1-Los problemas crecen pero se repiten las medidas fracasadas de 2012.
Las informaciones aparecidas sobre la enésima reforma energética que afectará fundamentalmente al sistema eléctrico hablan de las mismas medidas adoptadas el año pasado que se pueden resumir en una vuelta de tuerca más a las renovables, recortes a la distribución y el transporte y la diferencia, extrapeninsulares e interrumpibilidad, a los Presupuestos Generales del Estado. Teniendo en cuenta que los segundos, como ha pasado en 2012, se recuperarán en futuros decretos, los únicos recortes que permanecen en el sistema desde 2010 son los aplicados a las renovables. El resto se deriva al déficit y a la deuda pública sin que el Ministerio de Hacienda haya dado su aprobación. Si el resultado en 2012 ha sido desastroso, con una desviación del déficit tarifario cuatro veces superior al de las primas de las renovables, el hecho de que se persista en el error es un ejemplo de ineptitud de los responsables de la política energética del Gobierno.
La demostrada inutilidad de las medidas aplicadas representa la falta de voluntad y capacidad políticas para reformar con independencia nuestro sistema eléctrico. Las medidas recaudatorias y presupuestarias no constituyen ninguna reforma sino dejar todo tal y como está eliminando competidores mucho más eficaces, como son las renovables y la eficiencia energética, para superar los déficits más endémicos y caros como son los de nuestra dependencia e intensidad energéticas.
Las medidas se han precipitado e improvisado por un hecho tan relevante como que en 2013, la mayor pluviometría y viento han incrementado la producción renovable hasta más del 50% y esa mayor presencia de renovables ha rebajado el precio mayorista de la energía hasta niveles insoportables para las fuentes convencionales. A falta de un real decreto que regule la lluvia y el viento, entre cambiar el modelo para adaptarlo a más renovables, se ha decidido expulsarlas del mercado y eliminar el concepto de ahorro de energía para que todos los consumidores aseguren los ingresos del sistema consumiendo hidrocarburos importados sin límite.
Lo que debería hacer el Gobierno es cuestionarse por qué han fracasado las medidas anteriores. Y la respuesta está en la crisis y los errores regulatorios. El descenso continuado de la demanda eléctrica y la cuota de consumo obligatorio y subvencionado de carbón han descontrolado el déficit de tarifa y trasladarlo a los presupuestos o a la deuda pública es solo derivar el problema de un año a otro haciéndolo más grande.
2-Menos renovables y más carbón y nuclear.
Los datos de Red Eléctrica de España (REE) sobre 2012 son reveladores de cómo la política energética está alejada de la realidad. El año pasado, mientras la generación con gas se redujo un 24%, la aportación del carbón aumentó un 25% y la nuclear un 6%. Las renovables, entre 2011 y 2012, han reducido su aportación a la demanda en un 9%. Frente al discurso que pretende expulsar a las renovables del sistema, son el carbón y la nuclear las fuentes que ahora más contribuyen a la infrautilización de las infraestructuras gasistas. Y el descontrol de las emisiones de CO2, más de un 38% en los dos últimos años, demuestra el error de diagnóstico del que parten las medidas del Gobierno.
Las medidas contra las renovables realmente son un instrumento para ocultar nuestros problemas energéticos. El más grave, y del que menos hablan los reguladores, es la cada vez más insoportable dependencia energética. Que con un crecimiento negativo del PIB las importaciones energéticas en 2012 hayan crecido un 14%, que el grado de dependencia del gas de Argelia haya pasado del 42% en 2012 al 53% en 2013, cuando la demanda para generación se ha reducido en un 48%, o que España sea el primer importador europeo de gas natural licuado con una dependencia 30 puntos superior a la media de la UE, no dejan de ser hechos reveladores de que la dependencia energética constituye un problema de seguridad nacional inadvertido.
Si la medida más racional debería ser priorizar el menor consumo de hidrocarburos, la palabra ahorro ha desaparecido de cualquier medida energética, simplemente porque implica menos ingresos para el sistema. Es también el argumento para levantar las mayores barreras al autoconsumo y promover medidas para impulsar el consumo de gas, incrementando así el déficit comercial energético y el déficit tarifario. Las reformas energéticas recaudatorias del Gobierno van a conseguir justo lo contrario de lo que se proponen.
