La falta de una legislación nacional vinculante sobre la participación comunitaria y la distribución de beneficios en proyectos de energías renovables está generando desafíos en el sector.
La falta de prácticas consistentes en materia de participación comunitaria ha llevado a que algunos proyectos eludan la consulta pública, lo que limita la influencia de algunas comunidades en los proyectos locales.
Madrid, 4 de junio de 2025- Ante la implementación del Paquete Ciudadano de Energía de la UE para garantizar una transición energética justa e inclusiva, CAN Europa –red internacional de la que la Fundación Renovables forma parte– publica un informe que aborda la necesidad de establecer un marco común que garantice una participación comunitaria inclusiva y efectiva, así como la definición de unos estándares de distribución de beneficios, para así acelerar el despliegue de la energía solar, eólica y de las redes eléctricas en toda la UE.
En el caso de España, la falta de una legislación nacional vinculante sobre la participación comunitaria y la distribución de beneficios ha generado desafíos para garantizar la participación de las comunidades locales y la redistribución justa de los beneficios de los proyectos renovables. Si bien algunas regiones han tomado medidas proactivas para fomentar la colaboración y la equidad, las prácticas varían considerablemente, lo que a menudo limita la influencia de las comunidades en los proyectos que las afectan directamente.
“El sector renovable español se está desarrollando muy rápido, pero se observan prácticas inconsistentes en cuanto a la participación comunitaria y la distribución de beneficios. Existen buenos ejemplos en toda España donde la participación comunitaria y la redistribución de beneficios de proyectos de energías renovables han demostrado ser un éxito, pero estos ejemplos deben convertirse en una práctica común y dejar de ser algo anecdótico”, declara Ismael Morales, responsable de Política Climática de la Fundación Renovables, que ha colaborado con CAN Europe para elaborar la parte española del informe.
A pesar de estos desafíos, las iniciativas y buenas prácticas en algunas regiones sobre participación comunitaria y distribución de beneficios han tenido éxito. Por ejemplo, la mediación independiente ha demostrado ser una herramienta eficaz para la resolución de conflictos entre promotores, comunidades y organizaciones de la sociedad civil.
También existen numerosos casos en los que los promotores de proyectos cooperaron con las autoridades locales y las partes interesadas locales para aumentar la distribución de beneficios a través de medios no monetarios, como el desarrollo local y la creación de empleo. Además, la participación ciudadana obligatoria en la propiedad de las energías renovables, como se observa en las Islas Baleares y Cataluña, ofrece modelos para garantizar que las comunidades locales reciban beneficios directos del despliegue de energías renovables.
En general, un marco legislativo vinculante para la participación comunitaria y la distribución de beneficios, tanto a nivel de la UE como nacional, es esencial para garantizar que la transición de España a las energías renovables sitúe a las comunidades en el centro de la transición energética.
