El Gobierno anuncia una enésima reforma energética con la mirada puesta exclusivamente en el déficit de tarifa, una reforma que podemos presumir, desde ahora, no pretende reformar nada sino perpetuar el modelo energético actual. Se sigue señalando a las primas de las renovables como causantes de todos los males del sistema energético, se siguen dando palos de ciego para acabar con ese déficit y se siguen obviando las políticas de ahorro y eficiencia.
Un día se habla de nuevos recortes de horas o hibernación de plantas renovables y al día siguiente de cargar a los promotores de las tecnologías limpias y autóctonas con los costes de las subvenciones a las centrales de ciclo combinado para “premiar” el error de sus propietarios de instalar más de 27.000 MW en solo diez años.
Los responsables de la política energética siguen empeñados en reabrir Garoña, en facilitarle el camino al “fracking” o en abordar las prospecciones petrolíferas en Canarias y otras comunidades autónomas, pero se niegan a regular el autoconsumo con balance neto. Nadie se para a pensar que el coste de las importaciones de gas desde 2009 se ha disparado un 93% y la inversión en renovables ha descendido en 2013 un 96%. Cuando dan un paso en la buena dirección como es el caso de la regulación de la certificación energética de edificios, se quedan a medias o en el simple enunciado de buenas intenciones.
Vamos hacia ninguna parte porque no hay política energética y nos preocupa que, en lo que podía ser el campo de actuación más adecuado para empezar a salir de la crisis construyendo un nuevo modelo productivo, se siga cavando hacia abajo lo que solo servirá como tumba de lo que fue un caso de éxito. La Fundación Renovables sigue denunciando la ceguera de nuestros gobernantes y aportando propuestas de medidas concretas y realistas como las que planteó en su documento del pasado 4 de abril.
