A principios de 2016 la Unión Europea promulgará una nueva normativa reguladora de la contaminación del aire para las instalaciones industriales. De hecho está previsto que a lo largo de este mes se avancen las propuestas de definición de mejores técnicas disponibles así como de los límites relacionados con las emisiones para, una vez superada la tramitación político-administrativa, los Estados miembros puedan votar el texto definitivo allá por finales de 2015.
Evidentemente no es esta una materia que vaya a quedar a salvo de la presión de los lobbys en Bruselas, puesto que son muchos los intereses económicos que resultarán afectados en mayor o menor medida por la nueva norma; solo señalar que el principal derecho a salvaguardar por parte de los Gobiernos habría de ser el del interés general, y más concretamente el derecho a la salud de los ciudadanos. Pero habrá quienes legítimamente centrarán su interés en defender la salud económica de sus empresas; en este caso cabe decir que nos encontraremos con intereses contrapuestos: el de quienes abogan por una mayor relajación de las exigencias ambientales, con la fijación de unos límites de emisiones lo más generosos posible en defensa de las tecnologías de generación eléctrica basadas en combustibles fósiles, y el de quienes entienden que no debería abandonarse la hoja de ruta de descarbonización de la economía mediante el tránsito hacia tecnologías limpias basadas en las llamadas fuentes renovables. No es preciso abundar en explicaciones técnicas para concluir que son las segundas las que más se aproximan a la convergencia con los objetivos marcados en la defensa del interés general y es en la defensa de éste donde se confía en encontrar un alineamiento sin concesiones de los distintos Gobiernos, pero también es aquí donde aflora, especialmente en el caso del Gobierno de España, una posición ciertamente alejada de la que debería entenderse como ajustada al mandato de la ciudadanía.
Ya en su momento causó no poco estupor la propuesta del ex ministro Arias Cañete como Comisario responsable de la cartera de Cambio Climático; su trayectoria, tanto privada como pública, le vinculaba de forma muy estrecha con intereses empresariales del mundo de los hidrocarburos. Aquello vino a significar un hito indudable en las aspiraciones del lobby, nada menos que colocar a uno de los suyos dentro de la propia Comisión. Pero tal parece que el plan del Gobierno presidido por Mariano Rajoy no acababa ahí, ni mucho menos.
Asistimos ahora a una suerte de privatización de responsabilidades que en ningún caso deberían ejercerse al margen de las instituciones públicas. Hemos sabido que la delegación que ha de representar a España en las negociaciones que culminarán con la adopción de la nueva norma de emisiones industriales, compuesta por doce miembros, contará nada menos que con la presencia de ocho delegados designados por las empresas concernidas, claro que sólo de las que apuestan por mantener unos niveles de emisiones lo más altos posibles, en tanto que únicamente tres personas representan a la Administración. En sentido estricto esto es una especie de encomienda de la defensa de los intereses de España a un grupo de empresas que colocarán los suyos propios por delante de cualquier otro.
«La delegación que ha de representar a España en las negociaciones que culminarán con la adopción de la nueva norma de emisiones industriales, compuesta por doce miembros, contará nada menos que con la presencia de ocho delegados designados por las empresas concernidas»
Parece razonable concluir que es sensato que un Gobierno cuente con mecanismos de consulta y participación transparente y no discriminatoria, para mantener un contacto fluido con los agentes económicos y sociales. Pero es que en el caso que nos ocupa no se trata de un procedimiento de consulta de opinión, sino de delegación pura y dura de competencias para la negociación y no es en absoluto transparente, puesto que se desconocen los criterios seguidos para seleccionar a los delegados designados y sí es escandalosamente desequilibrado el resultado final en lo que a intereses representados en la delegación se refiere.
Cuando el Gobierno puso en marcha su campaña de la “Marca España” poco podíamos imaginar que con la marca, como un producto más, también iba el país. Hoy España es menos el país de todos y comienza a parecerse y mucho al negocio de unos pocos.
