Este mes de mayo está siendo un mes muy relevante para el futuro energético de España, con una subasta de retribución futura para las energías renovables y un laudo internacional sobre la retribución de las mismas en el pasado. ¿Cómo nos afecta todo esto a las ciudadanas y ciudadanos de España? He escrito un tríptico de artículos para analizar la compleja situación en la que nos encontramos. En el Periódico de la Energía encontraréis mi análisis general sobre el coste global de la transición energética, en Energías Renovables podéis leer sobre quién decide en qué lugar del puzle tienen que ponerse las piezas en caso de duda y, a continuación, podéis leer el artículo que he escrito para la Fundación Renovables sobre las piezas que necesitamos para completar este puzle.
Podrían entenderse como piezas del puzle los regímenes retributivos, los recortes retroactivos a la retribución y los litigios y arbitrajes fruto de ellos. También pueden entenderse como piezas de este puzle las instalaciones físicas de productores de energía que utilizan fuentes renovables. Hay de todo: proyectos de diferentes tecnologías e instalaciones para producir electricidad o para producir energía en forma de calor o combustible. En el término más amplio, la eficiencia energética juega un papel importantísimo. La energía más limpia es la que no se consume.
Cuando nos imaginamos el mundo 100% renovable, en un futuro lejano, puede ser que nuestra imaginación nos falle un poco. En primer lugar, este futuro no es tan lejano. Si tenemos que alcanzar neutralidad de emisiones entre 2050 y 2100, para cumplir los compromisos adquiridos en la COP21, y si la vida útil de los proyectos es de unos 40 años, los proyectos que se construyen hoy, son los que suministrarían energía renovable hasta el año 2057. Los horizontes en instalaciones productivas de energía son largos. En segundo lugar, los objetivos de generación de energía renovable no se cumplen por arte de magia. Hacen falta proyectos, instalaciones concretas, muchas, y de todo tipo. Sin proyectos no hay futuro 100% renovable.
Teniendo en cuenta el tiempo que se necesita en España para desarrollar un proyecto desde cero, promoverlo y conectarlo, ya podemos darnos más prisa aún. El ejemplo del párrafo anterior no tiene en cuenta este aspecto. Para tenerlo en cuenta, según tecnología y lugar donde se instala un proyecto concreto, puede alargarse entre uno y 10 años o más. Hay proyectos muy buenos y necesarios que nunca llegan a conectarse por motivos sin fundamento ambiental, económico o técnico. En este horizonte temporal más realista, los proyectos de hoy serán operativos hasta el 2067. Si no nos ponemos las pilas ahora será imposible alcanzar la neutralidad de emisiones a partir del 2050.
¿Cuáles son los proyectos buenos y necesarios? Podemos entrar en la batalla de las tecnologías, hay quien piensa que puede con todo con su tecnología y forma de hacer los proyectos. ¿Tenemos que hacer sólo mega parques eólicos del oligopolio? ¿Tenemos que hacer sólo autoconsumo fotovoltaico propiedad de los ciudadanos?
Los proyectos buenos son aquellos que aprovechan al máximo el recurso renovable disponible y que más cerca están del consumidor. Es la idea de la generación distribuida. Necesarios son todos. Estamos hablando de 100% renovable en un periodo de tiempo que ya ha empezado, a efectos de comenzar a ponernos a trabajar de manera seria. Si cubriéramos, por ejemplo, todos los tejados de Barcelona con autoconsumo fotovoltaico podríamos cubrir el 50% de la demanda doméstica. No estaríamos ni siquiera hablando todavía del consumo industrial, comercial y público de Barcelona. Necesitamos otros proyectos para abastecernos, muchos otros proyectos, y de todas las tecnologías que pueden aprovechar fuentes renovables. Necesitamos todas las piezas del puzle, que representan todas las tecnologías disponibles y todas las modalidades de desarrollarlas. La imagen completa del puzle podemos verla en el paquete de regulación de la Unión Europea para caminar en la dirección del horizonte que estoy esbozando. La Comisión Europea lo ha bautizado “Energía limpia para todos los europeos: desbloquear el potencial de crecimiento de Europa”. El ciudadano tiene un papel central en este puzle. Pero el ciudadano necesita tecnología y no nos vamos a hacer expertos cada uno individualmente; no funciona así. Los ciudadanos se organizan en empresas, cooperativas, asociaciones etc., para ayudarse a sí mismos, o para prestar servicios a otros ciudadanos. Las administraciones de todo el país tienen que adoptar un papel de servidor a los ciudadanos. A veces parece que se olvida que estos ciudadanos son su razón de ser. Y desde luego la administración tiene que liderar con su participación en proyectos de energías renovables y ser la primera que alcance la neutralidad de emisiones de CO2. Una manera inmediata de comenzar sería mediante la celebración de contratos bilaterales de suministro de energía renovable, los llamados PPAs. Esto enviaría un fuerte impulso al mercado y ayudaría a estabilizar los ingresos de estos proyectos.
