transición justa”, como ha validado la Organización Internacional del Trabajo.
Ante la próxima campaña electoral, no nos cansaremos de exigir a los partidos políticos coherencia ante el desafío del cambio climático y respeto a los compromisos internacionales en esta materia, así como que aúnen esfuerzos para cambiar nuestro actual modelo energético, principal causa del calentamiento global del planeta, y pasar a un sistema eficiente y 100% renovable, libre de combustibles fósiles.
