El Real Decreto-Ley 7/2025 era esencial para potenciar el despliegue de almacenamiento y fortalecer el autoconsumo compartido
El rechazo de la reforma no tiene base técnica ni ideológica, sino que responde más al tacticismo político y en la necesidad constante de ganar el relato.
Madrid, 22 de julio de 2025.- La Fundación Renovables lamenta que la reforma del sistema eléctrico, a través del Real Decreto-Ley 7/2025, haya sido rechazada por el Congreso con el voto en contra de Podemos, BNG, CHA, Vox, Junts y PP. Su aprobación era fundamental después del apagón ocurrido el 28 de abril y su articulado presentaba medidas imprescindibles para avanzar hacia una transición energética justa y distribuida.
El Real Decreto, sin ser perfecto, incluía medidas imprescindibles como la ampliación de 2 a 5 kilómetros del radio para compartir energía de autoconsumo. Además, el texto contemplaba la creación de la figura del gestor del autoconsumo, lo que garantizaría la existencia de una persona física o jurídica que actúe como mediador y represente los intereses de los consumidores asociados a un autoconsumo, agilizando trámites y velando por sus derechos. Este era un reclamo histórico de las comunidades energéticas, cooperativas y ciudadanos con tejados solares.
Además, se han quedado en el aire otras reformas necesarias para dar robustez al sistema eléctrico, como es el caso de la declaración de utilidad pública del almacenamiento de energía, sea stand alone o hibridado con centrales de renovables. En este ámbito se agilizaban los trámites para impulsar una tecnología que es clave para dar seguridad, pero también para abaratar precios y aportar flexibilidad al sistema.
El Real Decreto era esencial también para aligerar la carga burocrática que ha dejado numerosos proyectos eólicos en el aire, especialmente en Galicia. Se trata de la reforma para facilitar la repotenciación de parques eólicos que elimina la necesidad de crear, de cero, una nueva DIA, permitiendo que las plantas eólicas a repotenciar presenten una declaración de impacto diferencial entre las características del parque previo y el repotenciado.
También se quedan en el aire medidas destinadas a agilizar la electrificación del transporte y la expansión de puntos de recarga. El Real Decreto-Ley limitaba a cinco días el periodo máximo para dar de alta una infraestructura nueva, siempre que no requiera ampliaciones de cableado. En ese caso, el plazo se fija en 30 días y en 60 cuando se requiere de un centro de transformación.
Respecto a la operación, el RDL incluía que las renovables pueden ser retribuidas por estar activas para controlar la tensión, además de ajustar la nueva normativa para que puedan actuar con grid forming para estabilizar el sistema. Esta medida es esencial para que la seguridad de suministro no quede en manos de fuentes fósiles.
Resulta incomprensible la posición de bloqueo de los partidos, especialmente la de los diputados de formaciones progresistas que, a tenor de su programa electoral, han defendido el autoconsumo y un modelo energético más descentralizado. También se presenta incomprensible la posición de bloqueo del PP, una formación que se presenta a sí misma como de Estado, dejando en el cajón una reforma imprescindible para el futuro del país.
La propia Fundación Renovables ya reconoció que este Real Decreto no era perfecto y mencionó algunas carencias, como la necesidad de que las instalaciones renovables sujetas al RECORE computaran todas sus horas, incluidas las negativas y a precio cero. Sin embargo, el conjunto del texto legislativo tiene un balance muy positivo que hace incomprensible su rechazo. Este debería ser un punto de partida para seguir impulsando más reformas que perfeccionen nuestro sistema eléctrico y no una excusa para mantener la lógica de polarización.
La Fundación Renovables lamenta la falta de un consenso suficiente para sacar adelante una reforma crucial para el futuro energético de España y, sobre todo, que recogía las demandas de prácticamente todos los actores sociales, ecologistas y económicos involucrados en la transición ecológica. En los últimos meses, tras los sucesos del 28 de abril, diversas organizaciones de miradas muy diferentes han respaldado gran parte de las medidas incluidas en este Real Decreto Ley. Desde organizaciones ecologistas y sociales, hasta asociaciones del sector renovables, pasando por sindicatos y federaciones de consumidores, todos ellos respaldaron en junio un manifiesto para seguir adelante con la apuesta renovable.