Los ciudadanos también tienen que entender sus propias necesidades. No podemos permitir que algunos adopten actitudes de BANANA – “Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything”- sobre los proyectos de otros. Esta actitud quiere decir: no queremos ninguno de estos proyectos. Pero uno no puede pretender ser solo consumidor sin preocuparse de la necesitad de producir lo que consume. Luego están los NIMBY – “Not In My Back Yard”-. Ellos no se oponen a los proyectos en sí, pero no los quieren en su territorio. Quieren consumir, pero que lo produzca otro, fuera de su vista. Son actitudes de lo menos participativas y yo pienso que el fenómeno coincide con su causa: es precisamente la falta de involucración la que conduce al rechazo. Si fomentamos la participación ciudadana en los proyectos seguramente puedan aliviarse o hasta eliminarse estos fenómenos. Tampoco tenemos que olvidar que ya existe una muy alta participación popular en los proyectos de energías renovables. Lo que ocurre es que todavía se organiza de manera muy indirecta y no de kilómetro cero.
Hay que pararse a analizar un momento a quienes invierten en energías renovables. Cuando nos encontramos con un gran fondo de inversiones, a menudo el primer reflejo de muchos ciudadanos es decir que se trata del gran capital de fuera del país. El hecho de que un fondo tenga mucho dinero no lo hace automáticamente gran capital. Hay muchos fondos de la banca ética o de la banca cada vez más ética, fondos de pensiones, fondos de capital de familias, empresas cotizadas o no, etc. y el dinero de estos fondos al final del día proviene de ciudadanos y alguien organiza su inversión. Me gusta que lo inviertan en energías renovables y no en cosas menos loables. Pero esto no quiere decir que los ciudadanos no podamos invertir también de forma más directa en energías renovables y, sin duda, debemos hacerlo en nuestro entorno directo, de kilómetro cero. Tiene sentido técnico, por ser más eficiente, y de concienciación, por hacernos ver lo que cuesta producir lo que consumimos. En cualquier caso, no hay duda de que estas formas de participación directa e indirecta en energías renovables pueden coexistir perfectamente.
Pero siguiendo la línea de la participación ciudadana directa y de kilómetro cero en las energías renovables, la seguridad jurídica gana aún más en relevancia. Si individualizamos nuestra inversión en proyectos concretos y la hacemos de manera directa, somos aún más vulnerables a los cambios de normativa. En este sentido, la rotura a propósito de piezas del puzle nos perjudica de la misma forma que al fondo internacional que haya tenido que entablar un arbitraje contra España, o el proyecto de más o menos grandes dimensiones que haya participado en la subasta de potencia de energía renovable de hoy, día 17 de mayo de 2017, y ahora tiene que pelearse con un engorroso sistema de periodos regulatorios y semiregulatorios. Esto es así porque la subasta está imbricada en un sistema introducido por una reforma que ha tenido como objeto principal recortar retribución a instalaciones existentes y no fomentar las instalaciones futuras. Lo cierto es que, aunque finalmente se restableciera la seguridad jurídica, tal y como argumento en las partes I y II de este tríptico, la reforma eléctrica sólo dejaría de aplicarse para los proyectos anteriores. Los participantes en la subasta siguen teniendo que adaptarse a un sistema pensado para recortar a sus antecesores. Es un sistema que no tiene en cuenta las particularidades de las instalaciones reales, metiéndolas en un corsé irreal de proyectos tipo. Es llamativo que los PPA’s para muchos puedan parecer una alternativa mejor, cuando la subasta tendría que ser un instrumento que dé seguridad jurídica a más largo plazo que un PPA.
La clave en la transición energética será la adaptación. Si queremos alcanzar un modelo basado 100% en renovables, en algún momento tendremos que dejar de insistir en adaptar las renovables al mercado eléctrico, y energético en general, y empezar a adaptar estos mercados a los renovables. Es mejor hacerlo de manera planeada, con antelación, que esperar hasta que tengamos que improvisar de nuevo, por muy tentador que sea y por muy expertos en improvisación nos hayamos hecho en el sector eléctrico español. Estoy convencido de que entre todos podemos y sabremos hacerlo mejor. Mucho mejor.
