La electricidad no puede, a efectos impositivos, ser asimilada como un bien de lujo
Consideramos imprescindible y factible la limpieza de la tarifa eléctrica para disponer de una señal precio acorde con los costes que la originan
Cada día es más urgente reformar la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico
Madrid. Martes, 2 de febrero de 2021. La Fundación Renovables ha publicado un informe en el que se proponen diferentes líneas de actuación sobre la tarifa y el mercado eléctrico para reducir el precio de la electricidad y que esta responda al “pago por uso”, siendo transparente con los costes que la originan. Apostar por la electrificación en nuestro país es una tarea complicada si el precio de la electricidad continua bajo los parámetros actuales, no siendo competitiva, por causas regulatorias, respecto a otras energías más contaminantes a las que debe sustituir. Desde la Fundación Renovables entendemos que la energía es un derecho y, como tal, disminuir su precio supone un paso para garantizar su acceso universal.
Es evidente, desde hace años y a causa del aumento de la penetración de las renovables en el mix eléctrico, que necesitamos reformar Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, así como adaptar el modelo marginalista en la fijación del precio del pool, sacando de la oferta las centrales que podrían disponer de un precio cerrado de largo plazo, como ha sido el caso de la reciente subasta de potencia renovable.
Desde la Fundación Renovables creemos que es fundamental llevar a cabo una limpieza profunda de la tarifa eléctrica reduciendo los costes regulados contenidos en ella.
Dentro de la parte regulada, estamos de acuerdo con la iniciativa de la creación del Fondo Nacional para la Seguridad del Sistema Eléctrico – FNSSE (41% de los costes regulados sobre la base de 2019), pero dejando constancia de que tiene margen de mejora: la reducción a dos años del periodo transitorio, la necesidad de introducir los gravámenes por unidades físicas transparentes y comprensibles que no oculten la realidad, la consideración de exenciones, pero con carácter transitorio, parcial y degresivo, la acotación de las compensaciones, el mantenimiento de la iniciativa en el tiempo y su uso como instrumento de mejora de la sostenibilidad energética.
Otro punto a abordar es el de las partidas fijadas para la retribución de las inversiones de la distribución y el transporte de electricidad (38% de los costes regulados), que consideramos que deberían aplicarse en función del servicio prestado, abriendo la posibilidad a que estas actividades las asuman los contribuyentes y no los consumidores.
Proponemos trabajar para reducir la cuota de amortización de la deuda del déficit de tarifa (un 15% de los costes regulados), bien como una extensión del plazo de amortización hasta el límite de 2034 que la regulación permite o por su inclusión, de forma parcial, en el FNSSE. Consideramos que los costes extra peninsulares (6% de los costes regulados) deberían sacarse de la tarifa e incluirse en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que es innecesario mantener los cargos por interrumpibilidad. También proponemos la creación de una tarifa social cuyo coste sea asumido por los contribuyentes y no por los consumidores de electricidad.
La política fiscal que existe alrededor de la electricidad y de su tratamiento como un bien de lujo en España, creemos que debe ser revisada, como lo demuestra que el IVA sea al 21%. Por ello, proponemos su reducción, al menos para los consumidores que son sujetos pasivos de IVA. Lo mismo sucede con la aplicación del impuesto de generación del 7% a las energías que no son contaminantes y creemos que se deben introducir elementos correctivos en la aplicación y destino de la tasa del CO2, porque es contradictorio que lo que tiene como objetivo gravar las emisiones acabe gravando el precio de la electricidad.
Del análisis detallado de todas y cada una de las partidas incluidas en el documento se concluye que es posible actuar sobre ellas para reducir el coste de la electricidad para el consumidor, sin la necesidad de largos procesos normativos y permitiendo tener un precio de la electricidad transparente, eficiente, competitivo, real y sostenible.
Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, señala que: “tenemos un precio de la electricidad alto porque así se ha decidido. Necesitamos actuar para que la electricidad se convierta en el vector energético básico de la cobertura de nuestras necesidades”.
Accede al informe completo.
