Es bien sabido que España debe instalar más fuentes de energía renovable al objeto de alcanzar el objetivo establecido por Bruselas para 2020: cubrir un 20% de la demanda energética del país. También es bien sabido que el Gobierno no está por la labor, habida cuenta de la holgada diferencia entre la potencia eléctrica instalada y la que sería necesaria para garantizar el suministro en todo momento, por un lado, y la presión del oligopolio unesiano para rentabilizar los infrautilizados ciclos combinados de gas, por otro.
Por eso José Manuel Soria y compañía quieren taponar el crecimiento de las energías verdes durante muchos años. Además, saben que hay tiempo de sobra para cumplir con la UE y evitar las multas que acarrea saltarse a la torera lo establecido por la Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. Los procedimientos sancionadores comunitarios son exasperantemente lentos y, teniendo en cuenta los precedentes, se puede tardar más de una década en recibir una sentencia firme del Tribunal de Justicia Europeo.
Sin embargo, esa agenda oculta del Gobierno flojea en dos puntos:
El primero es la propia competitividad de algunas renovables, como la fotovoltaica, porque no se puede luchar contra la tecnología; es factible retrasar su aplicación, pero no indefinidamente, y al descubrimiento de Becquerel, allá por 1839, le ha llegado la hora.
Y el segundo es la coyuntura internacional y la seguridad. Hemos vuelto a descubrir, Ucrania mediante, que el zar Vladimiro Putin es un vecino incómodo y expeditivo del que no se puede depender. Por eso la Comisaría de Miguel Arias Cañete está volcada en el proyecto de la Unión Energética, tratando de recuperar el medio siglo perdido desde la fundación de la UE, no por casualidad alrededor del carbón y del átomo.
Afortunadamente para España, ambos puntos convergen en nuestro territorio, porque tenemos los recursos renovables necesarios para exportar luz verde a buen precio y con seguridad. El eslabón que falta, el incremento de las interconexiones con Francia, parece que por fin está en marcha de verdad.
Quizá choque la poca importancia que este humilde escribidor otorga a la acción internacional contra el Cambio Climático, porque es innegable que, soflamas aparte, se están produciendo avances. El acuerdo al que finalmente se llegue en la Cumbre del Clima de París del próximo diciembre ayudará, pero no tendrá la fuerza tractora suficiente; creo que será vago, de lenta aplicación, con desagües, y, por consiguiente, carecerá de las medidas drásticas que realmente se necesitan.
Y quizá también chirríe la ausencia de peso otorgada a la sociedad española. A pesar de la sensación de muchos profesionales del sector, nuestros conciudadanos siguen teniendo una excelente imagen de las renovables, pero eso no se traduce en una mayor demanda de energía limpia, porque apenas les preocupa el medio ambiente: según el último Eurobarómetro, sólo el 8% de los españoles considera que el calentamiento planetario sea uno de los retos globales, mientras que la media europea es el doble, un 16%. Además, el sistema energético es tan inextricable que es muy fácil engañar a los legos, que somos casi todos. Ojalá que la labor de la Fundación Renovables contribuya a cambiar esta contradictoria y lamentable situación.
Nuestros conciudadanos siguen teniendo una excelente imagen de las renovables, pero eso no se traduce en una mayor demanda de energía limpia, porque apenas les preocupa el medio ambiente
Insisto: la UE relanzará las renovables en España, por su competitividad y el miedo a Rusia y al inestable norte de África. Eso sí, empujará la demanda de los Estados miembro con formaciones políticas ecologistas capaces de participar en los gobiernos, como ocurre en Alemania; baste como ejemplo que la gran hidroeléctrica ya está exportando electricidad limpia, con sus correspondientes Garantías de Origen, a clientes selectos del resto del continente.
Tomás Díaz, periodista especializado en energías renovables.
