Editorial de Las Breves de enero de la Fundación Renovables.-
Tras el importante acuerdo climático dificultosamente logrado en París el pasado mes de diciembre, Naciones Unidas ha instado públicamente a los líderes políticos y empresariales de todo el mundo a duplicar la inversión en energías renovables para el año 2020, de modo que se logre conseguir una rápida transición de los combustibles fósiles a las energías limpias y tratar de evitar que el cambio climático alcance proporciones catastróficas. Nos tememos que las demandas de Ban Ki-moon caigan en saco roto en España, a la vista del comportamiento de nuestros líderes políticos.
En los días en los que tuvo lugar en la capital gala la celebración de la XXI Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, pudimos escuchar a muchos de nuestros políticos, temporalmente sensibilizados con el tema, haciendo declaraciones al respecto y comprometiéndose en una respuesta activa ante este desafío ambiental, social y económico de ámbito planetario, cuyas consecuencias ya estamos empezando a padecer.
Así, el 30 de noviembre, el día del inicio de esta cumbre de Paris, pudimos conocer, no sin cierta estupefacción, que el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciaba que, de ganar las ahora ya pasadas elecciones generales del 20 de diciembre, su nuevo gobierno aprobaría una Ley específica para mitigar el cambio climático. Una Ley de Cambio Climático que daría, según Rajoy, «coherencia» a las políticas de reducción de Gases de Efecto Invernadero de España. Incluso habló de la necesidad de crear «un nuevo marco institucional» para “impulsar la reducción de emisiones, mejorar la eficiencia energética y asegurar la participación de las energías renovables”.
Dicho anuncio fue motivo de generalizada incredulidad dado que, desde el inicio de la anterior legislatura, la política energética de Rajoy y su Gobierno, pilotada por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha sido un conjunto de medidas dirigidas conscientemente a torpedear y hundir el desarrollo e implantación de las energías renovables, para impedir el autoconsumo, para desaprovechar el enorme potencial del ahorro y la eficiencia energética, para favorecer al sector de la energía nuclear y tratar de potenciar al máximo la exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos por todo el territorio nacional, en tierra y en el mar. Es decir, básicamente encaminadas a agravar el cambio climático no a mitigarlo.
Ahora, casi un par de meses después de la cumbre de Paris, ya celebradas las elecciones generales del 20D, y, seguramente, con la comprensible preocupación de si podrá volver a gobernar o no, el Sr. Rajoy y el Partido Popular ya no han vuelto a hablar del tema del cambio climático. Así pues, parece que todo aquello fue un mero calentón que dio lugar a algunos excesos verbales.
Es más, lejos de avanzar por esa senda, el Gobierno en funciones se ha atrevido a otorgar (BOE del pasado 30 de diciembre) una prórroga de 10 años a dos concesiones petrolíferas de Repsol en el Mediterráneo, frente a las costas del Tarragona, y muchos afirman que pudiera estar entre sus planes el de querer otorgar a toda prisa una prórroga de 17 años de funcionamiento a la envejecida central nuclear de Garoña, gemela de la siniestrada central de Fukushima.
Este tema de Garoña es el que, tras las elecciones, ha centrado fundamentalmente la atención de una buena parte del resto de los partidos políticos, que exigen su cierre. Algunos, como PSOE y Podemos han dedicado alguna atención también a la cuestión de la pobreza energética y al autoconsumo eléctrico, y han presentado, de prisa y corriendo, algunas iniciativas parlamentarias al respecto. Pero poco más. Aún peor, a medida que pasa el tiempo y se acrecienta el nerviosismo sobre el proceso de investidura y los posibles pactos para formar gobierno, el tema energético, en lugar de reforzarse, va desapareciendo de los pronunciamientos de los partidos y de las declaraciones de sus máximos líderes.
Ninguno de ellos siquiera menciona ya entre sus líneas básicas para las negociaciones la necesidad de hacer una transición hacia un modelo energético eficiente y 100% renovable como condición necesaria para poder tener un modelo económico sostenible con el entorno y las personas.
Así, el 28 de diciembre, el Comité Federal del PSOE aprobó una Resolución Política en la que concretaba las grandes transformaciones que abordaría en caso de poder gobernar, y en ella no había ninguna mención al medio ambiente o la ecología, pero sí citaba en uno de sus puntos la necesidad de “un gran pacto por (…), y la transición energética que nos permita luchar eficazmente contra el cambio climático”. Sin embargo, en la presentación del contenido de la Resolución, de las “ocho grandes propuestas para alcanzar un futuro acuerdo de Gobierno”, Pedro Sánchez parece que se olvidó de esta parte. O será que la prensa no lo reflejó.
El 8 de enero, Podemos anunció la presentación en el Congreso, una vez éste se constituyera, la llamada “Ley 25 de emergencia social”. Es cierto que en ella se incluye un plan de rescate energético consistente en “ayudar a pagar la electricidad y el gas a quienes tienen menos recursos para garantizar un consumo mínimo vital y para no cortar el suministro de electricidad y gas a aquellos hogares que se consideren vulnerables”, lo cual es loable, pero no va más allá: no se incluyen objetivos para el necesario tránsito hacia la sostenibilidad energética.
Poco después, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, anunció en la primera reunión del Grupo Socialista en el Congreso que su partido iba registrar 15 iniciativas parlamentarias para derogar varias leyes aprobadas por el PP y para blindar el Estado del Bienestar. Todas ellas muy importantes desde el punto de vista social, político y económico, y de hecho cita “una ley de lucha contra la pobreza energética”, algo por supuesto irrenunciable, pero nuevamente se olvida de la necesidad de la transformación integral del modelo energético para hacerlo sostenible.
Más recientemente, el pasado 22 de enero, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, planteó públicamente una serie de requisitos de cara a unas posibles negociaciones para formar un hipotético gobierno tripartito con el PSOE e IU. Es una extensa lista de condiciones sobre la composición del Gobierno, reforma de la Constitución y un conjunto de medidas en una serie de «Áreas fundamentales» (a saber: Economía; RTVE; Educación, Sanidad y Servicios Sociales; Defensa; Interior; Exteriores y Cooperación), pero entre ellas, lamentablemente, no se encuentra ni una sola mención a la energía, ni a la lucha contra el cambio climático, ni al medio ambiente.
Desde la Fundación Renovables reclamamos a los partidos políticos que se tomen en serio el desafío del cambio climático e incorporen como un eje fundamental de sus programas la necesidad de cambiar el actual modelo energético y avanzar hacia un modelo sostenible a través del desarrollo de las energías renovables y la racionalización del consumo y del uso de la energía, que no solo es obligado para mitigar el cambio climático sino oportuno para España dado su potencial en renovables y la capacidad de su industria. Sería una irresponsabilidad manifiesta el que la energía no esté entre las prioridades de la agenda política.
