Artículo publicado en el número 28 de la revista Claridad.
Ya nadie puede dudar que el Cambio Climático (CC) está con nosotros a tenor del incremento medio de la temperatura de la Tierra que se acerca ya a 1°C. El límite que se ha acordado políticamente en la Unión Europea, incluso por el G7, es no superar los 2°C siguiendo los informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC), que incluso plantea que se debería buscar no superar los 1,5°C con respecto a la era preindustrial para limitar los impactos de dicho cambio a niveles soportables para la humanidad.
Estos incrementos son significativos si tenemos en cuenta que una reducción de 4°C significó en su día una glaciación. Todo lo que estos cambios de temperatura que ya sufrimos suponen o podrán suponer en cuanto a variaciones en el nivel del mar, cambio de configuración de nuestras líneas costeras, desaparición de terrenos insulares, cambio en los regímenes de precipitaciones y de corrientes marinas, incrementos en la frecuencia de tormentas, inundaciones, especies invasoras… son largos de enumerar con consecuencias que se miden en términos de hambrunas, grandes migraciones y costes económicos sin obviar que como ya se ha señalado podríamos entrar en procesos no lineales con consecuencias difíciles de prever.
Es curioso y lamentable, que los informes del IPCC en los que se plantean con gran solidez científica los impactos y las causas del CC no han conseguido todavía provocar una respuesta global a nivel de esta gran amenaza.
Se han cumplido ya más de 100 años desde que Arrhenius (Premio Nobel en 1903) predijera con bastante exactitud los incrementos de temperatura que sufriría la Tierra si se duplicaba la concentración de los gases de efecto invernadero y en particular del CO2 en la atmósfera; han pasado más de 23 años desde que en la Cumbre de Río de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas de junio de 1992, se firmara el Convenio Internacional de Cambio Climático; se han celebrado veinte Cumbres de Cambio Climático de Naciones Unidas y, sin embargo, seguimos incrementando nuestras emisiones de gases de efecto invernadero (EGEI) y cada década, de las tres últimas, es más calurosa que la anterior.
De hecho la mayor aspiración como señala un órgano nada sospechoso como es la Agencia Internacional de Energía es conseguir que antes de 2030 alcancemos el techo en las EGEI y empiecen entonces a declinar para así tener alguna opción de no superar los 2°C.
¿A qué se debe esta pobre respuesta de la sociedad ante la realidad y amenaza creciente del CC? ¿Cuáles son los posibles elementos a considerar para revertir la situación y empezar a dar respuestas globales esperanzadoras y en qué medida la próxima Cumbre de París, la vigésimo primera, puede ser un punto de inflexión?
Son pródigos los casos en que la sociedad ha respondido tarde ante amenazas a la salud o ambientales como la destrucción de la capa de ozono, la lluvia ácida, el DDT, los disruptores endocrinos, el amianto…, amenazas que en general como en el caso del amianto estaban suficientemente documentadas como para tomar decisiones drásticas ante el gran riesgo que significaban y que como en este caso pasaron décadas antes de que se prohibiera totalmente su uso e incluso hoy como vemos en la prensa hay casos evidentes de víctimas profesionales del amianto que siguen peleando en los juzgados para ser reconocidas como tales.
La historia ambiental está llena de estos llamados «falsos negativos» casos en que se actuó muy tarde a pesar de haber dispuesto de pruebas suficientes, como es el caso del Cambio Climático. Casos en que no se aplicó el llamado Principio de Precaución que es una regla general de la acción política pública a utilizar en situaciones de riesgos potenciales graves o irreversibles para la salud o el medio ambiente donde se necesita actuar para evitar daños potenciales sin tener pruebas concluyentes y teniendo en cuenta los costes y beneficios posibles de actuar o no actuar.
Seguimos incrementando nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y cada década, de las tres últimas, es más calurosa que la anterior
El Principio de Precaución está recogido en el Tratado de la UE, aunque no reconocido por los Estados
Unidos, con lo que es difícil imaginar cómo se salvará esta asimetría cara al Tratado de Libre Comercio entre las partes que con tanto secretismo se está negociando. Lo curioso es que junto a una pléyade de «falsos negativos» bien documentados en los dos informes de la Agencia Europea de Medio Ambiente «Lecciones tardías de alertas tempranas» no existen prácticamente casos significativos documentados de «falsos positivos» en medio ambiente, o sea casos en que nos hayamos pasado de frenada y se haya actuado de forma innecesaria o desproporcionada para evitar riesgos. Y por supuesto el caso del CC es ya un caso de libro que como tal «falso negativo» está en el informe de la AEMA.
