La electricidad como bien de primera necesidad sigue demandando una reforma integral de la tarifa
La tarifa eléctrica debería ser progresiva y responder al pago por uso con un suministro de electricidad 100% renovable para fomentar el consumo responsable y garantizar un mínimo energético vital
Es necesario mantener la reducción de la carga fiscal y que el superávit del sistema eléctrico de 2022 se destine a rebajar el coste de la parte regulada de los consumidores
Madrid, 14 de junio de 2023.- La Fundación Renovables valora positivamente la reforma del PVPC aprobada por el Consejo de Ministros pero cree que es insuficiente para avanzar en la electrificación de la demanda y en la protección de los consumidores más vulnerables.
Entendemos que pueda existir un ligero aumento del precio para ganar estabilidad y reducir la volatilidad por introducir una señal precio configurada en torno a productos a largo plazo, pero la reforma aprobada sigue necesitando mejorar la transparencia y trazabilidad de la señal precio y la correspondencia con los costes debe ser un elemento primordial de la propuesta de la tarifa, entendiendo que la electricidad es el pilar de la transición energética y un recurso básico cuyo acceso debería ser universal.
Esta reforma viene precedida por el traspaso continuo de clientes del mercado regulado al libre por la demonización que la tarifa regulada viene sufriendo estos últimos años (1,25 millones de personas pasaron al libre en 2021), lo que ha supuesto que muchas personas se hayan sentido desprotegidas.
Desde la Fundación Renovables echamos en falta varios elementos cruciales que una tarifa regulada de un bien de primera necesidad debería poseer. La realidad es que se produce, y se seguirá produciendo después de la tarifa aprobada por el gobierno, una transferencia de rentas desde el consumidor doméstico de electricidad a los consumidores con actividad económica a partir de la asignación asimétrica de costes regulados, una situación que venimos denunciando desde hace tiempo y que se incrementó con las normativas desarrolladas en el período 2012-2014. Es una realidad que el consumidor doméstico, que supuso un 31% del consumo en 2022, asumió el 60% de los costes regulados, situación que se mantiene con el Real Decreto aprobado.
Así mismo, consideramos que sigue siendo necesario ajustar y repensar los costes regulados que forman parte de la tarifa, tanto en la parte fija como en la variable, y que esta responda al concepto de pago por uso. En esta línea, seguimos demandando:
- La aprobación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) que establece un mecanismo para compartir los costes de la transición energética entre todos los vectores energéticos y que se encuentra varada en el Congreso desde hace dos años.
- Reducir la parte regulada en lo que respecta a las partidas que se fijan para la retribución de la distribución y el transporte de electricidad, que suponen un 38% de los costes regulados, que deberían fijarse en función del servicio que prestan y no de la rentabilidad de las inversiones y cuyo comportamiento no está ayudando a la transición energética hacia las renovables.
- Adaptar la retribución a las renovables y a la cogeneración y analizar el pago de la deuda ocasionada por el déficit de tarifa.
- Que el superávit de 6.187 M€ del sistema eléctrico se destine a reducir la factura eléctrica, cubriendo parte de los costes regulados del sistema de aquellos segmentos que ya los han pagado por anticipado, manteniendo los mismos porcentajes que los que han utilizado para soportar los costes.
- Que el PVPC, como tarifa regulada por el gobierno, tenga un origen 100% renovable. Esta consideración supone una apuesta real por la transición energética sostenible, al generar una demanda de más de 25 TWh/año.
En la consulta pública previa a la reforma del PVPC, desde la Fundación Renovables propusimos la creación de una tarifa regulada bajo criterios de transparencia, justicia y eficiencia. En este sentido, la tarifa debería ser progresiva con el consumo y con una transformación de la parte fija a variable, es decir pagar en función de la energía eléctrica que se consuma. Solo así se aumentaría la efectividad de las medidas de eficiencia energética. La política energética no debe basarse solo en la gestión de la oferta, sino en la cobertura de las necesidades energéticas. La tarifa no solo tiene que proteger a los consumidores, sino también fomentar el consumo responsable.
Es urgente disponer de un mínimo vital energético garantizado, que debería considerarse como una tarifa social, a coste cero, para consumidores vulnerables, utilizando para percibirla los parámetros establecidos en el actual bono social.
Desde la Fundación Renovables seguimos apostando por la reducción de la carga fiscal de la electricidad, diferenciando los distintos tramos de la tarifa progresiva como señal clara a favor de la transición ecológica que necesitamos.
Defendemos que la electrificación de la demanda es la única base de actuación que nos permite cumplir los compromisos de emisiones, reducir la dependencia e incorporar como objetivos la eficiencia y las energías renovables. Pero, para apostar por ella como la principal línea de política energética en España es necesario que el precio de la electricidad sea competitivo ante el del resto de energías a las que debe sustituir. Somos conscientes de que la tranquilidad conlleva un coste, pero la transparencia en la fijación de precios en función de los costes no se puede perder.
