- En la Semana de la Pobreza Energética, la Fundación Renovables llama la atención sobre una lacra social que en España afecta ya a 6,8 millones de personas
- 1,5 millones de viviendas componen un gran sumidero energético y requieren una rehabilitación urgente
- En contraposición al Bono Social, insuficiente e ineficaz, proponemos la aplicación de una tarifa social
Madrid. 20 de febrero de 2020.
La pobreza energética es una realidad en España. Como reflejan los distintos informes que la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) ha llevado a cabo con periodicidad anual, hoy, en España, un total de 6,8 millones de personas sufren condiciones asociadas a la pobreza energética, el equivalente al 15% de la población residente, es decir, no pueden cubrir sus necesidades energéticas básicas. De éstas, destacan los 2,8 millones de personas que declararon tener dos o más retrasos en el pago de recibos en los últimos 12 meses (el 6% de la población). Además, es responsable de unas 7.100 muertes prematuras al año y 900.000 personas, aproximadamente, (el 2% de la población) por dificultades económicas dejaron de disponer de sus fuentes habituales de energía, por no poder pagarla y por haber tenido cortes en el suministro. Esto se debe, principalmente, a tres factores: la insuficiencia de ingresos, el elevado precio de la energía y las malas condiciones constructivas y de habitabilidad de las viviendas.
La solución aplicada por los sucesivos gobiernos de España, el Bono Social, dista mucho de ser la solución ya que se ha comprobado su completa ineficacia al no aplicarse exclusivamente a los colectivos más vulnerables que lo necesitan, es una cuantía insuficiente y supone una pérdida de dignidad al identificar el colectivo vulnerable a través de impagos continuados, a pesar de la magnífica labor que están haciendo los servicios sociales de los ayuntamientos. El Bono Social conlleva la pérdida de la dignidad del solicitante como paso previo a su declaración como miembro de un colectivo vulnerable que no debería ser calificado como tal. Además, se une el esfuerzo del sector eléctrico para trasladar a los consumidores de la tarifa regulada PVPC al mercado liberalizado, provocando la pérdida de la oportunidad para acogerse al Bono Social y el incremento de la factura eléctrica.
Por ello, desde la Fundación Renovables, hemos solicitado la implantación de una tarifa social, regulada por ley, que debería no contener un tramo fijo, permitir tener una potencia contratada básica, en función del tamaño familiar, un consumo mínimo de energía a precio reducido y la exención de IVA o IVA reducido. Sin embargo, esta tarifa no es suficiente si los edificios siguen siendo un sumidero energético, por lo que proponemos el establecimiento de un programa para rehabilitar las más de 1,5 millones de viviendas (250.000 al año) que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad, así como que se considere la electricidad como un servicio público y se facilite la cobertura de las necesidades a los colectivos vulnerables. La lacra de la pobreza energética nos debería avergonzar como sociedad y necesitamos entender que la energía es un derecho para asumir el compromiso de su erradicación lo antes posible.
El esfuerzo que los ayuntamientos están llevando a cabo, no solo desde los servicios sociales sino, también, con la asunción de las deudas para evitar el corte del suministro eléctrico, en la mayoría de los casos sin el apoyo de las administraciones central y autonómicas, merece un reconocimiento.
Todo ello nos lleva a exponer, como hicimos en nuestro último informe “El Contrato Social de la Energía: Electrificar para democratizar”, que el no acceso universal a la energía es un grave reflejo de un sistema eléctrico que entiende la energía como un vector puramente económico y no como un derecho disponible en condiciones económicas accesibles para todos. Por ello, proponemos una Ley de Reforma del Sistema Eléctrico que incluya el desarrollo de los planteamientos previos y, además, que el pago por uso de las redes de transporte vaya ligado al servicio prestado y no a la rentabilidad de las inversiones. Es absolutamente fundamental asumir, desde los poderes públicos, que la energía es un bien escaso, de primera necesidad y de utilidad pública, cuyo acceso universal debe estar garantizado como un servicio público.
