El texto presentado por el Gobierno a la CNMC obstaculiza de facto el derecho a autoproducir energía en contra de lo que afirma en la exposición de motivos
La Fundación Renovables pide a todos los partidos políticos que sean coherentes con los compromisos adquiridos en las campañas electorales municipales e impidan la aprobación de este proyecto de RD
Madrid.- 10 de junio de 2015. La Fundación Renovables rechaza en su totalidad el proyecto de Real Decreto para la regulación del autoconsumo por su carácter antidemocrático. El texto enviado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo el pasado 5 de junio a la CNMC, de facto penaliza y obstaculiza el cumplimiento del legítimo derecho ciudadano a autoproducir su energía con renovables. La Fundación Renovables denuncia que en este proyecto subyace el intento de perpetuar el oligopolio del sistema eléctrico y negar la misma capacidad de decisión de la ciudadanía que la Unión Europea defiende como el “centro de la Unión Energética”.
La Fundación pide a todos los partidos políticos que honren sus compromisos adquiridos en las campañas electorales municipales cuando en su práctica totalidad (incluido el PP en Baleares, Murcia o Extremadura) expresaron su apoyo al autoconsumo. Ahora es el momento de que demuestren coherencia oponiéndose firmemente al texto del Ministerio de Industria y eviten su aprobación.
La Fundación Renovables defiende una regulación del autoconsumo que permita su total liberalización, en toda su extensión y con todos los grados de libertad, sin peajes ni impuestos al sol, basándose en el derecho inherente de la ciudadanía a elegir cómo quiere cubrir sus necesidades energéticas. Una propuesta diametralmente opuesta a la del Gobierno y argumentada en el documento presentado el pasado mes de febrero bajo el título “Posicionamiento de la Fundación Renovables sobre el Autoconsumo”.
El autoabastecimiento de electricidad podría cubrir el 50% de la demanda energética de los municipios del Estado para 2050, según el informe Ciudades con Futuro de la Fundación Renovables, y crear 136.000 empleos de calidad junto con la generación distribuida de electricidad con renovables en tan solo 10 años. El autoconsumo, como elemento imprescindible de democratización de la energía, es clave para el abaratamiento de los costes del sistema energético, especialmente en las islas donde la generación de electricidad con combustibles fósiles es más del doble de cara que en la península. El ingente ahorro en importaciones de combustibles fósiles (por los que el Estado paga anualmente una cantidad equivalente a los ingresos del turismo en la balanza de pagos) debería ser una de las grandes prioridades del Gobierno junto con la lucha contra el Cambio Climático.
El texto presentado por el MINETUR muestra, en opinión de la Fundación Renovables, una clara intencionalidad en cuanto a desincentivar el autoconsumo y una perversa manipulación de las propias razones objetivas para la regulación del mismo. Mientras, por un lado, se dice que el objetivo del Gobierno es promover el autoconsumo, por el otro, se pone como condición que el autoconsumo no afecte a la eficiencia económica del sistema actual, es decir que no afecte a los intereses existentes del sector eléctrico, so pena de penalizaciones claramente desproporcionadas y disuasorias.
Industria reconoce los costes del sistema como algo natural e imperturbable, defendiendo un sistema que roba el futuro de toda la población en favor de los intereses ventajistas y especuladores de unos pocos imponiendo la doctrina por la que cualquier cambio como la difusión del autoconsumo será un coste para el sistema. Todo lo contrario de lo que la misma Comisión Europea (de mayoría conservadora) ve en el autoconsumo al que defiende como una clara ventaja económica, de estabilidad, fiabilidad y eficiencia del sistema energético europeo.
Para más inri, el Gobierno retira el polémico e insolidario “peaje de respaldo” y lo sustituye por un nuevo “cargo por autoconsumo” (otra versión enmascarada del mismo peaje al sol) destinado a cubrir los costes asumidos pero muy discutibles del sistema. Quien se autoabastezca de electricidad no pagará por la red (que no usa) pero sí un impuesto al sol mayor todavía: un consumidor que consuma electricidad de la red paga 44€/MWh de peajes; si lo hiciera con su propia placa fotovoltaica, el Gobierno quiere cobrarle 49€/MWh de peajes.
Si a estas consideraciones se añade que la propuesta del Gobierno prácticamente condena a los prosumidores a regalar a la red eléctrica los excedentes sin ninguna contraprestación, queda clara y manifiesta la contradicción del Gobierno que por una parte declara su apuesta por las renovables y luego legisla en dirección opuesta a lo que promete. Este proyecto de RD opta por eliminar el balance neto en condiciones paritarias entre prosumidor y compañías eléctricas, al contrario que lo regulado en el resto de los países.
Además, lo hace con una normativa cuyos números son de carácter transitorio a la espera de determinar los definitivos, insistiendo en labrar un marco para las renovables impregnado de la misma inseguridad jurídica gracias a la cual se ha paralizado el desarrollo de las renovables en España.
Mientras Portugal, que comparte nuestro sistema eléctrico, se prepara para un fuerte incremento del autoconsumo propiciado por su regulación, en España se diseña un nuevo impuesto al sol con la excusa de mantener los costes del mismo sistema eléctrico.
