El paquete de medidas aprobado por el Gobierno en el Consejo de Ministros del pasado 12 de julio no es una “reforma energética” obligada por la necesidad de atajar el déficit de tarifa del sistema eléctrico –y que seguro no resolverá– como se ha querido presentar. No, el RDL 9/2013, el anteproyecto de Ley, la media docena de borradores de real decreto y el resto de normas remitidas a la CNE constituyen en realidad la culminación de una estrategia para dar un inmenso salto atrás que tiene como objetivo que el negocio energético vuelva a ser controlado exclusivamente por el oligopolio que lo ha hecho tradicionalmente.
Las corporaciones energéticas han visto amenazado “su negocio” por el desarrollo de las energías renovables que ha ido mucho más lejos de lo que nunca habían creído y de la forma que en absoluto deseaban al pasar a manos de muchos y diversos agentes. Una ruptura del oligopolio que estaba a punto de ser total con la participación de la ciudadanía en la generación de electricidad a través del autoconsumo, modalidad con la que el paquete normativo se ensaña al castigarla como ninguna regulación en el mundo lo hace. Una vez más el Gobierno se pliega vergonzosamente a los intereses de cinco empresas en contra de los intereses de la sociedad y lo hace asumiendo sin ningún pudor todas sus exigencias y castigando desproporcionadamente a los que intenten avanzar por esa vía.
Con esta falsa reforma energética se agrava la quiebra de todas las empresas y particulares que se habían fiado de los planes de fomento de las renovables que aprobaron en su día gobiernos tanto del PP como del PSOE y que habían invertido en la seguridad de unas condiciones avaladas por el Boletín Oficial del Estado. Pero, sobre todo, pierde la sociedad española en su conjunto. Los ciudadanos de este país no podrán ser agentes activos, protagonistas de una de las actividades claves del mundo actual y seguirán cautivos de las ambiciones de las grandes corporaciones energéticas.
No es una torpeza que se envíen casi setecientos cincuenta folios de normas a informar en una semana, no es consecuencia de la precipitación la acumulación de normas y no, no es un error del Gobierno el enfoque de la misma. Es deliberada, con premeditación y alevosía, la culminación de lo que sembró en su segunda legislatura el anterior gobierno y lo que estaba decidido a hacer el actual desde que presentó sus cartas credenciales con la moratoria a las renovables.
Las lágrimas de la patronal eléctrica por el supuesto dolor que les causan algunas de las medidas –dolor desmentido por los mercados en sus cotizaciones– esconden cínicamente la satisfacción del que ve como desaparece la competencia, como se aniquila a los que habían osado entrar en su terreno. Han ganado el pulso con la complicidad de la clase política y en enero volveremos a hablar de la necesidad de atajar el déficit de tarifa. El tiempo lamentablemente nos dará la razón.
