El 17% de los españoles no puede calentar sus hogares en invierno y sólo el 14% de la población reside en viviendas que han sido rehabilitadas en los últimos cinco años.
España debe crear una tarifa social que garantice el acceso universal a un mínimo vital energético.
Madrid, 17 de febrero de 2026.- La Fundación Renovables reclama dejar de lado el modelo asistencialista que rige actualmente la política estatal contra la pobreza energética y pide llevar a cabo cambios estructurales basados en eficiencia, electrificación y rehabilitación energética que garanticen el acceso universal a la energía.
En la Semana Europea de la Pobreza Energética, el 17% de los españoles continúa sin poder calentar su hogar en invierno, según los datos del Eurostat. Un porcentaje muy por encima de la media europea, que se sitúa en el 9%. Esto evidencia que las medidas propuestas e implantadas hasta ahora no han funcionado, por lo que hace falta un giro radical que permita reducir al máximo los índices de vulnerabilidad en el acceso a la energía.
Hasta ahora la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, ENPE, ha basado las premisas de sus actuaciones en políticas de carácter asistencialista destinadas a otorgar ayudas y subvenciones a la población vulnerable, sin solucionar el problema estructural. Unas ayudas que, además, han demostrado ser ineficaces. Tanto es así que los datos de ESADE y Oxfam Intermón revelan que ocho de cada diez potenciales beneficiarios del bono social térmicos no logran acceder a él debido a la enorme carga burocrática.
En ese sentido, es necesaria la implantación de una tarifa social, exenta de IVA y de cargos y peajes, con los primeros 1500 kWh gratuitos (con potencia contratada mínima de 2,3 kW) para hogares vulnerables sin que necesariamente hayan tenido que incurrir en impago previamente. Esta tarifa social tiene como objetivo garantizar el acceso universal a la energía.
Desde Fundación Renovables, además de abogar por la creación de la tarifa social, exigimos el impulso de la rehabilitación energética en todos y cada uno de los hogares del país, priorizando aquellos dónde reside población en riesgo de exclusión. Esto hará que el aislamiento, la eficiencia y la electrificación a través de bombas de calor lleguen a todos los hogares.
La política estatal contra la pobreza energética, además, debe impulsar el autoconsumo social y la creación de comunidades energéticas inclusivas, ya que ambas soluciones permiten reducir costes en los hogares y generar, al mismo tiempo, electricidad renovable.
En un escenario de cambio climático, en el que los veranos son cada vez más largos y severos, es imprescindible que España tenga en cuenta también que la pobreza energética también afecta a los ciudadanos que pueden refrigerar su hogar en el periodo estival. En ese sentido los planes y ayudas a la rehabilitación son una herramienta efectiva que mejorará el aislamiento y modernizará un parque inmobiliario muy envejecido.
Según los datos de Eurostat, solo el 14% de la población española reside en viviendas que han sido rehabilitadas en los últimos cinco años, siendo el cuarto país a por la cola de toda la Unión Europea. Si se pone el foco en las personas en riesgo de pobreza y exclusión social, el porcentaje de personas que habitan viviendas con reformas recientes en materia de eficiencia no llega siquiera al 10%.
La Fundación Renovables reclama que la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030 cambie su enfoque y ponga todo su empeño en ejecutar cambios estructurales con la eficiencia, la rehabilitación y la electrificación como ejes principales. De nada sirve que España sea el país con más crecimiento del PIB dentro de la UE si, al mismo tiempo, se sitúa como uno los estados europeos con mayor tasa de pobreza energética.
