Enero ha sido un mes de retrasos, quizás no desde el punto de vista normativo, pero sí si tenemos en cuenta la urgencia de actuar para cumplir nuestros compromisos en la lucha contra el cambio climático. Ya en el primer trimestre del curso pasado incidíamos en que, desde junio, con el cambio de Gobierno, empezaba a sonar bien la letra con la que se escribía la estrategia política de la transición energética, pero le faltaba ritmo. Había ganas de ver salir a la luz y muchas esperanzas puestas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, por un lado, y en las disposiciones que debían desarrollar el celebrado Real Decreto-ley 15/2018 que, entre otras cosas, eliminaba el denominado «Impuesto al Sol».
Pensábamos que al menos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima lo conoceríamos antes de que empezara el 2019, tal y como anunció el Ministerio de Transición Ecológica ya en septiembre, pero llevamos ya dos meses en los que cada semana esperamos que se conozca. Y se está haciendo de rogar. España es uno de los países que no ha cumplido con el plazo de presentarlo a tiempo ante Bruselas -era el 31 de diciembre-, que ha dado una prórroga a los Estados miembros más rezagados.
Como este documento marcará las bases de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, ésta se hará esperar aún más, aunque ya conocemos algo tras difundirse a mediados de noviembre el Anteproyecto. Anteriormente presentaron sus propuestas al respecto tanto el Partido Popular como el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. En la Fundación Renovables pensamos que en las tres propuestas hay elementos suficientes como para permitir alcanzar acuerdos tanto en objetivos como en las herramientas para alcanzarlos, de manera que se olviden los intereses de partido y prime el interés general.
Nuestra propuesta es clara y factible ni carbón ni nucleares a 2025 y 2024 respectivamente y reducción paulatina del gas hasta lograr un escenario 100% renovables
La promulgación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética es necesaria, obligada y urgente para que podamos disponer de un marco que nos permita cumplir nuestros compromisos. Ponernos en marcha y tomar impulso para empezar a dar pasos verdaderos que nos conduzcan a un futuro descarbonizado recuperando la capacidad industrial y tecnológica que tuvimos antes de la primera moratoria a las renovables de 2010 no se puede hacer esperar.
Y hablando de plazos, no podemos por menos que lamentar que en las previsiones del Gobierno pueda estar el posponer el apagón nuclear a 2035, tal y como han publicado algunos medios de comunicación, lo que supondría una prórroga de la vida útil de las centrales. Por nuestra parte, este mes comparecimos ante la Ponencia del Congreso de los Diputados convocada para estudiar el Informe de Actividades de 2018 del Consejo de Seguridad Nuclear, CSN. Allí expusimos nuestros argumentos en contra de esta posibilidad y la necesidad de cerrar todas las centrales antes de 2024. Nuestra propuesta es clara y factible ni carbón ni nucleares a 2025 y 2024 respectivamente y reducción paulatina del gas hasta lograr un escenario 100% renovables.
Al menos terminamos el mes con una noticia que nos hace pensar que podemos recuperar el ritmo del proceso de cambio hacia un nuevo modelo energético y acelerarlo: el Gobierno sacó a finales de mes a exposición pública el borrador de Real Decreto de Autoconsumo, que regula la modalidad compartida y la compensación de déficits y excedentes (“factura neta”) entre otras cosas, y al que, presentaremos alegaciones como miembros de la Alianza por el Autoconsumo.
A ver si en febrero la transición energética deja de habitar en el limbo.
