Una vez más el Gobierno improvisa. Sin abrir un periodo de consultas en condiciones con todos los actores implicados (asociaciones del sector, consumidores, organizaciones sociales, etcétera) el Ministerio de Industria, Energía y Turismo prepara una reforma de la fijación del precio de la energía en el recibo de la luz que puede causar una nueva frustración y dar pie a la enésima rectificación. De entrada hay una novedad positiva: la supresión definitiva (después de la chapuza derogatoria de diciembre) de la subasta CESUR, hecho que ha venido reclamando la Fundación desde hace tres años. Podría ser una buena noticia que se ofrezca la oportunidad a los ciudadanos de adecuar sus consumos a las variaciones de precio del mercado. Eso forma parte de un escenario deseable. El problema es que una vez más el Gobierno pone el carro delante de los bueyes: sin unas herramientas adecuadas, por ejemplo unos contadores pensados para el usuario y no exclusivamente para las compañías eléctricas, esa invitación es una trampa para todos mientras la información que proporcionen los contadores no esté a plena disposición del usuario y mientras el consumo de energía tenga un peso cada vez menor en el recibo. Algo que se está incrementado con las continuas subidas del término de potencia en el desesperado intento de lograr ingresos para el sistema contra la lógica de una política energética sostenible.
