Libres para elegir, libres para cambiar

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Desde 1998 a finales de 2011 el gasóleo ha subido un 206%, el butano un 125,8%, el gas natural y la gasolina súper un 94,2%; por el contrario, la luz a precios constantes ha descendido un 6,6%. Este dato es el origen de todos los problemas que la energía tiene hoy día en España. Se pactó un precio político para la luz que nadie ha querido cambiar y ha dado lugar a una política energética que ha provocado tres fenómenos descontrolados: un déficit de tarifa que por la crisis de los bancos ha devenido en deuda soberana; una economía energética especulativa que ha movido más de 37.000 millones de euros en operaciones corporativas de compra venta de activos proporcionando enormes beneficios atípicos a bancos, energéticas y constructoras; y, finalmente, un incremento en el uso de los combustibles fósiles que ha hecho que el petróleo represente el 48,5% del consumo de energía cuando en la UE es el 36,4% y que las importaciones energéticas hayan pasado de constituir el 34% del déficit comercial a más de 70% ; la factura superará los 45.000 millones para 2011, un 30% más que el año anterior.

Bajo el espejismo de la electricidad barata se ha construido un modelo energético dependiente, caro y más fundamentado en la especulación que en la economía productiva.

Las consecuencias aún han sido peores ya que una dependencia tan grande de los combustibles fósiles provoca una inflación imposible de controlar, unos tipos de interés al alza que son la mayor amenaza al crecimiento y una constante pérdida de competitividad. El nulo interés por la eficiencia energética y un modelo de negocio basado en el incremento de la facturación a los consumidores hace que nuestra mayor intensidad energética comparada con la media europea equivalga entre el 1,5% al 3,5% del PIB, según los precios del petróleo.

A partir de 2012 los derechos de CO2, ignorados en los últimos años, constituirán un coste añadido más de la adicción al carbón, al gas y al petróleo.

El fracaso de la cumbre de Durban sobre cambio climático da más relieve a las consideraciones de la Agencia Internacional de la Energía en su último World Energy Outlook 2011 que para evitar los efectos irreversibles del cambio climático a partir de 2017 por el consumo de combustibles fósiles reclamaba a los gobiernos multiplicar por tres las ayudas a las renovables, incrementar un 83% sus objetivos y eliminar todos los subsidios a los hidrocarburos y la nuclear para reducir las emisiones de CO2.

De lo contrario, añadía la AIE, cada euro que no se invierta ahora serán más de cuatro euros que tendremos que gastar por el calentamiento global a partir de 2020.

Este informe contrasta con los pasos dados por España que ha visto cómo la inversión en renovables ha descendido un 50% desde 2009 y sus objetivos para 2020 se han reducido a los proyectos existentes y sin marco regulatorio a partir de 2012. En el índice de Ernst&Young sobre inversión renovable España ha descendido del tercer al noveno puesto por la incertidumbre regulatoria. Desde 2008, la crisis no ha hecho sino poner en evidencia las debilidades de un modelo energético obsoleto, plagado de riesgos para el futuro pero que levanta enormes barreras para resistirse al cambio.

 El sol y el viento entran a coste cero en el sistema, por lo que las renovables suponen un ahorro al desplazar a las fuentes convencionales de costes más elevados. Las renovables producen un abaratamiento del precio final del mercado eléctrico que en 2010, según el estudio de Deloitte para APPA, fue de 4.847 millones. En 2011 el precio mayorista de la electricidad se ha incrementado un 34% por el mayor consumo de carbón que ha pasado del 8% al 15,5% de la generación eléctrica en cumplimiento de un decreto oficial; sin embargo, la última tarifa aprobada a la fotovoltaica es ya dos céntimos más barata que la tarifa de último recurso, por lo que si hoy los consumidores tuvieran libertad para acceder a la energía solar ya se ahorrarían dinero.

De hecho en el PER 2011-2020 se destaca que las renovables serán competitivas con el gas en esta misma década y su coste en el sistema se reducirá hasta el 13% en 2020, 6.275 millones de euros. El impacto de las renovables para el consumidor español es de 2,1 céntimos cuando en Alemania es de 3,5 céntimos de euro. Según los datos del PER, el coste de las renovables es inferior a los ahorros de las importaciones energéticas y emisiones de CO2 que evitan.

