Madrid, 19 de mayo de 2015.-
- Se publica el texto de la denuncia y se recopilan apoyos, tanto individuales como colectivos, antes de su presentación ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción.
- Un recorte de 3.000 millones de euros anuales caracterizado por la arbitrariedad y la falta de respaldo técnico.
- Cerca de 600.000 EUR invertidos en consultores externos con los que no se contó al redactar la normativa.
- Numerosas contradicciones en la cronología de un proceso que se adjudicó “a dedo” argumentando la extrema urgencia del mismo.
- Ausencia de la más elemental transparencia, aderezada con presuntas presiones del Gobierno a las consultoras para que validaran “el hachazo”.
- Se considera que los hechos son constitutivos de delito de prevaricación y se apunta como autor, fundamentalmente, a D. Alberto Nadal Belda, Secretario de Estado de Energía.
Aquí puedes consultar el texto completo de la denuncia: el objetivo es recabar apoyos, tanto a título individual como colectivo.
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La Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético han determinado interponer una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción para que investigue si ha habido prevaricación en el escandaloso comportamiento del Ministerio de Industria, Energía y Turismo ante la arbitrariedad y falta de respaldo técnico a la hora de fijar los criterios en la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, que estableció el cambio en la modalidad de retribución a las energías renovables, cogeneración y residuos, y que ha supuesto un recorte de unos 3.000 millones de euros anuales, el llamado “hachazo» a las renovables.
El Gobierno del Partido Popular, con el objetivo de acabar con el déficit de tarifa del sector eléctrico, dictaminó que éste se solucionara a costa del esfuerzo de tan solo dos agentes: los consumidores (con un incremento ingente en la factura de la luz) y los productores de renovables, cogeneración y residuos, que han visto mermada su retribución en 3.000 millones de euros anuales. Han quedado al margen de este esfuerzo las grandes empresas eléctricas cuyas cuentas de resultados no han sufrido menoscabo alguno.
La orden IET/1045/2014 es extremadamente compleja: consta de 1.700 páginas repletas de números para justificar un recorte que supuestamente pretendía homogeneizar la rentabilidad de todas las instalaciones afectadas. La metodología de cálculo resulta, por tanto, crucial para garantizar que se ha tratado a todos por igual y que no ha existido trato de favor de unas instalaciones respecto de otras.
Por recomendación de la Abogacía del Estado, el Ministerio de Industria encargó dos informes a sendas consultoras internacionales, que teóricamente iban a aportar criterios técnicos objetivos e independientes para avalar la metodología del Ministerio en la adopción de la Orden de parámetros con la que se consagró el hachazo a las renovables. El presupuesto de la contratación fue de 595.000 EUR más IVA.
Sorprendentemente, el proceso ha carecido de la más elemental transparencia y hasta que el Tribunal Supremo, en el ámbito de los cientos de recursos presentados contra la Orden, no ha requerido al Gobierno que aportara la información que ha utilizado para efectuar los recortes, no se han empezado a conocer algunos detalles del mismo.
En la denuncia se pormenoriza la cronología del proceso, en la que constan incluso contradicciones entre las declaraciones del ministro en sede parlamentaria y las adjudicaciones de los contratos de consultoría.
La contratación presenta numerosas irregularidades. La más notable, haberse adjudicado por procedimiento negociado, esto es, “a dedo”, atendiendo a la urgencia del proceso, cuando finalmente no se presentó informe alguno hasta varios meses después de publicada la normativa.
Es más, en marzo de este año los medios de comunicación conocieron que Industria presionó a las consultoras contratadas para que acataran criterios prefijados por el propio Ministerio, lo que supuestamente llevó a la resolución anticipada del contrato con una de las consultoras y que, en consecuencia, solamente llegara a emitirse un informe que, sorprendentemente, no cita la Orden en ningún momento, por lo que difícilmente puede tener como objeto el “contraste” de la misma, como argumenta ahora el Gobierno.
La denuncia justifica la consideración de los hechos relatados como presumiblemente constitutivos de un delito de prevaricación y se apunta como autor, fundamentalmente, a D. Alberto Nadal Belda, Secretario de Estado de Energía, por ser quien ha tenido el dominio del acto.
En consecuencia, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Fundación Renovables instarán a la Fiscalía Especial contra la Corrupción a que abra una investigación para esclarecer los hechos.
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético agrupa a personas, colectivos sociales, partidos políticos, organizaciones empresariales, sindicatos y organizaciones ambientales por la defensa de un cambio en el modelo energético basado en el ahorro, la eficiencia y las energías renovables.
La Fundación Renovables es un movimiento ciudadano que quiere acelerar el cambio de modelo energético con ahorro, eficiencia y renovables.
