La transposición del proyecto del Real Decreto para transponer la Directiva RED III sobre biocombustibles podría comprometer los objetivos climáticos
El impulso de los ecocombustibles (RFNBO) debe realizarse únicamente en los sectores donde la electrificación se presenta técnica y económicamente imposible
Madrid a 23 de septiembre de 2025. El proyecto del Real Decreto para transponer la Directiva RED III sobre biocombustibles presenta deficiencias que podrían comprometer los objetivos climáticos de España y frenar la electrificación del transporte. Así se lo han hecho saber la Fundación Renovables y ECODES al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (en adelante, MITERD) a través de las alegaciones presentadas durante el proceso de consulta pública.
Como defienden las organizaciones, la transposición de esta directiva solo prioriza el desarrollo de biocombustibles para el transporte, olvidándose de la electrificación directa, solución que debería ser prioritaria, no solo por cuestiones ambientales y económicas, sino por cuestiones de eficiencia. Tanto es así que con 1MJ de electricidad renovable, un vehículo eléctrico (VE) realiza 3,2 veces más trabajo de transporte y evita 5,4 veces más emisiones de gases de efecto invernadero que el equivalente a 1 MJ de etanol de cultivo. Este dato debe tenerse en cuenta a la hora de redactar la normativa que, actualmente, favorece soluciones menos eficientes que la electrificación directa.
Por otro lado, Fundación Renovables y ECODES destacan la necesidad de ampliar los objetivos presentados en el proyecto de Real Decreto, de tal forma que España pueda disponer de una trayectoria más allá de 2030. En concreto, hablamos de un marco de referencia hasta 2035 que disponga de objetivos diferenciados por vector energético y alineados con la senda de neutralidad climática de la Unión Europea para 2050. Dibujar un horizonte de largo recorrido, como afirman, reducirá incertidumbres y favorecerá que las inversiones se movilicen en la dirección correcta.
Para asegurar su cumplimiento, resulta fundamental que se apliquen medidas de monitoreo y seguimiento, por lo que se reclama al MITERD que publique de manera trimestral un cuadro de seguimiento de cómo avanza la descarbonización del transporte a raíz de los cambios introducidos por este RD.
En esta misma dirección, es fundamental excluir determinadas materias primas empleadas para la producción de biocombustibles debido a su elevado impacto ambiental. De la misma manera que se prohibió la palma, por su impacto en la deforestación de entornos naturales, se defiende la eliminación de la soja, cultivo alimentario producido en mayoría fuera de la Unión Europea. Para ello, es necesario definir dentro de la normativa una senda de eliminación progresiva de todos los cultivos alimentarios y forrajeros empleados para biocombustibles, hasta alcanzar el 1,5% en 2030 y el 0% en 2035. Como señala Sarah Galeran, especialista de esta materia de ECODES “El uso de cultivos alimentarios para fabricar biocombustibles es un riesgo para la seguridad alimentaria global y también aumenta la presión sobre los ecosistemas, impulsando la deforestación y la pérdida de biodiversidad”.
Para evitarlo, además, es importante incluir elementos de flexibilidad que permitan que el MITERD pueda establecer límites adicionales, por país de origen o por materia prima, en función de los riesgos de sostenibilidad, previa consulta a la Comisión Europea.
“Si realmente queremos garantizar una movilidad sostenible, segura e independiente, debemos apostar por la electrificación de todo el transporte como eje central de nuestra estrategia. Sin embargo, la transposición de la directiva RED III deja esto en un segundo plano para poner el foco en soluciones mucho menos sostenibles, como los biocombustibles, que no aportan ni la eficiencia ni la autonomía energética que España necesita en su movilidad”, ha valorado Juan Fernando Martín, responsable de Movilidad de Fundación Renovables
