El Ministro de Industria del actual gobierno llegó diciendo que el problema energético prioritario era el déficit eléctrico, y no sólo no ha conseguido resolverlo tras más de 2 años de ejercicio, sino que además ahora debe reconocer la existencia de un déficit gasístico. Así se contempla al menos en el Real Decreto Ley (RDL) 8/2014 aprobado a principio de Julio.
Queda palmariamente refutada la idea de que el déficit era sólo un problema del gobierno anterior o que tenía que ver con el desbocado desarrollo de las energías renovables, como durante mucho tiempo ha mantenido el PP. El déficit se ha desarrollado con el PP en el gobierno y en el sector gasista no hay energías renovables. Antes bien en este RDL se establece como causa principal del déficit gasista la abrupta caída de la demanda de gas natural ocasionada por la crisis energética que hace que los costes fijos de suministro (almacenamiento, regasificación, transporte y distribución) deban repercutirse entre una demanda apreciablemente menor. La norma precisa que la mayor demanda de energía se produjo en 2008 y que la actual, tras un primer semestre cálido que la ha hecho bajar abruptamente, está a los niveles de 2004. La demanda máxima histórica además no se superará hasta 2020…si es que se cumplen las previsiones actuales del gobierno.
El déficit se ha desarrollado con el PP en el gobierno y en el sector gasista no hay energías renovables
Existe déficit y el RDL lo califica de estructural. Era de 326 Millones de euros (ME) en 2013 y podría llegar a los 800 ME en 2014. El gobierno ha difundido que con las medidas contempladas en la norma el déficit de este año rondaría los 600 ME. El secreto es reducir los derechos reconocidos a todos los agentes del sector gasista.
Se repercutirá además sobre los usuarios el coste de 164 ME en 5 años por el laudo dictado por la Corte Internacional de Arbitraje de París por el gas que llega por el gasoducto del Magreb. Este reconocimiento se produce contra el criterio casi unánime de todas las instituciones implicadas por un laudo de 2010.
Notables similitudes con el déficit de tarifa eléctrico
El tratamiento que se da a este déficit guarda notable similitud con el del déficit eléctrico. Son los agentes del sistema gasista quienes tienen que financiarlo y lo recuperarán en los próximos 15 años. El déficit se reconoce pero por el momento no existe nada parecido al fondo de deuda eléctrica, que cuenta con el aval del Estado.
También como en el sector eléctrico se anuncian subidas futuras de precios pese a que se han incrementado significativamente y se reconoce que los precios se sitúan por encima de la media europea y también con el argumento de mantener la estabilidad financiera del sistema. No hay grandes dudas de que sobre el sector doméstico y las pequeñas empresas recaerá el grueso de estas subidas. En el futuro habrá que subir automáticamente los peajes gasistas si el déficit de un año supera el 10% de la facturación total del sector, o la deuda total acumulada de varios años supera el 15%. En el sector eléctrico la subida debe producirse automáticamente cuando el déficit sea superior al 2%, pero su situación financiera es mucho más delicada ya que la deuda acumulada es superior a los 2/3 de la facturación anual.
La analogía con el sector eléctrico se extiende también a la figura de empresas eficientes y bien gestionadas, o a considerar el valor actualizado neto de una instalación como base de cálculo para fijar su retribución, o al periodo de 6 años que se establece para cambiar los aspectos retributivos básicos de la legislación.
Medidas de ahorro y eficiencia tardías y poco ambiciosas
En el RDL se avanza en el cumplimiento del acuerdo comunitario de reducir el consumo energético en un 20% de energía final para 2020. La cantidad de ahorro a conseguir es de 16 Millones de Toneladas Equivalentes de Petróleo (MTep). Para este fin se crea el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) al que contribuirán con el 1,5% de su facturación las compañías comercializadoras de gas y electricidad y los operadores al por mayor de productos petrolíferos y gases licuados de petróleo. El gobierno a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía implantará las normas técnicas para la consecución de este ahorro. Se definirán posteriormente los mecanismos de apoyo económico y financiero, asistencia técnica, formación e información u otras medidas encaminadas a aumentar la eficiencia energética en los diferentes sectores.
Se fijan además las normas básicas para la acreditación del ahorro a través de los Certificados de Ahorro de Energía (CAE). A efecto de computar el efecto de una determinada medida de ahorro se tendrá en cuenta el momento de su aplicación tal y como indica la UE.
Se establece también la obligación de todos los edificios de disponer de sistemas de contabilizar individualmente su consumo energético. Sea este calor o frío. Dado que todas las nuevas construcciones ya lo cumplen desde 2007, se trata de empezar actuar sobre el parque de viviendas ya existente instalado, por ejemplo, contadores individuales de las calefacciones colectivas. Se trata de una modificación reseñable que deberá resolverse en los próximos años.
El propio gobierno explica las razones de urgencia de esta parte de la norma cuando reconoce que la Directiva 2012/27/UE debería haber sido traspuesta antes de Junio de 2014. Con esta norma se da cumplimiento parcial a esta Directiva, pero queda todavía bastante por implantar.
El propio gobierno explica las razones de urgencia de esta parte de la norma cuando reconoce que la Directiva 2012/27/UE debería haber sido traspuesta antes de Junio de 2014
En la decisiva cuestión de la mejora de la eficiencia el ministerio actúa arrastrando los pies y empujado por la UE, haciendo sólo lo que juzga mínimamente imprescindible para evitar reconvenciones de la UE. Nada ambicioso por tanto en un asunto en que debería serlo.
