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Comparecencia de la Fundación Renovables en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico para la LCCyTE

Comparecencia De La Fundación Renovables En La Comisión De Transición Ecológica Y Reto Demográfico Para La LCCyTE
12 septiembre, 2020

Hoy jueves 10 de septiembre de 2020, la Fundación Renovables ha tenido la oportunidad de participar y presentar sus iniciativas en la Comisión de Transición Ecológica y Reto demográfico en el Congreso de los Diputados (para las enmiendas a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética) a través de su presidente, Fernando Ferrando.

A lo largo de todos estos años venimos realizando diferentes informes y propuestas de política energética, el último de ellos se presentará el próximo 1 de octubre y está actualmente en fase de recepción de comentarios al documento final por parte del Patronato de la Fundación y es un análisis pormenorizado del Proyecto de Ley de CC y TE del que les adelantamos una pequeña presentación.

Para la Fundacion Renovables la Ley de Cambio Climático y Transición Energética debe ser el paraguas y la base sólida sobre la que se construya un desarrollo económico y social sostenible, inclusivo, equitativo y con justicia intergeneracional. Esta Ley no puede ser entendida como una consecuencia de las normas y de los posicionamientos aprobados por el poder ejecutivo, sino más bien al contrario, debe ser la que marque el camino y dé estabilidad temporal a largo plazo.

Desde la Fundación entendemos que el alcance de la Ley y su aprobación debe ser la consecuencia de un Pacto de Estado que cuente con la mayor representación de fuerzas políticas, el cual venimos reclamando desde hace varios años.  En esta Ley se debe definir qué presente y qué futuro queremos tener y, obviamente, debe ser garante no solo de la estabilidad jurídica que no hemos tenido en el pasado, sino, también, de la estabilidad de acción y de unas políticas energéticas centradas en la eficiencia, en las energías renovables y en la sostenibilidad en su sentido más amplio.

El estar discutiendo en estos momentos el contenido de la Ley de Cambio Climático es una señal clara de la indolencia que hemos tenido con respecto a las urgencias y a la emergencia climática en la que estamos inmersos y teniendo en cuenta que este Parlamento aprobó la necesidad de declaración e instó al Gobierno a llevarla a cabo el pasado 27 de septiembre de 2019. Sin ir más lejos, hoy hemos conocido, según un último informe de la ONU, como en este 2020, a pesar de las medidas de confinamiento, las emisiones diarias de CO2 están ya a niveles de 2019, siendo un reflejo del esfuerzo y el reto que seguimos teniendo por delante.

Del esfuerzo normativo llevado a cabo tanto por la Comisión Europea como por el Parlamento Europeo hemos dispuesto de suficientes directrices y guías técnicas para que el desarrollo de esta Ley tuviera un mayor nivel de exigencia tanto a nivel temporal como de alcance. Al intento de desarrollo iniciado el 22 de junio de 2018 por el Grupo Parlamentario Popular, una vez que ya no estaban en el gobierno, le siguió la iniciativa presentada el 19 de julio por el grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y la propuesta de anteproyecto del Gobierno presentada en noviembre de 2018.

Podríamos estar satisfechos si este esfuerzo hubiese devenido en disponer de un anteproyecto de amplio calado en todos los sectores incluidos en su articulado,  fruto de conversaciones políticas entre diferentes grupos, pero Señorías el actual Proyecto es un paso atrás, incluso con relación a lo ya aprobado por el Gobierno.

El Clean Energy for All, conocido como “Paquete de Invierno” (Directiva de Renovables, Directiva de Eficiencia Energética y Reglamento de Gobernanza), de la Comisión Europea establece unos objetivos para 2030 que suponen un 40% de reducción de emisiones con respecto a 1990 (vinculante). Precisamente la Comisión Europea se ha reunido hoy mismo para ampliarlo a través de la Ley del Clima europea hasta el 50/55%, incluso las ONGs reclaman un 65%;  un 32% de renovables en la demanda final (vinculante), un 26% de la reducción del consumo de energía primaria o un 20% de la energía final y, como mínimo, un 32,5% de mejora en la eficiencia energética (no vinculantes). La reunión de hoy es un claro ejemplo de la necesidad de aumentar la ambición de manera urgente.

La Comisión Europea presentó, el 11 de diciembre de 2019 y con motivo de la celebración en Madrid de la COP25, un Green New Deal, un nuevo Pacto Verde Europeo, para alcanzar la neutralidad climática y reactivar la economía desde una perspectiva que relegue los combustibles fósiles y que apueste por el progreso desde la acción y la creación de valor y no desde las políticas de austeridad socioeconómicas.

