La denuncia se presentó el pasado 9 de junio
Las diligencias de investigación practicadas por la Fiscalía demuestran que existieron disconformidades entre el IDAE y las consultoras encargadas por el MINETUR
Madrid, 1 de marzo de 2016.- La Fundación Renovables muestra su decepción por el archivo de las diligencias de investigación practicadas por la Fiscalía Provincial de Madrid en relación con la denuncia presentada el pasado 9 de junio por la Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, con el respaldo de más de 2.000 ciudadanos, por supuestas irregularidades en la tramitación de la Orden Ministerial IET/1045/2014, de 16 de junio, que instauró el llamado “hachazo” a las renovables.
Por medio de esa denuncia, ambas organizaciones instaron a la Fiscalía a realizar una investigación para esclarecer si había habido prevaricación en el comportamiento del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR), en especial de la Secretaría de Estado de Energía, ante la arbitrariedad y falta de respaldo técnico a la hora de fijar los criterios en la Orden citada, que estableció el cambio en la modalidad de retribución a las energías renovables, cogeneración y residuos, y que supuso un recorte de unos 3.000 millones de euros anuales.
Dada la complejidad de la materia sobre la que versa la Orden IET/1045/2014 y la complejidad de los cálculos para establecer la rentabilidad de todas las instalaciones afectadas, conocer en detalle y de forma clara la metodología utilizada para realizar dicho cálculo resultaba de gran importancia para garantizar que se había tratado a todos por igual y que no había existido trato de favor de unas instalaciones respecto de otras. Sin embargo, el proceso careció absolutamente de la transparencia debida.
Ante esa complejidad técnica y metodológica, el MINETUR, por recomendación de la Abogacía del Estado, encargó dos informes a sendas consultoras internacionales, las cuales tenían que aportar criterios técnicos objetivos e independientes para avalar la metodología del Ministerio en la adopción de la Orden de parámetros con la que se consagró el hachazo a las renovables. El presupuesto de la contratación fue de 595.000 € más IVA. A pesar de la enorme cantidad de dinero público invertida en consultores externos, finalmente el MINETUR no contó con sus informes a la hora de redactar la normativa.
Y, sorprendentemente, la Fiscalía justifica la no disposición de los informes en el momento de aprobación de la normativa en que en realidad «su verdadera función era la asistencia técnica en procedimientos judiciales y/o arbitrales en los que sea parte la Administración General del Estado» cuando, en el propio pliego de contratación claramente se excluía del alcance este servicio. De hecho, el único informe finalmente evacuado aclara: «sin embargo, el alcance de los servicios de RBSC en este proyecto no incluye la asistencia técnica en dichos procedimientos, ni la defensa de los datos, hipótesis, cálculos, resultados, conclusiones o demás elementos relevantes propuestos en los informes finales. La prestación de estos servicios adicionales estará sujeta a la tramitación del expediente o expedientes de contratación que se consideren oportunos».
En efecto, y dejando al margen el hecho de que la contratación de dichas empresas se hizo “a dedo” en base a la supuesta urgencia del proceso, finalmente no se presentó informe alguno de esas consultoras hasta varios meses después de publicada la citada Orden Ministerial.
Además, en marzo de 2015 se reveló públicamente que Industria presionó a las consultoras contratadas para que acataran criterios prefijados por el propio Ministerio, lo que supuestamente llevó a la resolución anticipada del contrato con una de las consultoras y que, en consecuencia, solamente llegara a emitirse un informe que, sorprendentemente, no cita la Orden en ningún momento, por lo que difícilmente puede tener como objeto el “contraste” de la misma.
“Pese a la decepción que ha supuesto el archivo de la denuncia, creemos que las diligencias de investigación realizadas por la Fiscalía demuestran la solidez de los argumentos expuestos en nuestra denuncia y han permitido arrojar algo de luz sobre la tramitación oscurantista realizada por el MINETUR sobre esta importante normativa”, ha manifestado Domingo Jiménez Beltrán, Presidente de la Fundación Renovables.
Para la Fundación resulta destacable que las diligencias de investigación de la Fiscalía hayan demostrado claramente que existieron disconformidades técnicas del IDAE (el “instituto instrumental del MINETUR”, como lo define la Fiscalía) respecto a los documentos de trabajo emitidos por las consultoras en su inicio.
“Queda demostrado que las valoraciones del IDAE, como se reconoce en el texto de la Fiscalía, no coincidían con las de los informes técnicos pedidos a las consultoras. Sin embargo, esas valoraciones del IDAE son la base con la que el MINETUR cambia drásticamente un régimen retributivo que había conseguido previamente un extenso reconocimiento internacional como ‘buena práctica`”, ha añadido Jiménez Beltrán.
Para la Fundación Renovables, este hecho consolida el argumento de “confianza legitima” de los inversores, sobre todo los pequeños, aparte del de “seguridad jurídica”, para tener derecho a compensación, incluso si no se obliga jurídicamente a restaurar normativamente el régimen retributivo que esperemos llegue en cualquier caso por la vía política dado el compromiso al respecto de la mayoría de los partidos políticos hoy todavía en la oposición.
La Fundación Renovables recuerda que todavía hay que esperar a los dictámenes de la Comisión Europea y, en su caso, del Tribunal de Justicia de la UE, sobre este asunto, que ha sido denunciado por otras vías distintas a la penal.
