Los proyectos presentados previamente por el Gobierno deben ser declarados elegibles bajo unas condiciones estrictas de sostenibilidad, innovación, digitalización y educación.
Su derivación y desviación hacia modelos energéticos que perpetúen el uso de los combustibles fósiles pondría en grave riesgo el cumplimiento de los objetivos climáticos vinculantes.
La Fundación Renovables presenta un listado de iniciativas modelo para identificar la correcta elegibilidad de los proyectos presentados para que, además, sean propuestas factibles de replicación.
Madrid. Miércoles, 30 de septiembre 2020.- La Fundación Renovables reclama que los más de 140.000 millones de euros del fondo Next Generation de la Unión Europea, a los que aspira España, sean la palanca que apuntale y acelere la consecución de la transición energética en nuestro país. Ello, no solo conllevaría la más que necesaria descarbonización de la economía, sino empezar a diseñar un futuro basado en el progreso y la generación de valor social, utilizando los recursos y las capacidades que tenemos como son las renovables y la eficiencia, pero, también, potenciando la innovación tecnológica, la digitalización y una mejora educativa.
Desde la Fundación Renovables entendemos este hecho como, tras una grave crisis pandémica generada por el deterioro de la capa protectora que suponen los ecosistemas tropicales frente a los virus de origen animal, una oportunidad que debemos aprovechar afinando mucho el tiro, ya que los intereses y las reacciones por parte de todos los sectores, sobre todo el de los mal llamados gases renovables, están moviendo ficha y presionando para llevarse su parte, escudándose en las mediciones de emisiones neutras y evidenciando que una ausencia de criterios de selección puede provocar que los fondos acaben en proyectos megalíticos de las grandes corporaciones. Esto supondría un lastre para los pequeños y nuevos actores ante la disparidad en la capacidad de financiación y la no existencia de alternativas, tanto de presente como de futuro, que no podemos asumir ni a nivel nacional ni europeo, perpetuando así un modelo que nos acerca, cada día más, al tope de los 1,5 grados de incremento de la temperatura media global.
En la Fundación Renovables ponemos a disposición y consideración del Gobierno una serie de criterios que consideramos indiscutibles e imperativos para definir la elegibilidad y condicionalidad de las iniciativas propuestas, basados en:
- La exigencia de sostenibilidad en un sentido amplio, inclusive si están reguladas por el reciente Reglamento Comunitario 852/2020 sobre inversiones sostenibles. Pese al ambiguo contenido de dicho reglamento, los servicios jurídicos de la Comisión Europea validarán los proyectos presentados para no permitir colar emisiones de GEI pintadas de verde.
- La necesidad intrínseca de actuar con urgencia, priorizando proyectos con un desarrollo avanzado y con una fase de implementación a corto y medio plazo.
- La existencia de un mercado potencial importante que acelere la dinamización de la economía y su crecimiento a corto plazo.
- La replicabilidad y, por lo tanto, el fomento del efecto distributivo en todo el territorio nacional, dando un carácter y un valor asociado de cohesión territorial.
- La apuesta por que los ejecutores de los proyectos sean, principalmente, empresas de pequeño y mediano tamaño para recuperar el tejido productivo y el empleo donde más ha castigado la crisis. Si gran parte del fondo va a las grandes empresas, la brecha de capacidades aumentaría, sucumbiendo las pequeñas pymes y loa autónomos por incapacidad de inversión y de acción.
- Apostar por mejoras que repercutan en el consumidor/ciudadanía, considerando la energía como un bien básico y no solo como un vector económico.
- La inclusividad para no dejar a nadie por el camino como paso obligado para la recuperación, porque no hacerlo, como en la crisis de 2008, supone transformar problemas coyunturales en estructurales.
Por estos motivos y bajo los criterios de elegibilidad que demandamos, en nuestro informe Lecciones aprendidas para salir de la crisis, presentado en junio de este año y expuesto en la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social de España, propusimos un paquete de medidas para la reactivación económica basado en, por un lado, el aprendizaje de la salida de la crisis de 2008 y, por otro, en la electrificación de la demanda, y que encajan perfectamente como base para la elegibilidad, por parte del Gobierno, de las iniciativas para el periodo 2020/2021. En él, vemos prioritario facilitar, planificar y fomentar el autoconsumo a todos los niveles (compartido e individual), además de apostar por la generación distribuida con energías renovables; la rehabilitación energética de edificios, un auténtico sumidero energético en las ciudades españolas a causa de la vejez del parque inmobiliario; la actuación en base a una movilidad sostenible activa y la descarbonización del transporte, siendo esta la oportunidad de asentar una industria tecnológica pionera y referente respecto a las baterías y el vehículo eléctrico; avanzar en la eficiencia del equipamiento y en las infraestructuras que avancen la digitalización; crear planes industriales para recuperar la posición en renovables que nuestro país tenía antes de la moratoria de 2012 y la apuesta por planes de I+D+i, los futuros nichos tecnológicos y energéticos, y la necesidad de difundir, educar y formar en una nueva cultura energética, en la que el empoderamiento ciudadano y el consumo responsable sean los soportes del futuro que queremos.
Entendemos que, bajo las iniciativas propuestas como ejemplos reales de actuación y los criterios definidos anteriormente, la factibilidad y coordinación para ponerse a trabajar en la obtención de los fondos de la UE, además de reforzar y ser una oportunidad, facilitaría avanzar en un modelo socioeconómico más equitativo, sostenible y resiliente. De acertar en esta elección depende, en gran medida, no solo el presente inmediato, sino el futuro y el trabajo de las generaciones futuras.