Desde la Fundación Renovables consideramos que los objetivos contenidos en el PLCCyTE no son suficientemente exigentes ni ambiciosos tanto por el déficit histórico que llevamos con respecto a los compromisos adquiridos, lo que supone aceptar que hemos perdido ya una década al asumir como objetivo para 2030 el que la UE tiene para 2020, como por no aprovechar el cambio tecnológico disponible.

El objetivo de reducción del nivel emisiones de GEI del 23% para 2030 respecto a 1990, planteado en la última versión del PNIEC, siendo ya insuficiente e incoherente a largo plazo con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050, se ve reducido a un 20%. De manera similar, los objetivos planteados en el PNIEC del 42% de penetración de energías renovables respecto al consumo de energía final desciende incomprensiblemente a un 35% y el 74% de generación eléctrica con renovables al 70%.

No considerar lo establecido y marcado por el PNIEC es difícilmente comprensible, no solo por la devaluación explicita del propio Plan como documento marco a seguir de cara a 2030, si es que consideramos que la ley manda, sino porque abre dudas con respecto al mantenimiento de posición a nivel nacional. Consideramos que es necesaria una revisión urgente de los objetivos de reducción de emisiones, incrementándolos para 2030 y estableciendo un 100% para 2050 y, obviamente, obrar en consecuencia para conseguirlos. Creemos que es posible alcanzar un 50% de penetración de renovables en el consumo final de energía y un 80% de penetración de las renovables en el sistema eléctrico para 2030, llegando al 100% de ambos objetivos en 2050.  Incluso vemos posible y factible, por el ritmo y la tendencia actual,  llegar al 100% de penetración de renovables en el sistema eléctrico en 2040.

Somos el país europeo con mayor dependencia energética externa, incluso el PNIEC prevé que nuestra dependencia energética sea del 61% en 2030, considerando la nuclear como fuente no importada, no disponemos de ningún combustible fósil que sea rentable explotar ni explorar económica y medioambientalmente, y, en cambio, tenemos un gran potencial de recursos renovables y una estructura geográfica y demográfica con disponibilidad de terreno para una apuesta decidida por las energías renovables, con la creación y dinamización de la actividad económica y del empleo con carácter distribuido que conlleva. Esto nos permitiría no solo reducir las emisiones de GEI, sino ser líderes europeos a nivel de renovables por nuestro gran potencial, mayor que el de nuestros vecinos.

Sin duda, hay que reconocer el esfuerzo que el Gobierno actual ha llevado a cabo a pesar de las adversidades, sobre todo en el primer semestre de 2020, con la elaboración de planes y normas, algunas todavía en proceso de aprobación, entre las que podríamos destacar:

  • El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021/2030.- PNIEC
  • El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. – PNACC
  • La Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050.
  • El RDL 23/2020, con el que se perdió la oportunidad de acometer los cambios profundos que  necesita en materia energética este país y como muestra la mínima actuación en la modificación de la Ley del Sector eléctrico o la exigua apertura de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) para aumentar la capacidad de gestión y de gasto de los municipios o  permitir usar el saldo positivo de 2019 solo para la adquisición de vehículos eléctricos y que hoy hemos vivido un episodio mas de la no apuesta por las administraciones locales.
  • Los Reales Decretos de subastas y de acceso y conexión, en proceso de aprobación, el Plan Estratégico del Hidrogeno 2050, la apertura a consulta pública de la futura Estrategia de Autoconsumo, la Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España – ERESEE 2030, ….

Este esfuerzo planificador y normativo que el Gobierno está llevando a cabo nunca puede representar la minusvaloración de lo que la LCCyTE representa y del alcance de esta. Mal vamos si el Parlamento que debe legislar, controlar el cumplimiento de acuerdos y marcar el ritmo y el nivel de exigencia, va por detrás de lo ya dispuesto.

En la siguiente tabla se pueden analizar los objetivos de los diferentes intentos y la poca relevancia que se le ha dado a esta Ley a lo largo de los años.

Alcance del PLCCyTE

El proyecto de Ley no es exigente ni ambicioso y no asume su papel de referencia y compromiso con respecto al presente y futuro y no lo es en la consideración de los objetivos fijados ya que ni son acordes ni consecuentes con el retraso histórico en materia de emisiones y de apuesta por la no dependencia y por las energías renovables ni en el alcance y desarrollo del marco legislativo que debe conllevar. Señorías les recuerdo que España es el único país en el que su Parlamento convalidó una moratoria renovable con el RDL 1/2012.