El propio Ministerio de Industria, en un documento de abril de 2010, valoró las primas de las renovables en 126.000 millones para los próximos veinticinco años. Sólo el coste de nuestras importaciones de hidrocarburos para ese periodo va a ser diez veces superior.

 ¿Por qué el consumidor no percibe los beneficios de las renovables? Ya se ha citado la decisión de consumir más carbón nacional subvencionado y mucho más caro, pero hay otras dos decisiones que gravan más al consumidor como son las subastas que determinan la tarifa de último recurso que por su carácter especulativo en los dos años de existencia siempre han subido la luz y por el método de conformación de precios de la electricidad que retribuye todos los kilovatios al precio del más caro. Y el kilovatio más caro es el producido por el carbón y el gas y eso beneficia a aquellas tecnologías que tienen sus centrales amortizadas, como la nuclear y la hidráulica que obtienen así grandes ingresos, mientras perjudica directamente al consumidor.

Desde 2008 la crisis económica ha reducido drásticamente la demanda energética y de una situación en 2002 en la que faltaba energía hemos pasado a otra muy diferente en la que sobra generación en el sistema y toca elegir el modelo energético que queremos para el futuro. Una de las claves en esa elección es dar al consumidor un protagonismo que hasta ahora se le ha negado. Que cada centro de consumo se convierta a la vez en un centro de generación es la revolución energética que está ya contenida en las directivas europeas vigentes de renovables y de eficiencia energética de edificios, aún sin transponer a nuestra legislación.

La revolución del autoconsumo pasa por convertir al ciudadano en el centro del sistema y garantizarle el acceso a las fuentes renovables como un nuevo derecho universal.

Que se haya tardado más de dos años en dar los primeros pasos para regular el autoconsumo, ya previsto en la directiva de renovables en vigor desde 2009, indica las fuertes barreras que se van a poner para pasar de un sistema energético centralizado y vertical a un nuevo modelo descentralizado y distribuido.

El coste de las renovables se va a reducir porque el margen de su mejora tecnológica es mayor que el de cualquier otra fuente de generación y el desarrollo del I+D va a hacer que la tecnología renovable se abarate en la misma medida que se amplía su mercado. Es la tendencia inversa de los combustibles fósiles que suben sus precios a medida que se incrementa su demanda. Y esto es lo que los gobiernos deberían comprender; pero eso requiere una visión de más largo plazo que el que contemplan las convocatorias electorales para mantener los apoyos a las energías limpias y para emprender una planificación energética que tenga como objetivos prioritarios reducir la dependencia energética, reducir el consumo de energía y elevar el consumo final de renovables para mejorar la competitividad del país.

En el balance energético de 2010 ya se pudo comprobar cómo gracias a las renovables se rebajó en tres puntos la dependencia energética y se redujeron las emisiones de CO2 en el sector energético. Las previsiones de empleo en el sector de las renovables y en el de los servicios energéticos se acercan al millón de puestos de trabajo. El cambio de modelo energético basado en la innovación energética de las renovables y el ahorro de energía supone el impulso a una nueva especialización productiva que modifique también el patrón de la economía y contribuya al crecimiento. Todo pasa por tomar decisiones a largo plazo que se comprometan a apoyar ese cambio identificando a todo el país con esa especialización energética.

Uno de los efectos de la crisis es la desconfianza y una mentalidad todavía más individualista que impide contemplar los cambios como proyecto colectivo y solidario con las generaciones futuras. Pero el cambio de modelo energético implica todo eso y una conciencia sobre la necesidad de preservar las condiciones de vida en un planeta amenazado por un modelo energético insostenible.

Y aunque los grandes poderes institucionales, financieros y energéticos sigan ejerciendo un control de hecho sobre la sociedad, todavía somos libres para elegir y libres para cambiar.

Javier García Breva

Presidente de la Fundación Renovables

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