Y también en el caso del CC se repiten esas lecciones tardías que nos resistimos a aprender y muy en particular dos, la número 7 «mantener distancias entre el legislador y las partes interesadas» y la número 9 «evaluar medios alternativos de suministro de servicios». Se puede decir sin ningún riesgo de equivocarse que en el caso del CC no hemos conseguido «mantener las distancias», no se han conseguido actuaciones eficaces para reducir las emisiones debido al enorme peso y sobre
todo influencia y cercanía con el estamento político y los legisladores del sector energético de los combustibles fósiles, de los oligopolios energéticos y eléctricos, verdaderos lobbies que ejercen su situación dominante a nivel español, de la UE y por supuesto global donde se admite un cartel como es la OPEP.
Un sector energético que ha conseguido que las ayudas y subsidios directos o indirectos a los combustibles fósiles, que se supone deberían limitarse, representen todavía en la actualidad más de 550.000 millones de dólares, mientras que las energías de fuentes renovables, a promover, reciben menos de la cuarta parte, según la propia AIE. Estas energías renovables son además denostadas por la ciudadanía en países como España gracias, sobre todo, a la manipulación mediática del oligopolio eléctrico con la anuencia y seguidismo del estamento político que las responsabiliza de los altos costes de la electricidad y del déficit de tarifa.
Debido a esta presión mediática de los grupos interesados en que continuemos con una economía –incluso una sociedad–adicta al petróleo, adicta al carbono (como ya señaló en los años 90 el entonces Presidente Bush con respecto a la sociedad americana) no hemos sido capaces de mostrar a la sociedad que hay «alternativa a los servicios energéticos basados en los combustible fósiles».
Por culpa de esa presión no hemos sido capaces de trasladar a la sociedad algo evidente y es que hay una alternativa al consumo abusivo de los combustibles fósiles disponible ya, viable técnica y económicamente: la eficiencia energética y las renovables. Y podemos afirmarlo desde la experiencia y la realidad.
Efectivamente, hasta ahora no hemos sido capaces de trasladarle a la sociedad que las limitaciones para la mitigación del Cambio Climático, para el necesario cambio drástico del modelo energético hacia uno desenergizado y descarbonizado, no son técnicas ni económicas sino que son solo y simplemente políticas.
Hay algo aún más importante, y que es clave para conseguir una presión social e incluso económica sobre los mandatorios políticos, y es el hecho de que este cambio del modelo energético hacia uno más sostenible (que une la desnuclearización a la descarbonización) es necesario, oportuno y lleno de ventajas, y más todavía para España, aunque no hubiera Cambio Climático. El Cambio Climático solo nos ha cargado de razón para hacer este cambio y hacerlo rápidamente o, como dice Naomi Klein, el Cambio Climático es la narrativa más poderosa para el ineludible cambio del modelo económico y energético o, como publicitaba hace tiempo ya Greenpeace, «de Cambio Climático a Clímax para el Cambio», o, en definitiva afrontar el Cambio Climático como oportunidad para el cambio.
Aunque algo está cambiando y lo está haciendo rápidamente tal y como confirman Laurent Fabius y
Sègolene Royal, ambos ministros del actual Gobierno francés (Exteriores y Medio Ambiente respectivamente) responsables de un potente equipo diplomático y técnico que deberá garantizar que las negociaciones cara y durante la COP 21 de París lleguen a buen fin.
