El desafío energético de Europa

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Días antes del Consejo Europeo del 22 de mayo, las eléctricas europeas lanzaron duros mensajes contra las renovables, exigiendo más pagos por capacidad al gas y, en el caso de las españolas, pidiendo sacarlas directamente del mercado contraviniendo las normas europeas y nacionales. Era su reacción al documento de “Política energética y sus desafíos” que la Comisión Europea había presentado al Consejo y que dejaba al descubierto la enorme contradicción entre las exigencias de las eléctricas y las directrices de política energética de Bruselas.

Europa sigue centrada en la estrategia 2020 para alcanzar los objetivos del 20% en renovables, reducción de consumo energético y emisionesde CO2 y afrontar el principal desafío de la dependencia energética. La factura que paga Europa por las importaciones de petróleo, gas y carbón es de 406.000 M€ al año y equivale al 3,2% del PIB de la UE. Se prevé que para 2035 la dependencia energética de Europa llegue al 80% y, que aunque se desarrollara el potencial autóctono de gas no convencional, en ningún caso bajará del 60%. Este hecho determina que los precios de la luz seguirán subiendo así como los costes regulados más impuestos que ya representan en la UE-15 el 28% de lo que pagan los consumidores. La Comisión Europea se reafirma en su hoja de ruta hacia una economía baja en carbono en 2050, prevé la desconexión de centrales térmicas de gas y carbón antes de 2020 debido a la baja demanda y la creciente producción renovable y la nuclear ni siquiera es tenida en cuenta.

Las políticas que ya están en marcha y para las que la Comisión pide más celeridad se concretan en cumplir el objetivo del 20% de eficiencia energética en 2020, abrir la competencia para conseguir un mercado energético integrado en la UE, lo que puede generar ahorros a los consumidores de hasta 35.000 M€, y cumplir los objetivos de renovables. La Comisión considera que un mayor avance de las renovables reduce los precios en el mercado mayorista y que la plena aplicación de la Directiva de renovables puede ahorrar 8.000 M€ en 2020 por reducción de costes del sistema y crear tres millones de nuevos empleos.

La Comisión considera que los regímenes de ayuda a las renovables no han de ser rígidos y deben tener en cuenta el significativo descenso de precios que ha supuesto el desarrollo de las tecnologías, pero los cambios bruscos y retroactivos han contribuido a crear inseguridad y ahuyentar las inversiones. En cuanto a incrementar los pagos por capacidad, critica este planteamiento como económicamente ineficaz porque perpetúa la producción de combustibles fósiles y propone otras alternativas como la inversión en interconexiones transfronterizas, planes de gestión de la demanda y almacenamiento de energía.

Dos días antes del Consejo Europeo, el Ministro de Industria dejó clara su política energética: apoyo al carbón, apoyo al “fracking”, apoyo a las centrales de gas, retroactividad positiva para las nucleares, empezando por Garoña, y sin hablar de seguridad nuclear ni responsabilidad civil, retroactividad negativa para las renovables y ninguna propuesta de ahorro de energía. Nada que ver con la política energética propuesta por la Comisión Europea.

Los desafíos energéticos de Europa no se corresponden con los de la política española. Con una dependencia energética por encima del 80%, que supone una pérdida de renta nacional superior al 4% del PIB y que con crecimiento negativo no ha dejado de crecer desde el inicio de la crisis, la preocupación por las importaciones energéticas sigue ausente de la política económica y el ahorro en el consumo de petróleo, gas y carbón no está en la agenda política. Este hecho, más el constante descenso de la demanda eléctrica, está en la base del descontrol del déficit tarifario que, a pesar de las seis reformas efectuadas por el Gobierno, sigue creciendo en 2013 sin que lleguen los ingresos previstos por los decretos.

Confundir recortes con reformas y echar la culpa de todos los males a las renovables son las únicas medidas adoptadas en España y las únicas que no aparecen en la política energética de la Unión Europea. Analizar con más transparencia esta contradicción resolvería muchos de los problemas. Valgan dos ejemplos: los costes regulados más impuestos son en España más del doble que en la UE-15 y las renovables sólo representan el 13% de los costes totales del sistema. El segundo ejemplo es el crecimiento disparado del déficit de la tarifa del gas. Entre el recargo de Sonatrach, los incentivos de más cobrados por las centrales de gas, el déficit acumulado, más el del butano, suman más de 1.300 M€ que se acercan a los 3.000 M€ calculados por la CNE para 2020.

España es record en dependencia e intensidad energética y mientras los desafíos europeos persiguen afrontar esos desequilibrios, en España se persiste en la dirección contraria. Mientras la hoja de ruta energética de Europa hasta 2050 se conoce, España carece de estrategia energética.

Javier García Breva
Presidente de la Fundación Renovables

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