Es preciso recuperar la caracterización de utilidad pública de la electricidad al ser un bien de primera necesidad para la sociedad, permitiendo empoderar a la ciudadanía
La presencia del Estado en la propiedad pública de las redes de distribución y la asunción de las funciones del Operador del Sistema es fundamental para integrar con agilidad el autoconsumo y la generación distribuida
Madrid. Jueves, 15 de abril de 2021. La Fundación Renovables ha elaborado un nuevo informe titulado “Democratizar la energía como proyecto de país: los Fondos Next Generation EU y las infraestructuras del sistema eléctrico”, en el que se detalla una propuesta para que el Operador del Sistema sea una entidad pública y las redes distribución eléctricas, con la participación del Estado, garanticen el acceso universal a la energía de toda la sociedad y el desarrollo de la electrificación de la demanda energética. Con ello, se busca aprovechar la oportunidad de aumentar la independencia energética de la ciudadanía y aumentar su inclusión como eje vertebrador y activo del sistema eléctrico del futuro.
La aportación económica de los Fondos Next Generation UE favorecería una aceleración para llevar a cabo dichos objetivos, si bien es una línea de actuación independiente y que se podría realizar con otras vías de financiación, considerando los numerosos beneficios de aplicarla y los riesgos del modelo continuista actual.
La argumentación de las causas, sobre las que se elabora la propuesta y sus objetivos, deriva de la actividad, gestión y propiedad, histórica y actual, de las infraestructuras eléctricas en nuestros país. Como se analiza en el informe, estas son, en muchas casos, una barrera más a la inclusión de agentes distribuidos y diversificados que un medio facilitador. Uno de los motivos es que la carga fija para la tarifa eléctrica, sumando transporte y distribución, fue de 6.891M€ en 2019, suponiendo un 38% de los costes regulados o un 22% del total de la tarifa. Además, habría que añadir los inconvenientes que tienen un gran número de consumidores e, incluso, los nuevos actores, ante esa posición de poder dominante sobre unos los activos de redes, fundamentales para la transición energética.
Por todo ello, es fundamental que tengamos una política energética que apueste por la inclusión de la ciudadanía, por la electrificación de la demanda de energía de manera progresiva y sostenible, permitiendo garantizar el acceso universal a la energía, un coste de la electricidad más reducido y transparente, una fiscalidad activa y verde, la integración de las renovables en el territorio con criterios de inclusión y que la energía no esté conceptualizada como un negocio y sí como un servicio público, al ser un recurso básico.
La transparencia y la consideración de la electricidad como servicio público, democratiza la energía al permitir a la ciudadanía, como reconoce la Directiva de Renovables, comprar, vender, gestionar, generar y almacenar energía eléctrica, como un derecho inalienable para la sociedad. Para conseguirlo cuanto antes, una de las claves está en aprovechar la modernización y digitalización de la red eléctrica, ante la previsión de una mayor inclusión de fuentes de generación renovables, descentralizadas y distribuidas a lo largo de todo el territorio.
En este sentido, la Fundación Renovables propone que el Estado adquiera el papel de inversor, gracias a los Fondos Next Generation EU, con el fin de modernizar nuestras infraestructuras eléctricas y empoderar a la ciudadanía. Para ello, en el informe se recoge la siguiente línea de actuación:
- Separar las funciones del Operador del Sistema de la de transportista, recobrando su carácter de servicio público. El Operador del Sistema, como ente público, debería incluir la propiedad de los elementos y las infraestructuras que sean necesarias para la gestionabilidad óptima del sistema.
- Recuperar la propiedad pública de los activos y de las funciones de la distribución, sobre todo la ligada a los municipios. Entre sus muchos beneficios, esta actuación implicaría evitar los efectos de la concentración de la propiedad de la red, romper la integración vertical del sistema eléctrico y favorecer el autoconsumo y la gestión de la demanda, democratizando la gestión del sistema eléctrico al incluir a la ciudadanía.
- El perímetro de actuación debería definirse de forma progresiva, es decir, comenzando con las redes de distribución de cercanía, aquellas que son urbanas y municipales y modificando los criterios retributivos del transporte y de las redes de distribución.
- La garantía de que la modernización y la digitalización de las redes sea un objetivo de servicio público y que el Estado tenga voluntad para llevarla a cabo.
- Una apertura a diferentes modelos de coparticipación público privada. Se trata de infraestructuras vertebradoras de una realidad local y es importante que las Comunidades Autónomas participen en esta estructura empresarial.
En definitiva, la propuesta de la Fundación Renovables es la de recuperar la titularidad pública, tanto del Operador del Sistema como de la propiedad, de forma paulatina, de las redes de distribución con el compromiso de modernización y digitalización de estas como base para la activación del consumidor y con el objetivo de conseguir democratizar y diversificar la oferta en autoconsumo, vehículo eléctrico, almacenamiento energético, generación distribuida y comunidades energéticas. Supondría comenzar a poner la energía en manos de toda la ciudadanía.