No se han conseguido actuaciones eficaces para reducir las emisiones debido al enorme peso (…) de los oligopolios energéticos y eléctricos
Se está abriendo la posibilidad de darle la vuelta a un planteamiento hasta ahora reactivo (no hacer, no emitir, no usar combustibles fósiles) para pasar otro proactivo (eficiencia energética, mayor recurso a las renovables) además de permitir empoderar energéticamente a la sociedad con el autoconsumo, abre grandes oportunidades económicas para nuevos sectores si se les da predictibilidad y seguridad normativa. Si a esto añadimos que al convencimiento creciente de la población de que los combustible fósiles no solo son los causantes del Cambio Climático sino también de la mala calidad del ambiente urbano, permite en estos momentos planteamientos esperanzadores en general, y particularmente en algunos aspectos, cara a la COP 21 de París de diciembre de 2015.
De entrada, la lógica de las renovables es tan inexorable que a pesar de todas las dificultades se están abriendo camino. En generación eléctrica ya representan en inversión a nivel global más que el resto de las tecnologías y lo que es importante son tan competitivas que en algunos casos como el de la fotovoltaica, a nivel de autoconsumo o de sustitución de la electricidad de la red, se ha calificado como «tecnología asesina» por entidades financieras. Dichas entidades ya no dudan en descontar los activos relacionados con los combustibles fósiles, muchos de los cuales son centrales de generación (más de 100.000 MW en la UE y de 10.000 MW en España) que tienen flujo de caja negativo. Mientras, uno de los Índices Globales del Carbono ha bajado un 70% en tres años y el propio Fondo Monetario Internacional recomendaba recientemente a las empresas energéticas diversificar su negocio y activos ante la necesaria, inexorable y oportuna desenergización y descarbonización de la economía que puede
convertir esos activos ligados al carbono en «activos tóxicos». Basta con recorrer la nueva estructura de lo que se suponen son los pilares del Acuerdo de Acción por el Clima (Climate Action) que se inició en Lima en la COP 20 y que se pretende ultimar en París (aunque sus casi cien páginas sigan estando llenas de paréntesis, anotaciones y condicionados después de las tres reuniones preparatorias de Bonn) para evidenciar este cambio esperanzador.
El nuevo planteamiento, también defendido por el equipo negociador, es romper por un lado el esquema puramente gubernamental, con compromisos de «arriba a abajo», hasta ahora poco eficaces, completándolo con compromisos o acciones de «abajo a arriba» involucrando directamente a los hacedores, empresas, municipios y grupos activos de la sociedad civil. Por otro lado, se pretende aligerar los compromisos de los países, no imponiéndoselos como prefijados ni vinculantes, sino recogiendo los que proponen pero, eso sí, acompañando estos compromisos u obligación asumida de resultados, con compromisos de medios en particular de gobernanza para asegurar, con el empuje y exigencia de la sociedad civil, no solo el cumplimiento de los compromisos adquiridos sino el que estos se vayan volviendo más ambiciosos y coherentes con los objetivos, que de forma universal, se pretende acordar a largo plazo.
El primer pilar de esta nueva estructura es un acuerdo universal para no superar en más de 2°C la temperatura media global lo que en principio no debería suponer ninguna dificultad, e incluso de no superar los 1,5° como propone el IPCC que sería otra historia.
El segundo es formalizar y evaluar los compromisos que proponen los países, los llamados INDC, Intended National Determined Compromises, en términos de reducción de emisiones y acotados en el tiempo, aunque no formen parte del Acuerdo formal, que tampoco tiene mayores dificultades en cuanto a la presentación por los países, la mayoría de los cuales ya lo han hecho (155 países que representan un 90% de las emisiones globales) aunque no sean suficientes para conseguir los objetivos acordados. El tercero es el acceso a recursos financieros y tecnológicos en particular, aunque no solo, para los países menos desarrollados, tanto para adaptación como para la necesaria transición energética y en el que concurre un Fondo pre 2020 acordado en Copenhague en 2009 y que debería ser de 100.000 M$ en 2020 y que progresa lentamente y así como el ya existente Fondo Verde para el Clima, Green Climate Fund (GCF). El bajo «aprovisionamiento» de estos fondos hasta el momento es una limitación importante para conseguir la aceptación por los países menos desarrollados de la universalización de los compromisos por lo que se esperan compromisos importantes de los países
desarrollados en París.
