Madrid, 14 de noviembre de 2011.-
El Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020, aprobado por el Gobierno en Consejo de Ministros el pasado viernes día 11, llega once meses tarde y lo hace en dirección contraria a las recomendaciones que la Agencia Internacional de la Energía hace en su informe anual World Energy Outlook 2011, que presentaba la semana pasada, con el significativo titular de que “el mundo se encamina hacia un futuro energético insostenible”. El PER es otra oportunidad perdida para haber afrontado de otra manera los verdaderos problemas energéticos de España: la enorme dependencia energética, la elevada intensidad energética y las crecientes emisiones de CO2.
La AIE pronostica un precio del crudo a corto plazo de 150 dólares por barril por la presión de la demanda de los países emergentes y afirma con rotundidad que a partir de 2017 los daños del cambio climático serán irreversibles.
Ese año se podrían alcanzar las emisiones que se preveía alcanzar hacia 2035, lo que provocaría una subida de la temperatura del planeta entre tres y seis grados, superando así el límite de dos grados a partir del cual el cambio climático se considera catastrófico y, por tanto, inadmisible.
Según la AIE la razón de esta situación es el escaso impacto de las energías renovables y su insuficiente desarrollo y reclama a los Estados que adopten políticas más agresivas de apoyo a las renovables. La AIE acusa a los gobiernos de que mientras las ayudas a las renovables en 2010 ascendieron a 64.000 millones de dólares, las ayudas al carbón y el petróleo alcanzaron los 409.000 millones de dólares, seis veces más y por eso, la AIE propone triplicar las ayudas a las renovables hasta los 180.000 millones.
Si se comparan el último informe de la AIE y el PER la conclusión es clara: el PER 2011-2020 refleja una política energética totalmente equivocada al limitar y frenar el crecimiento de las renovables en España hasta 2020 y conservar y consolidar un modelo y un mix energético basado en el carbón, el petróleo, el gas y la energía nuclear. Un modelo que para España es insostenible por caro, contaminante, ineficiente e inseguro por los riesgos de suministro y por su carácter inflacionista y especulativo.
El PER es la expresión de una política energética que nos conduce a futuras crisis económicas por nuestra elevada dependencia de las importaciones energéticas cuyos precios no controlamos y por los impactos derivados del cambio climático.
No ha sido una prioridad
Da la sensación de que el PER ha sido aprobado a regañadientes y en tiempo de descuento; más parece una concesión electoral que una decisión del Gobierno o de compromiso con las renovables. Si tenía que estar aprobado en diciembre de 2010, aprobarlo en noviembre de 2011, a una semana de las elecciones, sin tiempo para desarrollarlo, demuestra que no ha sido una prioridad del Gobierno que decía iba a defender las renovables y que había muy poco interés en aprobarlo.
Lamentablemente la espera no ha merecido la pena. El PER 2011-2020 refrenda las bases regulatorias para frenar el crecimiento de las renovables en la presente década. Como señalamos en nuestro informe del pasado mes de junio sobre el primer borrador, se rebaja al 20,8% el objetivo de consumo de renovables en 2020 frente al 22,7% que se comunicó a la Comisión Europea en julio de 2010.
Esta reducción de objetivos tampoco se ha explicado, aunque se puede deducir viendo los objetivos por tecnologías y comprobar que hasta 2020 sólo se van a poder ejecutar los proyectos que ya estén autorizados o en el Pre-registro del MITYC, lo cual está en consonancia con la moratoria ya impuesta a la fotovoltaica, la que se ha intentado de facto con el frustrado RD para la eólica y la ya anunciada para la termosolar. El PER consolida así el mix energético actual para dar más cabida a los hidrocarburos contaminantes que importamos de fuera y facilita la moratoria a las renovables que UNESA estos días pide con inusitada insistencia, a pesar de ser las renovables fuentes autóctonas y entrar a coste cero en el sistema.
Por otra parte, el PER incumple la Directiva Europea de Renovables 2009/28/CE, ya que mantiene la discrecionalidad del MITYC para modificar el marco retributivo y mantiene el sistema de cupos y de limitación de horas y no se establece ningún criterio de norma pública y transparente de conexión a red. Todos estos aspectos van en contra de los criterios de la Directiva que exige eliminar las barreras regulatorias, administrativas y de conexión a red que impiden un mayor crecimiento de las renovables, incumplimiento que se añade a otro mayor, ya que el plazo de transposición de la directiva al ordenamiento jurídico nacional terminó en diciembre de 2010 sin que tampoco se explique por qué no se ha hecho ya, de la misma forma que tampoco habrá la Ley de Renovables, prometida desde 2008.
La consecuencia final de todos estos incumplimientos es mantener una inseguridad regulatoria y jurídica que ya ha producido una huida de inversiones y una destrucción de 20.000 empleos en el sector de las renovables.
Con respecto a la generación distribuida y al autoconsumo el PER no avanza ningún tipo de nuevas medidas más allá de generalidades que vuelven a referirse a una futura regulación posterior sin concretar contenidos ni calendarios. No es de extrañar, ya que el MITYC lleva ya dos años tramitando un RD para instalaciones de muy pequeña potencia que hasta el día de hoy no ha querido aprobar (queda un Consejo de Ministros). Es la más palpable demostración de la falta de interés para que nada cambie y en cerrar el paso a cualquier alternativa seria de ahorro y eficiencia permitiendo el acceso directo de los ciudadanos a las renovables.
PER contradictorio
Por último, este PER es contradictorio porque hace un balance extraordinariamente positivo del impacto de las renovables en el PIB, en la balanza de pagos, en el empleo, en la reducción de emisiones de CO2 y hace una previsión también positiva de la reducción de su peso en los costes del sistema; sin embargo, se recortan los objetivos de renovables para 2020 en 10.000 MW y se establece un horizonte de competitividad de las renovables para después de 2020, sin ninguna explicación o justificación, en contra de todos los estudios que estiman que podría alcanzarse en los próximos años de esta década.
La pregunta es obvia ¿si los beneficios de las renovables son tan evidentes, por qué se recortan sus objetivos por debajo del potencial de la industria nacional renovable y su regulación se deja a la discrecionalidad administrativa?
Seguramente todos los retrasos e incumplimientos han tenido como fin retrasar durante los próximos diez años el desarrollo de las renovables en España en beneficio del sector convencional. Por eso este PER hoy es inadmisible y debe ser modificado para adecuarse a las necesidades de nuestro país en línea con la orientación de las políticas reclamadas por los principales organismos internacionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y desarrollar las fuentes autóctonas que son las únicas que garantizan la seguridad de suministro.
Los ciudadanos unidos en la Fundación Renovables creemos en una sociedad fortalecida para el cambio a un nuevo modelo energético sostenible a través del ahorro, la eficiencia energética y las energías renovable ¡ÚNETE!