3-España abandona oficialmente su liderazgo mundial en renovables.
Las medidas tomadas contra las renovables han dado su fruto finalmente: el 1 de junio se constituyó en Berlín el Club de las Renovables con el respaldo de la Agencia Internacional de las Renovables (IRENA). El Gobierno, que no explicó la salida de España del Consejo de IRENA, tampoco ha explicado nuestra ausencia del Club Mundial de las Renovables. España oficialmente ha abandonado su liderazgo en las tecnologías limpias, dejando a la industria nacional a su suerte después de echarla del mercado interior, destruyendo más de 70.000 empleos y con una moratoria que hará que en 2014 ya no se instale ningún kilovatio de origen renovable. España ya no es líder en renovables, pero ahora es líder global en inseguridad jurídica y riesgo regulatorio. La inseguridad para los inversores es la verdadera Marca España y el arbitraje internacional su aportación más innovadora.
4-Consideraciones de la Fundación Renovables.
a) Una reforma energética realista y eficaz ha de partir de un reconocimiento certero de los problemas y del impacto que la crisis económica está teniendo en el sistema eléctrico desde 2007. El vertiginoso aumento de los precios del petróleo y el gas, la falta de liquidez de los bancos, el descenso del consumo y el continuo aumento de las importaciones energéticas deberían haber provocado hace tiempo un cambio sustancial de la política energética, pero no ha sido así y se mantiene la misma regulación cuando el escenario energético ha dado la vuelta. Por eso crecen los problemas. El intervencionismo extremo que practica el Ministerio de Industria debería utilizarse para eso y no para cerrar el mercado a favor de las cuatro empresas que lo controlan en exclusiva.
b) El sistema eléctrico necesita cambios estructurales y de fondo. Algunas variables, como la demanda eléctrica, jamás recuperarán los valores anteriores a la crisis y otras, como el déficit comercial energético o la intensidad energética, deberían reducirse si se persigue una economía más competitiva. Pero es evidente que no hay intención de afrontar estos cambios necesarios. Si se ha demostrado que la mayor demanda de renovables abarata el precio de la energía, es una estupidez poner barreras regulatorias a los efectos de la lluvia, el viento o el sol. Revisar todos los costes regulados y el método de conformación de precios de la energía debería ser una consecuencia inmediata para aprovechar esos recursos en beneficio de los consumidores. Pero se ha decidido lo contrario y eso supone aumentar los costes regulados con pagos a las fuentes energéticas convencionales y cerrar el paso a las fuentes renovables que entran a coste cero.
c) Una política energética racional debería hacer del ahorro y la eficiencia energética una prioridad por su impacto positivo en la economía española y por el enorme potencial de ahorro. El actual modelo energético basado en los hidrocarburos se fundamenta en la mayor facturación al consumidor y tiene un efecto inflacionista y de riesgo de suministro que debería transformarse hacia un modelo basado en el ahorro energético. La generación distribuida, el autoconsumo y el acceso de los consumidores a los servicios energéticos para ser parte activa en la gestión de la demanda son cambios que ya están dándose en todo el mundo. Aquí se ha decidido cerrar la competencia también a la eficiencia energética, sin tener en cuenta que es un instrumento decisivo para superar la crisis y crear empleo y poner al consumidor final en el centro del sistema.
d) Las principales preocupaciones energéticas de Europa son su dependencia energética y el elevado coste de la energía. Las políticas que ha puesto en marcha la UE se centran en la eficiencia energética, crear un mercado con más competencia y cumplir los objetivos de renovables para conseguir mayores ahorros a los consumidores. Es evidente que las prioridades energéticas de Europa no coinciden con las prioridades de la política española y eso debería ser parte fundamental de cualquier reforma transponiendo al ordenamiento jurídico las directivas pendientes de renovables y eficiencia energética. Los consumidores lo agradecerían.
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