Finalmente, el cuarto, y por ahora muy prometedor e innovador es la llamada Agenda para la Acción que recogería compromisos de autoridades locales (pacto de los Alcaldes…, «ciudades emisiones cero»), de grandes empresas o plataformas empresariales como el World Busines Council for Sustainable Development (WBCSD) (las empresas podrían aportar hasta dos tercios de las necesarias reducciones de emisiones) o de la sociedad civil. En este contexto hay que destacar el gran cambio que han realizado en este último año grandes Fondos, como el Fondo Soberano Noruego que no invierte en el sector de los combustibles fósiles, o los bancos de negocios que como Barclays ya han rebajado, en algunos casos, la calificación de los créditos para la industria de generación eléctrica convencional.
Lo importante ahora es que se pretende instrumentar estos posibles compromisos con un nuevo sistema de gobernanza, de exigencia, seguimiento y revisión de los compromisos en particular en materia de emisiones de los países, mediante una evaluación periódica de los mismos, que se propone sea cada cinco años, y contrastar la situación no solo con el objetivo de no superar los 2°C sino, también, con un compromiso global de reducción de las emisiones globales a largo plazo, en 2050. Ambos puntos son clave para que la COP 21 sea un paso adelante en la mitigación del Cambio Climático a la vista del informe de evaluación de los compromisos (INDC) de los países que los han presentado y publicado el 30 de octubre por Naciones Unidas y realizado por la llamada Plataforma Durban. Según este informe las acciones propuestas, normalmente referidas a los horizontes 2025/2030 (en el caso de la UE 2030, con objetivos de reducción de emisiones del 40% sobre 1990 y del 27% en participación de renovables y mejora de eficiencia energética sobre 2005), si no se potencian conseguirían simplemente una reducción de las emisiones medias globales per cápita en 2030 aunque no se alcanzaría el techo de emisiones en dicha fecha y las previsiones nos situarían en incrementos entre 2,7 y 3°C en 2100.
Según Laurent Fabius la buena noticia es que, aun considerando que estos compromisos ya no se revisaran en París, si se consigue un mecanismo de evaluación periódica de estas contribuciones nacionales, que es un proceso innovador en la ya larga historia de las negociaciones del CC, se tendría una buena base para el éxito. Todo hace pensar que está en lo cierto ya que con este mecanismo de rendimiento de cuentas y de contraste de los progresos de los países con respecto a los objetivos a largo plazo asumidos se conseguiría posiblemente alejar a legislador, a los Gobiernos de las partes interesadas. Alejarles en este caso de los oligopolios energéticos y eléctricos y como dice la propia evaluación conseguir la necesaria reorientación y reforzamiento de los compromisos para arrumbarlos a los objetivos de 2100 y, si es posible, a unos objetivos más precisos en materia de emisiones en el horizonte 2050.
La lógica de las renovables es tan inexorable que a pesar de todas las dificultades se están abriendo camino
El segundo gran desafío es por tanto conseguir que junto con un proceso transparente de revisión cada cinco años de los compromisos (INDC) de los países, se disponga de un objetivo de reducción de emisiones para 2050, objetivo que los científicos han evaluado que debería estar entre 40 y 70% con respecto a 1990 y que según ámbitos políticos podría estar en el 60%. Siendo conscientes de la gran resistencia de países como EEUU a admitir tanto el proceso de revisión, como un objetivo de reducción para 2050, y sabedores del peso que este proceso tendría para exigir compromisos más ambiciosos que los ahora presentados por EEUU, es por lo que son relevantes a la luz de su falta de compromisos concretos hasta la fecha. Lo importante es que parece reconocido el proceso que debería acordarse y ponerse en marcha para una optimización progresiva de los compromisos de los países, con un mecanismo de revisión y con un objetivo consolidado global a largo plazo, que aunque no generalmente admitido permitiría eludir el gran escollo existente hasta ahora de los objetivos por país y vinculantes.
Este proceso podría funcionar a tenor de otro elemento que también se ha evidenciado en la revisión por Naciones Unidas de los compromisos de los países y es que ya hay países incluso en desarrollo que consideran el tema de la obligada gestión de las emisiones como una oportunidad para una transición hacia un nuevo modelo energético y de desarrollo (a semejanza de países europeos como Alemania, Dinamarca e incluso Francia inmersos en procesos bastante ambiciosos de transición energética y de necesario cambio del modelo productivo) como es el caso de Cabo Verde, Samoa, Papúa, Nueva Guinea, etcétera, que se plantean el objetivo de 100% Renovables en 2030.