Desde la Fundación Renovables consideramos que el PLCCyTE debería considerar su desarrollo incluyendo como contenidos al menos 18 grades bloques interrelacionados y obviamente no independientes. Hemos analizado el contenido del proyecto de Ley bajo este prisma para ver su alcance en cada uno de ellos y el resultado no es bueno ni por las ausencias, ni por el trato no homogéneo de contenidos ni por el alcance que se les ha dado a muchos de ellos. Los epígrafes sobre los que hemos trabajado son:

  1. Reducción de emisiones
  2. Energías renovables
  3. Electrificación de la demanda
  4. Generación distribuida y autoconsumo
  5. Combustibles fósiles
  6. Eficiencia y rehabilitación energética
  7. Gestión y agregados de demanda
  8. Movilidad sostenible y transporte
  9. Adaptación al cambio climático
  10. Ciudades
  11. Desarrollo rural
  12. Desarrollo industrial
  13. Turismo sostenible
  14. Transición justa
  15. Educación, innovación e investigación
  16. Financiación y política fiscal
  17. Gobernanza y participación pública
  18. Organización y desarrollo de la Ley

No es cuestión, en esta breve comparecencia, que será complementada con el envío del informe la próxima semana con el análisis completo, entrar uno a uno en los distintos apartados seleccionados, pero sí es relevante introducir algunos elementos que son preocupantes con respecto al contenido del Proyecto de Ley:

  • El contenido y su desarrollo en lo que respecta a la apuesta por las energías renovables es difícilmente comprensible debido a su laxitud en unos puntos y su profundidad en otros, cuando el nivel de desarrollo se centra específicamente en la regulación de la reversibilidad e hibridación de centrales hidroeléctricas, más pensada en el mantenimiento de la apuesta por el negocio concesional con el objetivo de  rentabilizar una inversión que en la gestión de un recurso natural, en el desarrollo de los gases renovables que pueden acabar siendo el señuelo de la transición y de los Fondos Europeos para la Reconstrucción para el mantenimiento del gas natural, o en la expansión de la ya sobredimensionada infraestructura de transporte y distribución.Debería enfocarse más en la generación de un mercado competitivido entorno al hidrogeno verde como eje descarbonizador de los consumidores electrointensivos. Es sorprendente la gran relevancia que se le da a algo meramente testimonial y colateral dentro de una norma básica, con rango de Ley, y que está llamada a ser el paraguas que sirva para cambiar el actual modelo energético, dejando de lado y no mencionando en el articulado al resto de las energías renovables. Sobre todo, cuando ya hay energías maduras tecnológicamente con un mercado y una industria competitiva, como son la fotovoltaica y la eólica.
  • La nula apuesta por la electrificación de la demanda, en línea con el PNIEC y la Estrategia de Descarbonización 2050. Esta inexistente apuesta conlleva la ausencia de referencia a la necesidad de considerar como objetivo el consumo responsable, el comportamiento activo del consumidor frente al sistema eléctrico implantado que huye del “pago por uso” y de la consideración de la energía como un bien de primera necesidad y que implica la ausencia de referencia al autoconsumo.

Los niveles de electrificación establecidos en el PNIEC para 2030, 27% frente a un origen del 24%, invalidan la consecución de objetivos energéticos y son referencia del exiguo objetivo de reducción de emisiones. El PLCCyTE debe apostar explícitamente por el consumo responsable como obligación y por la puesta en marcha de iniciativas regulatorias para que el consumidor tenga los derechos que la Directiva de Renovables adelantaba hace años: comprar, vender, generar y almacenar energía eléctrica. Todo ello nos lleva a pensar que, desgraciadamente, seguimos apostando por los procesos de combustión con el correspondiente incremento de emisiones de GEI, poniendo en riesgo la consecución de los objetivos.

  • La falta de una apuesta por el desarrollo urbano y la actuación en ciudades, a pesar de que la estructura demográfica y de ordenación territorial señala que España es un país eminentemente urbano (+ del 80% de la población vive en ciudades de más de 10.000 habitantes) y despoblado en gran parte de su territorio (el 16% de la población vive en el 53% del territorio, 10% si no se cuentan las capitales de provincia). Las propuestas de actuación urbanas se circunscriben principalmente a temas de movilidad y en municipios de más de 50.000 habitantes (148 municipios de los 8.131 existentes en España, que incluyen el 68% de la población, condenando al ostracismo al 32% restante o al 98,2% de los municipios).

