Mientras el Parlamento Europeo aumenta el objetivo de reducción de emisiones para 2030 al 60%, la LCCyTE reduce al 20% el ya insuficiente 23% del PNIEC
La LCCyTE debe ser una ley paraguas de todos los cambios normativos enfocados hacia la descarbonización total de la economía en 2050
Hay ausencias claves como configurar objetivos de autoconsumo, de electrificación de la demanda, apostar por la política fiscal activa o la actuación en ciudades
Madrid. Viernes 11 de septiembre 2020. La Fundación Renovables compareció, a través de su presidente Fernando Ferrando Vitales, en el Congreso de los Diputados, ayer jueves, 10 de septiembre, con motivo de su inclusión y participación en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, para exponer sus aportaciones y observaciones a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCyTE). En ella, reconocimos el gran esfuerzo que el Gobierno actual ha llevado a cabo a pesar de las adversidades, sobre todo en el primer semestre de 2020, con la elaboración de varios planes y normas, algunos todavía en proceso de aprobación y consulta pública. Asimismo, reclamamos la imperante necesidad de poner en valor las funciones del Parlamento y del poder legislativo, que tiene que ser el garante que dé estabilidad e importancia en el tiempo a la LCCyTE, supervisando los compromisos y los objetivos adquiridos a través de ella, englobando e incluyendo en su marco la transformación, los mandatos o las modificaciones de las leyes vigentes y la presentación de anteproyectos de nuevas iniciativas. Por tanto, es necesario una mayor amplitud del cambio y exigencia de normativa.
Respecto al articulado, observamos que hay una heterogeneidad en el alcance, la profundidad y el desarrollo de muchos conceptos contenidos en ella, con una excesiva relevancia en unos puntos y cierta laxitud en otros que consideramos fundamentales y prioritarios, como es el caso de las energías renovables, la generación distribuida, la rehabilitación energética, la política fiscal activa y una mayor actuación en las ciudades y en desarrollo urbano. Si profundizamos en los objetivos marcados, lamentamos la falta de ambición y exigencia que, como en los sucesivos borradores, ha caracterizado al alcance de los objetivos contenidos en esta iniciativa legislativa desde junio de 2018, aceptando el déficit histórico respecto a los compromisos adquiridos ya para este mismo 2020.
Sin ir más lejos, y a modo de ejemplo de liderazgo y de labor parlamentaria, la Comisión de Medioambiente del Parlamento Europeo (PE) revisó ayer el objetivo de reducción de emisiones de GEI para 2030, aumentándolo del 40% al 60%, reflejando una ambición climática sin precedentes. Esto conlleva que la LCCyTE, con su escueto 20%, fije solamente un tercio respecto al objetivo de reducción de GEI votado ayer en el PE y contenido en la Ley Europea del Clima. En este sentido, vemos factible y exigimos, un aumento de ese objetivo al 51% para 2030, permitiendo no poner en riesgo la consecución del 100% para 2050, y la eliminación del uso de combustibles fósiles.
Por ello, desde la Fundación Renovables reclamamos, como parte de un análisis más exhaustivo sobre la LCCyTE que publicaremos el próximo día 1 de octubre, que, durante la proposición de enmiendas por parte de los diferentes partidos políticos, se aumente considerablemente su ambición con objetivos más acordes con las necesidades de la meta que acertadamente se fija en el texto.
Por otro lado, seguimos echando de menos el compromiso para desarrollar un cambio en la estructura de consumo en origen hacia un modelo de gestión de la demanda que implicaría, junto a su electrificación, la democratización de la energía, dando protagonismo a la ciudadanía y facilitando la consecución de un sector energético descarbonizado y basado 100% en energías renovables. En este sentido, tampoco se plantean objetivos de penetración de autoconsumo, ni en potencia ni en energía. Conjuntamente, los objetivos de rehabilitación energética adolecen de un compromiso temporal y de una ejecución que esté en línea con la recuperación económica que tenemos por delante. Pero, el punto más llamativo es la total ausencia y el no reconocimiento de la Política Fiscal como instrumento principal para incentivar y desincentivar, en función del gravamen, comportamientos e iniciativas. Otro aspecto que se echa en falta es el protagonismo que debe dar la LCCyTE a la actuación en ciudades y en municipios, a los que consideramos los principales motores para el cambio hacia el nuevo modelo energético.
Para finalizar su intervención, Ferrando señaló:
“Cuando algo quiere cambiar el mundo, no puede dejarlo como estaba. Queremos una LCCyTE que, desde su desarrollo parlamentario, con el más amplio consenso político, entendiendo que el consenso no deba ser la excusa de la rebaja de exigencia, sea el paraguas que establezca qué país y qué sociedad queremos para el día de mañana.”