Curiosamente, la propia AIE ha propuesto como objetivo para alcanzar el techo en las emisiones antes de 2030 simplemente el que las inversiones globales anuales en renovables pasen de los 270.000 M$ actuales a 400.000 M$ en 2030 como claro ejemplo de abordar la mitigación del CC como resultado simplemente de una nueva política energética. Ya la Comisión Europea planteó hace tres años la revisión al alza del objetivo de reducción de emisiones en la UE para 2020 del 20% hasta un 30 basándose simplemente en su viabilidad y su carácter de dinamizador de la innovación, habiéndose ya demostrado que el compromiso de la UE en el Protocolo de Kioto del 8% de reducción de emisiones en 2008/2012 había dado a la UE una ventaja competitiva sobre los EEUU, que no tenían ningúncompromiso, hecho reconocido por un semanario como The Economist ya en 2006. Que el 20% no era suficiente lo demuestra el hecho de que ya estamos en casi un 24% según la AEMA.
Esto ilustra que estamos superando la segunda barrera que según la tesis de este artículo impedía el progreso en la mitigación del CC aprendiendo de las «Lecciones Tardías» de la AEMA para casos similares, el de la oportunidad que puede representar un escenario alternativo en este caso de descarbonización de la economía, un escenario basado en la eficiencia energética y especialmente, como cambio tecnológico radical en las renovables, y cuya simple puesta en valor abre el camino a un proceso proactivo y atractivo.
Es posible que estemos ante un cambio importante en la estrategia para mitigación del Cambio Climático
Así que es posible que estemos ante un cambio importante en la estrategia para mitigación del Cambio Climático y es que la COP 21 se transforme en una Cumbre que simplemente cree el marco, el terreno y reglas de juego para que los distintos países puedan optar por un escenario inexorable y deseable que es el de la sostenibilidad energética una vez liberado el proceso de la presión de los intereses especuladores y cortoplacistas de los oligopolios eléctrico y energético y asegurando que dicha opción de sostenibilidad energética, basada en la eficiencia energética y las renovables se presenta como ventajosa a todas luces. Con ello obtendríamos el doble dividendo de un progreso con futuro y la mitigación del Cambio Climático.
Ante este proceso más esperanzador a nivel global cara a la Cumbre de París cobra especial relevancia la necesidad de redefinir la estrategia española en materia de energía y Cambio Climático o mejor dicho la necesidad de disponer de una, ya que la actual es inexistente por desnortada y desgobernada, sin objetivos a medio y largo plazo que no sean los comunitarios que además se consideran como gravosos para un modelo de desarrollo que corre el riesgo de repetir las pautas del modelo basado en la construcción y el consumo que nos llevó a una crisis agravada y olvidando una lección que debimos tener aprendida, que no basta con más PIB y empleo, que como el colesterol hay PIB y empleo del bueno y del malo, y que hay que crecer en lo bueno y ser austeros en lo malo.
España, como plantea la Fundación Renovables en su propuesta cara a las elecciones del 20 de diciembre, requiere un nuevo modelo energético como vector de cambio para una nueva economía y sociedad, además de ser la respuesta al CC, partiendo de los enormes potenciales que nuestro país tiene en materia de renovables tanto por la capacidad del sector como por el potencial en materia de renovables y sin olvidar su aportación a la creación de empleo de calidad. El Gobierno de España, más que quejarse (como hace UNESA) de los objetivos 2030 de la UE, se debería poner en cabeza de los países que piden su revisión al alza y en cualquier caso debería plantearse desde ya objetivos mucho más ambiciosos para 2030, del 55%, en materia de emisiones (EGEI) en lugar del 40% de la UE, del 45% en materia de participación de las renovables en la energía final y 45% de eficiencia energética en lugar del 27% comunitario. Y todo simplemente porque este escenario es ventajoso para España en todos los sentidos. Esta nueva política energética descarbonizada, desenergizada y sostenible debería ser una «política de corte» para las elecciones del 20 de diciembre, de tal forma que ningún partido político que no se comprometa con ella no tenga opciones de gobernar.
