Desde que se aprobó del RDL 13/2012 y se suprimieron todos los recursos de la tarifa eléctrica destinados a eficiencia energética, el ahorro de energía se ha asociado, tanto por las eléctricas como por los reguladores, al déficit de tarifa. Ahorrar energía supone menos ingresos para el sistema, por lo que contribuye a aumentar el déficit tarifario. Esta simplificación está detrás de la desaparición del ahorro de energía de la regulación. Muy lejos quedan aquellos planes nacionales de gestión de la demanda que se establecieron en los años ochenta y que se suprimieron una década después. Si el ahorro es un concepto imprescindible para la economía, en nuestro sistema eléctrico se considera un sobrecoste.
Se trata de un gravísimo error de modelo energético si se tiene en cuenta que el descenso de la demanda eléctrica desde 2007 es una consecuencia de la crisis, que se debe analizar como un fenómeno estructural y no coyuntural porque el consumo de energía no volverá a crecer por encima del PIB ni el perfil del consumidor será el mismo. El actual modelo eléctrico se basa en el mayor consumo cuando la tendencia global es que el nuevo modelo de negocio energético proporcione al consumidor servicios energéticos para que gestione su propia demanda. Una de las consecuencias de este error han sido las equivocadas decisiones que han llevado a la actual sobrecapacidad de oferta del sistema.
El actual modelo eléctrico se basa en el mayor consumo cuando la tendencia global es que el nuevo modelo de negocio energético proporcione al consumidor servicios energéticos para que gestione su propia demanda»
Los primeros datos que se conocen de las certificaciones energéticas de edificios realizadas desde el mes de junio revelan que más del 95% de edificios necesita actuaciones de rehabilitación energética y que el potencial de ahorro entre la máxima calificación energética y la más baja es de un 80%. La conclusión es que se ha alentado el derroche en el consumo de energía y que seguir incentivando, como se hace a través de los peajes aprobados en julio, un modelo basado en que el consumidor consuma más y pague más es un disparate por la propia naturaleza de la crisis económica.
Reducir la dependencia energética
El ahorro de energía en un país como España, con la mayor dependencia energética de la OCDE, es una necesidad por razones de propia seguridad nacional por la inestabilidad y encarecimiento de los precios del crudo y del gas. Pero también representa el derecho de los consumidores a reducir sus costes energéticos. Estos dos aspectos no aparecen en la reforma eléctrica ni constituyen una prioridad.
Hace dos años se aprobó el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 en el que se incluía el impacto socioeconómico asociado al cumplimiento del objetivo de ahorrar el 20% del consumo de energía en 2020:
Una decidida apuesta por la eficiencia energética triplicará la facturación y el valor añadido del sector de los servicios energéticos y hará posible la creación de 500.000 empleos, sin incluir los ahorros en importaciones energéticas y emisiones de CO2. España puede mejorar su competitividad mejorando su intensidad energética, hoy muy superior a la media europea, pero además tiene industria, empresas y tecnología para competir y asumir un liderazgo en el nuevo modelo de generación descentralizada que avanza en todo el mundo.
