Editorial de las Breves de noviembre –. Los expertos nos advierten de que el tiempo para afrontar el desafío climático se está agotando. Pero, en vista de los crecientes y graves efectos que el calentamiento global está teniendo ya en nuestro planeta -en todos los ámbitos y niveles-, diríamos que el tiempo ya se ha agotado. Y es que no podemos seguir posponiendo la puesta en marcha de una acción climática que debe desarrollarse con la urgencia y ambición que el problema exige.
Hemos batido un nuevo récord de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, alcanzando niveles nunca vistos desde hace 800.000 años. En mayo de 2013, por primera vez un observatorio captaba una concentración de CO2 en el aire de 400 partes por millón (para hacernos una idea, en los inicios de la Revolución Industrial había 278 ppm), sin embargo este registro fue puntual, localizado y temporal. Desde entonces la situación, lejos de mejorar, se ha agravado: en 2015 la marca de las 400 ppm fue generalizada y global, y en 2016 hemos vuelto a batir nuestra propia, y poco honorable, marca (concretamente 403,3 ppm frente a las 400 ppm del 2015) según la Organización Meteorológica Mundial. Un aumento relacionado directamente también con el observado aumento de las temperaturas globales promedio en el mismo período.
España se muestra especialmente vulnerable a los efectos de este aumento de temperaturas, siendo el país de Europa con las previsiones más preocupantes y severas sobre cambio climático. Los efectos se están manifestando de forma abrupta a través de la sequía. Este mes de noviembre, el nivel de reservas de agua de los embalses apenas llega al 37% y, tal como ha señalado Greenpeace en un reciente estudio, 1/3 de nuestro territorio está amenazado por la desertificación.
Pese a que las señales son difíciles de ignorar, el Gobierno español sigue reafirmándose en su fósil postura y, en vez de planificar un futuro sin emisiones, eficiente y renovable, decide intervenir contra natura para mantener las centrales de carbón abiertas, parece que a toda costa.
Sin embargo, no todo el panorama es igual de desolador y se podría decir que nuestro Gobierno es una excepción. A nivel global, cada vez son más los actores que quieren formar parte del cambio y ponen en marcha, por cuenta propia, iniciativas que vaticinan que el fin de los combustibles fósiles va a llegar más pronto que tarde. Lo vemos en grandes empresas mundiales que están acordando desinvertir completamente en compañías vinculadas al sector del carbón; en las propias eléctricas, que deciden cerrar sus centrales térmicas y también en las administraciones locales que ponen en marcha políticas para lograr unas ciudades sostenibles. Y es que, ante la inacción de los gobiernos centrales, el papel de los ayuntamientos cobra especial importancia tanto por su capacidad como por su poder de actuación como desarrolladores de normativa y elementos de difusión de comportamiento. Este papel activo de las ciudades, tantas veces reclamado desde la Fundación Renovables, ha de hacerse extensible también a los ciudadanos, que deben situarse en el centro del sistema y pasar de ser consumidores a usuarios de la energía.
Desde la Fundación Renovables seguiremos trabajando para que este cambio, que es ya inexorable, se desarrolle con la urgencia que el conflicto climático requiere. Consideramos que la única apuesta responsable es la que contempla un modelo 100% renovable y con emisiones cero para mitad de siglo. Para conseguirlo, España ha de optar de una vez por todas y de forma decidida por sumarse a la (urgente, necesaria y oportuna) tendencia global de transitar hacia un nuevo modelo energético.
