La actuación del ministro Soria desde su toma de posesión ha estado presidida por la idea de acabar con el llamado déficit tarifario y la deuda acumulada a partir de él. Por ello ha desarrollado una abundante producción de normativa incluyendo dos leyes (una se empezará a tramitar en septiembre), 8 Reales Decreto-Ley y una batería incontable de decretos y órdenes ministeriales.
Una de las consecuencias conocidas de este despliegue legislativo ha sido la paralización de instalaciones de producción con fuentes renovables a principios de 2012 y posteriormente una serie de recortes en las retribuciones que perciben, que amenazan con hacer inviables algunas de las instalaciones ya construidas. No es en modo alguno exagerado hablar de desmantelamiento de un sector industrial sobre el que algunos pensábamos que podía pivotar la recuperación económica. Por ello las quejas de todos los agentes que operan en este sector son continuas y razonables.
Para justificar este desmantelamiento el gobierno ha indicado que pretendía repartir equitativamente las cargas de la crisis entre todos los agentes del sector y evitar una subida desmesurada de los precios de la electricidad.
No es cierto que el reparto de la carga haya sido equilibrado entre los distintos tipos de productores. Así, los que emplean energías renovables han sido mucho más golpeados que el sector eléctrico tradicional que produce con tecnologías convencionales. ¿Es cierto entonces que se ha evitado una subida desmesurada de los precios eléctricos? Y la respuesta es que tampoco.
En el precio que cualquier usuario paga por la electricidad existen dos componentes. El primero de ellos, denominado peajes de acceso, permite pagar las partes del servicio eléctrico que no están liberalizadas. Es decir los costes de transporte y distribución, los incentivos para el uso de energías renovables, las anualidades correspondientes a la deuda eléctrica, el servicio de interrumpibilidad y otras partidas menores. El gobierno determina semestralmente, a través de una orden ministerial, como se reparten los peajes entre los distintos usuarios eléctricos. El segundo componente es el que corresponde a las actividades liberalizadas y con él se pagan los servicios de comercialización y la producción en un mercado mayorista. En lo que sigue llamaremos a este componente “la parte del mercado”.
Dado que las comercializadoras repercuten por entero “la parte del mercado” a sus usuarios, el déficit de un año se produce porque las cantidades recaudadas a través de los peajes no alcanzan a pagar los costes reconocidos. Este déficit viene acumulándose desde que Rato era vicepresidente económico con competencias en energía en el primer gobierno de Aznar, y ha generado una deuda reconocida de más de 26.000 millones de euros. Pagar esta deuda representa un coste de 2.350 M€ en 2013 para todos los usuarios eléctricos a través de los peajes.
Es preciso también resaltar que, aunque se habla mucho de asignación equitativa de costes entre los usuarios y transparencia en la formación de precios, lo cierto es que a través de los peajes, se ha venido produciendo una transferencia de rentas de los usuarios eléctricos domésticos a los grandes consumidores industriales, ya que las sucesivas órdenes de peajes han asignado de manera desigual los costes entre unos y otros. Como consecuencia de la última orden (IET/1491/2013), en vigor desde agosto, los usuarios domésticos pagan una media de 102 €/MWh mientras que el sector servicios y la pequeña industria paga 79,4 €/MWh y el sector industrial gran consumidor sólo 31,2. Entre estas últimas existen además 4 empresas muy consumidoras de electricidad que reciben un complemento de más de 700 M€ en concepto de servicio de interrumpibilidad (supresión del servicio en caso de necesidad), que en realidad no prestan ya que existe una enorme cantidad de potencia de generación ociosa. Se trata por tanto de una descarada ayuda de estado a este sector industrial. No es de extrañar entonces que las tarifas domésticas en nuestro país sean de las más altas de Europa, mientras que el sector industrial se sitúa en valores medios.
Otra característica de la citada orden de peajes es que implica un cambio sustancial en la estructura de pagos. Los usuarios pagarán mucho más por la potencia que tengan contratada de lo que lo hacían hasta ahora, mientras que se reduce la cantidad que depende de la energía consumida. El gobierno indicó que con ello pretendía hacer pagar más a las viviendas vacías. Y es cierto, pero también lo es que se desincentiva el interés de los usuarios por el ahorro. A título de ejemplo, para un usuario doméstico cuyo consumo sea igual a la mitad del consumo medio del país (unos 2000 kWh/año), el cambio de sistema comporta una subida del 10%. Para quién consuma el doble de la media del país, el nuevo sistema de facturación significa un ahorro de más del 25%. Se premia así el comportamiento despilfarrador y se desincentiva la introducción de equipamiento eléctrico eficiente, no sólo en el sector doméstico, sino también en el industrial. Todo ello para asegurar que en cualquier caso se paga el déficit de tarifa.
Tiene su ironía que en una orden de peajes que se tramitó a finales de 2012 y que finalmente no vio la luz tras ser sometida a información pública en la Comisión Nacional de la Energía (CNE), se hacía justamente lo contrario, es decir establecer un sistema de progresividad que hacía que el precio de la electricidad subiera más para aquellos consumos domésticos que superaban los valores medios. Toda una prueba de incoherencia este giro de 180 grados en la política ministerial.
Con todo lo dicho, la electricidad en agosto ha experimentado una subida media del 3,2%. Pero no es la última subida que se hará este año ya que en el último trimestre se modificará el precio correspondiente a la llamada “parte del mercado” como resultado de la subasta CESUR. Un mercado de futuros eléctricos en el que se intercambia una muy pequeña cantidad de energía, pero que sirve de referencia para los precios que fija la administración para la Tarifa de Último Recurso. Como no es previsible que se mantengan las excepcionales condiciones de eolicidad e hidraulicidad de principio de año, es muy posible una subida importante.
En años posteriores se mantendrá la tendencia porque no se podrá incurrir en déficit. Aunque la memoria económica de la orden de peajes citada no prevé ningún déficit para 2013, el ministro Soria en su comparecencia en el Congreso el 17 de julio, señaló que el déficit sería en 2013 de entre 2500 y 3000 M€. Si se tiene en cuenta que el volumen de facturación eléctrica en 2013, sin impuestos ni sistemas de medida, será de unos 32.000 M€, se ve que absorber el déficit significa una subida importante, que muy probablemente será repercutida preferentemente sobre los usuarios domésticos, como viene siendo habitual.
Además entre las medidas complementarias aplicadas está la hibernación temporal de centrales en ciclo combinado decisivas en la formación de precios, que comportarán subidas en la “parte del mercado” de los precios eléctricos también significativas.
El gobierno dispone de cierto margen de maniobra para encajar todas las piezas descritas, pero en cualquier caso no es nada aventurado prever importantes subidas de unos precios que ya son inaceptablemente altos.
(Publicado en el diario Público el 29 de agosto de 2013).
