Entre la gente familiarizada con el funcionamiento del sistema eléctrico español circula el chiste de que “si te han explicado su funcionamiento, y crees que lo has entendido, es que te lo han explicado mal”. Se alude con ello a la deliberada complejidad con que se ha diseñado un modelo que ya de por sí tiene muchos elementos de difícil comprensión. Se pretende con este diseño hacer lo más opaco posible la forma en la que se ejerce el poder en el sector y los mecanismos concretos por los que se producen la reasignaciones de rentas desde los sectores débiles a los poderosos.
Querría hablar en lo que sigue de dos aspectos poco conocidos del sector que me parecen singularmente clarificadores y escandalosos. El primero de ellos en que en nuestro país un usuario oficialmente reconocido como “necesitado de ayuda social” paga por la electricidad el doble que la gran industria.
En nuestro país un usuario oficialmente reconocido como “necesitado de ayuda social” paga por la electricidad el doble que la gran industria
Si se revisa el último boletín estadístico de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) de febrero de este año se ve, que los usuarios del Bono Social pagan por cada kWH 13,40 céntimos. Es decir un 25% menos que un usuario doméstico del mismo tipo. La sorpresa surge al compararlo con lo que paga la gran industria a través de la tarifa AT4 que es 6,30 céntimos.
El citado boletín estima que en la actualidad hay poco más de 2,5 millones de usuarios del Bono Social con tendencia, sorprendentemente, a disminuir. De ellos 283.000 son pensionistas y 43.000 son desempleados. El grueso de la cifra son los usuarios que en su residencia tienen contratada una potencia inferior a 3 kW, con más de 2 millones de usuarios. Dentro de esta categoría se encuentran muchos ciudadanos de bajo nivel de renta, pero también viviendas urbanas y rurales, que siendo primeras residencias, tienen un bajo nivel de equipamiento eléctrico.
Históricamente siempre ha habido en el sector eléctrico una gran transferencia de rentas desde los usuarios domésticos, que pagan por la electricidad unos precios de los más altos de Europa, a la gran industria. ¿Es razonable que en situaciones de crisis las familias ayuden mucho más a este sector industrial, que a otras familias que lo necesitan perentoriamente?.
El caso de las Islas Canarias
El segundo hecho poco conocido es que en nuestro país tanto los usuarios peninsulares, como los extrapeninsulares pagamos lo mismo por la electricidad. El coste de generar la electricidad, sin embargo, es muy superior fuera de la península. Si se paga igual es porque se transfieren unos 1.800 ME anuales de los usuarios peninsulares a los extrapeninsulares.
En Canarias, por ejemplo, según datos de la CNMC, generar cada MWH cuesta 165 Euros. La energía eólica en las islas es sin embargo ostensiblemente más barata que la media. Unos 85-90 Euros/MWH. En el año 2004 se anuló el primer concurso eólico de Canarias por presunta corrupción. Se deberían haber puesto en funcionamiento 600 MW eólicos: En aquel momento era Consejero de Industria Luis Soria. El segundo concurso eólico, de 2007, tampoco fue resuelto. Era vicepresidente del Gobierno Canario el actual Ministro de Industria y hermano del anterior, José Manuel Soria. De haberse puesto en funcionamiento los parques eólicos que se anularon por los problemas “irregularidades” en la tramitación, hoy la electricidad podría ser entre 80-110 millones de euros anuales más barata. ¿Es exagerado afirmar que eso es lo que nos cuesta a todos los usuarios eléctricos la corrupción de los sucesivos gobiernos de Canarias?
