Carta abierta al Presidente del Gobierno: 21 razones para denunciar un genocidio económico

18 de febrero, 2014

Señor Presidente del Gobierno:

Como propietario de una instalación para producción de electricidad mediante tecnología fotovoltaica puesta en marcha el año 2008, deseo dirigirme a usted para hacerle unas constataciones que reflejan mi posición y estado de ánimo (y creo que también el de otros miles de pequeños inversores) ante la persecución económica y moral que este Gobierno ha emprendido contra los productores de energías renovables. Concretamente deseo transmitirle lo siguiente:

  1. Yo realicé una inversión en España bajo un marco legal, el RD 661/2007, que ahora se transforma para recortarme drásticamente la retribución de manera retroactiva. Esto es inmoral, antiético, inconstitucional y contrario al derecho europeo.
  2. Soy consciente que estos cambios buscan solamente favorecer los intereses de las empresas de UNESA en detrimento del interés del país, sus ciudadanos, empresas e instituciones.
  3. Es evidente que la motivación “oficial” de la nueva regulación de luchar contra el déficit tarifario y hacer sostenible el sistema es ficticia, ya que el déficit tarifario es realmente regulatorio y no se sostiene ante una auditoría de costes mínimamente seria como la que miles de ciudadanos vamos a impulsar y apoyar.
  4. Es discriminatorio que se me quiera imponer una “rentabilidad razonable” del 7,39% mientras la producción hidráulica y nuclear se mueve en rentabilidades entre el 300 y el 800%. A veces, incluso más.
  5. Cuando realicé mi inversión, el Estado fijó un marco retributivo en el BOE basándose en unos costes conocidos para alcanzar una rentabilidad razonable. ¿Cómo es posible que sin variar esos costes la rentabilidad razonable varíe y sea distinta en 2014 que en 2007?
  6. El propio concepto de rentabilidad razonable es arbitrario y antijurídico. En este momento es la que le parece al Sr. Alberto Nadal de turno. ¿Y en el futuro?
  7. La nueva regulación asegura unos beneficios inamovibles para las empresas de UNESA mientras hace que mi empresa entre en pérdidas. Esto es discriminatorio, ¿no le parece?
  8. A mí se me vulneran unos derechos consagrados en el BOE mientras que a las empresas de UNESA y a otras se les conservan y aumentan unos privilegios que el legislador les otorga discrecionalmente: sobreretribuciones, CTCs, interrumpibilidad, pagos por capacidad…, que suman cada año miles de millones de euros. Esto es injusto y arbitrario.
  9. El Gobierno en ningún momento ha contado con mi opinión ni la de ninguna asociación del sector antes de cometer este genocidio económico.
  10. La propuesta retributiva es discriminatoria por tamaño de instalación, por tecnología…, pero todos los productores de fotovoltaica somos masacrados económicamente y moralmente.
  11. El Gobierno puede modificar la legislación pero no perjudicarme retroactivamente. Pediré compensaciones hasta las últimas consecuencias.
  12. Este saqueo a los inversores sitúa a nuestro país como líder en arbitrajes internacionales y recursos de inversores estafados. Es muy grave que el Estado cometa una estafa tan burda.
  13. Voy a recurrir reclamando mis derechos hasta el final, hasta llegar al TJUE, instancia que tanto el Gobierno como la CNMC saben que me dará la razón, ya que el derecho europeo no permite esta legislación dañina retroactiva (casos Plantanol, y sobre todo IBV).
  14. Como inversor y ciudadano me apena la sumisión de la CNMC al Gobierno avalando este saqueo a los inversores, que daña la imagen y la economía de mi país. Y me apenan las sentencias políticas del Tribunal Supremo sobre este tema. La no separación de poderes y la consagración de la inseguridad jurídica como patrimonio nacional es el peor daño que se le podía hacer al país.
  15. La actuación de la CNMC, el Consejo de Estado, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional en este tema serán objeto de estudio en las escuelas de derecho en el futuro como ejemplo de lo que no debe hacerse si se quiere que un país sea un buen lugar donde invertir y vivir.
  16. Pido a la CNMC que actúe en justicia y se pronuncie contra cualquier actuación retroactiva que afecte a la energía solar fotovoltaica.
  17. Pido el regreso al marco jurídico bajo el cual realicé mi inversión. Hace cuatro años que mi familia malvive bajo la inseguridad jurídica sin poder hacer previsión de ningún tipo. Somos 55.000 familias las que estamos así y el PP se va a sorprender de la pérdida de votos que esto le va suponer. Somos muchas familias y muy cabreadas. Mi hijo de cinco años me pregunta que hicimos mal para que el Estado nos persiga. ¿Qué le respondo? Está en sus manos.
  18. Estoy asociado a Anpier y tienen todo mi apoyo para dar a conocer por todo el mundo la realidad de la estafa de estado que se está cometiendo en España. Y para luchar contra ella.
  19. En España se impulsaron las energías renovables cuando eran “caras” y se repudian ahora que son baratas. ¿Le parece una buena política energética? A mí no.
  20. Si en aras de la sostenibilidad del sistema eléctrico el Estado puede incumplir sus compromisos con los inversores en renovables, no veo por qué no puede incumplir también con los tenedores de deuda pública española. Con los miles de millones de euros saqueados (digo “ahorrados”) estoy seguro que las finanzas del Estado serían mucho más sostenibles. Si tiene dudas, pregúnteles a Nadal y Soria como hacerlo.
  21. Espero que llegue el día en que mi país tenga separación de poderes, reguladores independientes, jueces justos y gobernantes cuyo objetivo sea el bien común de sus habitantes.

En Lleida, a 12 de febrero de 2014.

Ramón Salvia Sangrà, pequeño inversor fotovoltaico estafado por el Estado.

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Este artículo tiene 2 Comentarios

  1. Sin dejar de hacer estas manifestaciones que comparto con Ramón, creo que deberíamos esperar a todos los políticos, de todos los colores que han servido a los intereses de cinco empresas en lugar de al conjunto de los españoles en las urnas y devolverles el favor de colocarnos en esta situación.

  2. Y a ello hay que sumar el caso de muchos productores que, según
    Industria, no han cumplido con sus exigencias, y se les quitan las
    primas y se les hace devolver todo lo “indebidamente” cobrado. La mayor
    parte de ellos, productores que compraron plantas llave en mano a
    empresas que, debido a la política del Gobierno, han tenido que cerrar.
    Dichas empresas ya no existen, y cuando el Ministerio pide los
    albaranes… de hace 6 años, pues, claro, nadie los tiene. Como
    consecuencia, retirada de las primas, fuera del sistema y a devolver
    todo lo cobrado. Hay casos verdaderamente sangrantes, familias que están
    en la ruina total gracias a nuestro querido Gobierno.

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