La gran lucha contra el cambio climático y la calidad del aire debe llevarse a cabo en el ámbito urbano, situación no asumida por el Proyecto de Ley. Temas como el urbanismo inclusivo, la transformación de la ciudad, la recuperación del espacio público, la autosufiencia energética de los edificios, la electrificación y la consiguiente erradicación del consumo de combustibles, el turismo sostenible, la actuación en barrios, el desarrollo de polígonos industriales,…. deben tener especial desarrollo en la Ley. En este sentido, los objetivos de rehabilitación energética adolecen de un compromiso temporal y de una ejecución que esté en línea con la recuperación económica que tenemos por delante. La ERESEE, como iniciativa delegada, no plantea, al no incluir plazos, la trasposición completa de la nueva Directiva Europea 2018/844 de edificios ni incluye las Recomendaciones (UE) 2016/1318 sobre los edificios de consumo de energía casi nulo ni la Recomendación (UE) 2019/786 sobre rehabilitación, además de carecer de apoyos financieros para promover un mercado de rehabilitación. Lo que tenemos claro,  como evidenciamos en nuestros documentos y propuestas, es que la actuación en ciudades no debe reducirse solo a la obligación de zonas de bajas emisiones para municipios de más de 50.000 habitantes.

  • Si analizamos los contenidos relativos al entorno rural, hay que destacar las ausencias no solo de que las energías renovables sean fuente de creación de valor y no detraigan superficie agraria útil, sino del necesario control y de la voluntad para establecer pautas de regulación de la gestión de los residuos de la ganadería y de la agricultura y la necesidad de poner límites a la ganadería intensiva. Es más, se reconoce el valor de la capacidad de generar gases renovables sin entrar a analizar sus consecuencias.
  • Quizás el punto más llamativo es la total ausencia y el no reconocimiento de la Política Fiscal como instrumento principal, al margen de su efecto recaudatorio, para incentivar y desincentivar, en función del gravamen, comportamientos e iniciativas. Esta debe ser una herramienta básica a disposición de las administraciones para cambiar los modelos y los comportamientos hacia un uso responsable de la energía.
  • Necesitamos el compromiso de la Ley para reforzar y recuperar nuestras capacidades industriales y tecnológicas y actualizar su oferta en función de cómo ha ido evolucionando el mercado en los últimos 8 años, desde el establecimiento de la moratoria renovable de 2012.
  • Una Ley como esta debe tener un amplio desarrollo y fomento de la gobernanza y esta no puede basarse en la delegación del contenido establecido en el PNIEC, sino que su desarrollo debe estar anclado en la Ley como un ejercicio básico de cultura democrática desde esta casa que es la de todos.

La importancia de una Ley que pretenda ser el catalizador e impulsor del cambio hacia una nueva realidad económica y social, obligada tanto por las crisis que hemos y estamos padeciendo, como por la revolución tecnológica en materia energética ya disponible, viene definida por el alcance que las disposiciones de la Ley debe incluir para adaptar y derogar la legislación existente y que no es válida para acometer ni la exigencia de la Emergencia Climática ni la de la transición energética. La apuesta por el cambio normativo es de bajo calado. Tenemos claro que necesitamos la modificación profunda de muchas leyes que hoy día ya sabemos que no son acordes con los objetivos y las urgencias que tenemos. Debemos acometer modificaciones profundas en fiscalidad, en todo su desarrollo normativo, en el papel de las diferentes administraciones, con especial apuesta por las Administraciones Locales (Ley Orgánica 1/2012 y Ley Reguladora de Bases de Régimen Local), en la regulación del sistema eléctrico, en la apuesta por leyes que no hemos desarrollado como la Ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovaciones Urbanas, 3R, en el desarrollo de nuevas iniciativas que afecten a la calidad del aire desde un punto de vista de la salud, de la gestión de los recursos naturales, de la movilidad sostenible, del desarrollo rural, promulgando una Ley de Silvicultura Sostenible  y una Ley del Agua.

En definitiva,  queremos una Ley de CCyTE que, desde su desarrollo parlamentario, con el más amplio consenso político, entendiendo que el consenso no debe ser la excusa de la rebaja de exigencia, sea el paraguas que establezca qué país y qué sociedad queremos para el día de mañana. Creemos que, al Congreso y a esta Comisión, no se le puede hurtar el disponer de capacidad real de control y de supervisión no solo del desarrollo de la Ley, sino del cumplimiento de sus compromisos.

Nos enfrentamos a las consecuencias económicas y sociales generadas por las decisiones tomadas para combatir la pandemia del Covid-19, pero también nos enfrentamos a las todavía no tomadas para combatir la pandemia de la Emergencia Climática. Negar la necesidad de actuar ya y contundentemente porque sus efectos son lentos es perder la posibilidad de combatirla eficazmente y la oportunidad de apostar por un marco de desarrollo económico basado en los recursos que tenemos que son la eficiencia y las renovables.

En palabras de la ONU, somos la última generación que puede hacer algo para revertir el problema del cambio climático y esta Ley debe ser fiel reflejo de nuestro compromiso intergeneracional. No perdamos esta oportunidad.

Puedes acceder al documento presentado aquí.

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