Ante la previsión de que las próximas elecciones generales están a la vuelta de la esquina, todo indica que no cabe esperar ya ninguna acción o reacción en las decisiones de política energética y que podemos concluir, en lenguaje popular, que “todo el pescao está vendido”.
El Consejo de Ministros del pasado 1 de julio hizo una previsión de los proyectos legislativos que el Gobierno piensa sacar antes de que termine la actual legislatura. En la relación de propuestas normativas previstas no había ninguna de energía. Y llama la atención por varias razones.
La Ley de Economía Sostenible (LES) entró en vigor el pasado 6 de marzo de 2011. Entre sus compromisos figura la presentación de la Planificación Energética Integral y del proyecto de Ley de Eficiencia Energética y Energías Renovables a los tres meses y de la Ley de Movilidad Sostenible y el RD de Certificación Energética de Edificios Existentes a los seis meses.
A esto hay que añadir que la transposición al ordenamiento jurídico nacional de la Directiva 2009/28/CE de renovables se debía haber hecho en diciembre de 2010 y que el Plan de Energías Renovables 2011-2020, cuya aprobación anunció el anterior Secretario de Estado de Energía para diciembre de 2010, todavía está en situación de borrador de resumen.
Sobran comentarios; pero de lo que hay que dejar constancia es que han sido cuatro años perdidos. Algunos de estos proyectos, como la propia LES y la Ley de Renovables, fueron anunciados en 2008 y se van a quedar inéditos después de tanto tiempo. No solo no ha habido voluntad de llevarlos a cabo sino que se demuestra que no se ha confiado en ningún momento en que una buena respuesta a la crisis hubiera sido utilizar el ahorro y la eficiencia energética y las renovables como instrumento del cambio de especialización productiva que necesitaba nuestra economía; por el contrario, el único norte de las decisiones ha sido la defensa de los balances del sector energético convencional y se ha optado por afrontar la crisis frenando a tope el desarrollo de las fuentes renovables.
Los malos ratios de dependencia energética, intensidad energética y emisiones de CO2 tampoco han mejorado. Es inquietante la opacidad y la falta de información con que se está gestionando nuestro aprovisionamiento de gas natural y el incremento de la dependencia del gas argelino; es significativo el aumento de la intensidad energética en 2010 con un crecimiento nulo del PIB, así como el incremento de las emisiones de CO2 en los últimos doce meses por el incremento de la generación con carbón. España sigue siendo muy vulnerable a futuras crisis de suministro, a los altos precios del petróleo y a los impactos derivados del cambio climático.
Lo único que cabe esperar es que no se vendan más burras en los próximos meses y que veamos algún ejemplo de honestidad política en las decisiones energéticas o, lo que es lo mismo, que lo que se dice en los discursos y en los programas se cumpla, porque lo de estos últimos años no tiene nombre.
