El PP presenta una Proposición de Ley sin base científica y con numerosas lagunas normativas
El partido de Núñez Feijóo quiere rebajar la tasa ENRESA que pagan las eléctricas para gestionar los residuos radiactivos, a pesar de que el Tribunal de Cuentas ya alertó de que hay un déficit 10.697 millones de euros
Madrid, 17 de junio de 2025-. La Proposición de Ley “para garantizar la aportación nuclear” presentada por el PP y defendida este martes en el Congreso carece de base científica y tiene numerosas carencias desde el punto de vista regulatorio. El texto defendido por el partido de Alberto Núñez Feijóo da la espalda a la realidad y a las necesidades energéticas de España. Simplemente sirve para respaldar a las energéticas propietarias de las centrales nucleares españolas que, en los últimos meses, han introducido en el debate público la idea de prolongar la vida útil de las plantas más allá del calendario de cierre que ellas mismas pactaron con el Gobierno en 2019.
Con esta Proposición de Ley, los populares buscan garantizar el funcionamiento nuclear socializando los costes, ya que el texto pretende actualizar la tasa ENRESA –la tasa relativa a la gestión de los residuos radiactivos que deben pagar las propietarias de las centrales– sin revisar los costes. Lo hacen argumentando que al extender la vida de las centrales 10 años se recaudará más. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ya ha advertido que la financiación de ENRESA “no es suficiente para poder cubrir los costes de gestión de residuos y del futuro desmantelamiento”. Actualmente, existe un déficit de 10.697 millones de euros que deberá ser cubierto por los ciudadanos. Es decir, la propuesta del PP es trasladar a la ciudadanía el coste que supondría extender la vida útil del parque nuclear español. Algo que ya defendía el PP en el preámbulo de la Ley 15/2012 en la que se asegura que la sociedad debe pagar los costes.
El texto de la proposición utiliza, en su arranque, una mención explícita al Informe Draghi, utilizando el entrecomillado “en el Informe se sostiene que la descarbonización del sistema energético europeo implica el despliegue masivo de fuentes de energía limpia con bajos costes marginales de generación”. Lo cierto es que la energía nuclear no es competitiva en coste. Es una tecnología que no reduce el precio de mercado porque su funcionamiento es inframarginal. Tanto es así que las plantas españolas están modulando su potencia a la baja para no casar en las subastas y no participar en un mercado que fija precios no competitivos con sus costes reales de operación. Su precio medio actual está en los 65 €/MWh, muy por encima del precio de la fotovoltaica y la eólica. La nuclear, por tanto, no cumple con el criterio de “energía limpia con bajos costes” del citado informe Draghi.
Por otro lado, es importante desmentir la falsa idea de que las centrales nucleares son compatibles con el despliegue de renovables y con los objetivos marcados por Europa para 2030. Una muestra es lo ocurrido en Extremadura, donde la central de Almaraz se ha convertido en un tapón que ha impedido nuevas subastas de energía fotovoltaica, según un estudio reciente de la consultora Aurora Energy. Este documento pronostica que, con el cierre de Almaraz, se reducirán los curtailment (vertidos) de las renovables en un 30%. La nuclear, por gestionabilidad, compite con las renovables por lo que la propuesta del PP pasa por elegir una tecnología que nos hipoteca económica y ecológicamente.
El texto defendido por la formación popular también vincula la prolongación de la vida de las centrales nucleares con la necesidad de garantizar seguridad de suministro en independencia energética. Esta idea carece de sentido si se tiene en cuenta que España importa más del 80% de los concentrados de uranio de países de la órbita rusa, incluida la propia Rusia, como Kazajstán y Uzbekistán, según los últimos datos de ENUSA y Foro Nuclear.
Respecto a la ampliación de la vida de las centrales, cabe destacar que el PP plantea derogar la orden del calendario de cierre, algo que carece de sentido desde el punto de vista administrativo, puesto que para ello habría que desarrollar una nueva orden que supondría un inicio desde cero de la fijación de tasas y garantías para los propietarios.
