Es necesario aplicar criterios sólidos y definidos para que haya un equilibrio entre los megavatios de las instalaciones centralizadas y de las distribuidas
Corremos el riesgo de introducir grandes cambios en emplazamientos locales en los que existe capacidad de evacuación y dejar de lado actividades históricas y productivas de recursos básicos al no implicar a los habitantes de los municipios
Consideramos que es necesario destinar capacidad de acceso a la red para pequeñas instalaciones, lo que permitirá que, en un futuro, no queden excluidas y se pueda avanzar en la democratización de la energía
Madrid. Jueves, 27 de mayo de 2021. La Fundación Renovables ha publicado un informe en el que se resumen las reflexiones expuestas en la reunión de su Consejo Asesor, “Territorio y renovables. El desarrollo de las grandes plantas bajo criterios de inclusión territorial”, sobre la problemática situación actual de la expansión de las instalaciones de generación renovable en el territorio español. Durante la reunión, se constató la necesidad de encontrar el equilibrio entre las instalaciones centralizadas y la generación distribuida y el autoconsumo, en su más amplia extensión, haciendo hincapié en la necesidad de respetar el valor ambiental, favorecer la diversificación de agentes y hacer partícipes a los municipios en la transición energética.
La primera de estas reflexiones es básica: crear pautas claras para obtener un modelo de ordenación del territorio. Con el probable aumento del abandono de las actividades agraria y ganadera en las zonas de amplio desarrollo de las renovables, con tamaños de plantas muy grandes, es necesario diversificar los agentes energéticos, con una mayor implantación de generación distribuida que potenciaría el empleo local y las economías familiares y mantendría el desarrollo de estas actividades. Para obtener estos beneficios, es absolutamente necesario la inclusión de objetivos sectorizados y cuantificables de autoconsumo y comunidades energéticas tanto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) como en la futura Estrategia Nacional de Autoconsumo. Así mismo, es imprescindible crear una zonificación socioeconómica como una herramienta para mejorar la percepción de las renovables y evitar conflictos de oposición a los grandes proyectos.
Por otro lado, hay que dotar a los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de características participativas y transparentes, con una amplia base social, que determinen el desarrollo y los elementos de control a revisar por una administración potenciada. Así, deben incluir todo tipo de variables, analizando los impactos económicos, sociales y culturales y proponiendo alternativas que mejoren las consecuencias de la implantación. Conjuntamente, dentro del marco de la economía circular, se debe obligar a reciclar y recuperar todos los materiales al finalizar su vida útil, devolviendo el terreno a su estado original con medidas de restauración y conservación.
Muchos de los criterios ya vienen determinados por las Directivas Europeas, por lo que su transposición al reglamento español debe ser inmediato. La incorporación de las figuras de las comunidades de energía puede vencer las resistencias, al distribuir sus beneficios de manera local a la ciudadanía implicada. Respecto a la legislación nacional, las modificaciones regulatorias deberían incorporar las externalidades no incluidas en el precio de las grandes plantas, como es el caso de la red de transporte. A nivel regional y local, es fundamental reforzar las capacidades técnicas de las entidades locales para mejorar su estrategia energética, conociendo los beneficios y los perjuicios de cada tecnología.
Uno de los puntos que destacar es que las redes de transporte no son infinitas, tienen una capacidad limitada y, por la metodología de retribución, son de todos y todas, por lo que allí dónde se instale masivamente podría provocarse la exclusión al acceso de pequeñas iniciativas locales, distribuidas y con valor social. Por tanto, es recomendable trabajar para incrementar el factor de capacidad en redes de media y alta tensión, priorizando la hibridación (fotovoltaica con eólica, hidroeléctrica fluyente, etc.) y el almacenamiento. Además, hay que modificar la normativa del cálculo de acceso para dar prioridad a instalaciones de pequeña generación y avanzar en la digitalización para dotarla de mayor flexibilidad ante el aumento de la interacción entre los consumidores con la red de baja y media tensión.
Por último, la difusión de una información veraz que contemple los beneficios y las oportunidades que la transición energética ofrece a toda la ciudadanía, permitirá limar las tensiones y suavizarlas. Algunos de estos beneficios se pueden conseguir con el establecimiento de una metodología de concentración parcelaria, a la que se puedan acoger las agricultores y que los emplazamientos no disminuyan la producción agrícola. El establecimiento de prácticas de autoconsumo compartido, de asambleas locales para elegir los emplazamientos de las instalaciones o una aproximación sectorizada a los territorios, supondrán una mayor inclusión y aceptación ciudadana de las energías renovables y comenzar, por fin, a democratizar la energía.
