Con la formación del nuevo Gobierno, España afronta una nueva etapa política en la que resulta ineludible avanzar hacia un nuevo modelo energético y recuperar el grave atraso sufrido durante la pasada legislatura, nefasta desde el punto de vista de la sostenibilidad energética.
Este es el momento, tanto por urgencia como por oportunidad, de que España aplique las políticas energéticas adecuadas, a riesgo de quedar totalmente fuera de la senda de acción política y de los resultados económicos que ya están siguiendo y consiguiendo la mayor parte de las grandes economías de nuestro entorno.
En esta legislatura todos y cada uno de los partidos políticos tienen una importante función que cumplir y desde la Fundación Renovables esperamos que se pongan de inmediato a trabajar en el Parlamento para generar los consensos necesarios y avanzar hacia un futuro 100% renovable.
Reclamamos al nuevo Gobierno que designe un responsable con capacidad demostrada de dialogar y pactar con el resto de formaciones parlamentarias e instituciones sociales una Ley de Transición Energética y Cambio Climático que nos permita alcanzar un modelo energético sostenible y cumplir con los compromisos climáticos adquiridos, tras años de desastrosa política energética y de ignorar el desafío del cambio climático. La participación y el diálogo, no solo entre los grupos políticos, sino con todos los actores sociales será un elemento imprescindible para que la regulación se adecue a las necesidades y capacidades de la sociedad española.
Para ello, queremos recordar a las formaciones políticas las propuestas de política energética recogidas en nuestro documento “La energía como vector de cambio para una nueva sociedad y una nueva economía”.
Urge trabajar fundamentalmente sobre la demanda para que sean la racionalización de la misma y su adaptación a las necesidades reales de la sociedad las que determinen la oferta que debe cubrirla y no al revés, como ha venido sucediendo hasta ahora. Lo bueno es que el margen de mejora es muy significativo. De aquí a 2050 podríamos reducir en un 50 % el consumo de energía y lograr un 60% de mejora de la eficiencia. El eje fundamental de la propuesta es la electrificación de la demanda con objetivos intermedios ambiciosos.
Es necesario además apostar de forma decidida por la movilidad eléctrica, potenciando tanto el transporte público sostenible como el uso de vehículos eléctricos, como forma de disminuir nuestra fuerte dependencia de los combustibles fósiles y mejorar la calidad del aire, principalmente en nuestras ciudades.
La nueva legislatura también debe garantizar la erradicación de la pobreza, que afecta a 4 millones de personas en España. Por tanto, es primordial que todo el sistema circule alrededor de la figura del ciudadano y no apoyándose exclusivamente, como viene siendo habitual, en los intereses de los operadores dominantes. La reforma del sistema eléctrico debe ir de la mano con una potenciación del autoconsumo y generación distribuida que fomenten la democratización de la energía.
La transición energética en nuestro país es una oportunidad de transformación y crecimiento para muchos sectores, ya que tiene que venir acompañada de planes de actuación operativos sobre rehabilitación de edificios, actuaciones urbanas, movilidad y transporte sostenible. Para ello, entendemos que España no se puede permitir seguir siendo líder mundial en volatilidad normativa. Es preciso que se devuelva la seguridad jurídica y la confianza en la estabilidad en la regulación a todos los operadores con actuaciones creíbles que vayan más allá de vacías redacciones legales que son cambiadas constantemente.
Recordamos del mismo modo la necesidad de apostar de manera urgente y decidida por el desarrollo de las energías renovables y el cierre progresivo pero urgente de las centrales térmicas de carbón y la salida del sistema eléctrico de la energía nuclear. Que en los últimos meses los partidos políticos hayan coincidido solo en apoyar el carbón, es uno de los peores signos para el futuro de este país, y desde la Fundación Renovables no podemos dejar de recordar a todos los grupos parlamentarios que son soluciones completamente contrarias a la seguridad climática y al futuro del país.
Una ley de transición energética adecuada es necesaria para que España pueda cumplir los compromisos europeos e internacionales para 2020 y 2050 y para mantener una economía y un tejido productivo competitivos.
