Hay que crear objetivos vinculantes de descarbonización y revisar las competencias para evitar incumplimientos y fragmentación en su aplicación
Controlar la aplicación del Reglamento europeo 2024/1735, priorizando la electrificación con fuentes renovables y penalizando las energías fósiles
Madrid. 12 de febrero de 2025. La Fundación Renovables aboga por incorporar objetivos cuantificables y vinculantes en la nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica, ahora en proceso de enmiendas. Entre las propuestas figuran establecer una reducción del 55% de emisiones industriales para 2030 y un 30% de producción circular, alineadas con las metas de la UE.
En la Fundación Renovables pensamos que es imperante precisar sendas sectoriales claras (siderurgia, cemento, química) con hitos para 2030 y 2040, inspiradas en la Ley de Cambio Climático y el PNIEC. Sin embargo, sin estos criterios, España podría incumplir sus compromisos climáticos nacionales y europeos, especialmente tras la futura publicación del Clean Industrial Act de la UE en 2025.
Para evitar la fragmentación competencial se propone crear un “Consejo Interministerial de Autonomía Estratégica” que integre a los ministerios de Industria, Transición Ecológica y Transporte. Esto garantizaría coherencia en políticas críticas como las de infraestructuras o resiliencia hídrica, en las que se exigen evaluaciones obligatorias de riesgo climático para industrias en zonas con un potencial aumento del estrés ambiental.
Dentro de su articulado un punto crítico es la neutralidad tecnológica que promueve–basada en el Reglamento UE 2024/1735–, que permitiría financiar proyectos basados en energía nuclear, combustibles alternativos no sostenibles o electrocombustibles. Demandamos excluir estas tecnologías, contenidas en el artículo 4, y priorizar la electrificación con tecnologías renovables. Para fomentarlo, se propone la creación de un fondo quinquenal de industrialización que financie proyectos con, al menos, un 70% de energía renovable en sus procesos térmicos, excluyendo el gas natural y otras alternativas de «bajas emisiones».
En paralelo, y para dotar de control y monitorización, se plantea la creación de un observatorio independiente, con la participación de universidades, sindicatos y ONG ambientales, para evaluar cada tres años el avance de las medidas. Además, se exige ampliar la participación en el foro de alto nivel a pymes innovadoras, comunidades autónomas y sociedad civil, evitando que la ley quede limitada al Ministerio de Industria y Turismo.
Por otro lado, la aplicación de subvenciones y financiación pública para nuevas tecnologías y desarrollos industriales tiene que estar sujeta a una mejora de los derechos laborales de los trabajadores y a la reversión de los beneficios para la sociedad. En ese sentido, reclamamos un mecanismo que permita que la generación de márgenes empresariales provocada por las ayudas existentes redunde en mejoras salariales de los trabajadores y en el retorno del esfuerzo público a la sociedad.
También se incluyen mecanismos de revisión extraordinaria ante crisis geopolíticas (escasez de materias primas, aranceles) y cláusulas de reversión de fondos si las empresas incumplen objetivos ambientales. Conjuntamente, proponemos impulsar un programa nacional de capacitación en electrificación industrial, en formación profesional y universidades, para formar técnicos en sistemas eléctricos avanzados.
Las propuestas buscan transformar la Ley de Industria en una herramienta proactiva, ágil y alineada con la velocidad europea, evitando que España pierda competitividad en la carrera de la lucha contra el cambio climático y fomente una reindustrialización realmente sostenible. Su implementación requerirá voluntad política para priorizar tecnologías limpias, transparencia en la gestión de fondos y una gobernanza multidisciplinar.
