Artículo escrito por Javier García Breva publicado en la edición de octubre de la revista Photon. (descarga del artículo en pdf)
Las diferencias en el Gobierno de Rajoy entre el Ministro de Industria y el de Hacienda sobre la reforma energética revelan un hecho de extrema gravedad: no hay una estrategia energética ni a corto ni a largo plazo. El conflicto se plantea sobre una base equivocada, como es garantizar los ingresos a las tecnologías del régimen ordinario (gas, carbón, fuel, hidráulica y nuclear) penalizando al consumidor eléctrico y arruinando las instalaciones renovables ya autorizadas y operativas. Soluciones tan cortoplacistas ya han sido aplicadas desde 2008 con un rotundo fracaso y han creado un estado de inseguridad jurídica que ahora se pretende mantener.
Las importaciones energéticas de gas y petróleo que España realizó en 2011 ascendieron a 55.821 millones de euros y las primas a las renovables costaron 4.995 millones de euros.
El coste de la dependencia energética es once veces superior al de las renovables y, además, se puede comprobar cómo el precio de la electricidad sube a medida que crece el régimen ordinario y, por el contrario, desciende con el mayor consumo de renovables por ser fuentes autóctonas que entran a coste cero en el sistema.
Es indudable que el modelo energético basado en los combustibles fósiles y las nucleares representa hoy la opción más cara, contaminante e insegura y nos aboca a futuras crisis energéticas y financieras por la volatilidad de los precios del gas y el crudo, su carácter inflacionista, por el riesgo de suministro y por sus impactos ambientales.
En este escenario, la comparación ha de hacerse entre lo que cuesta la dependencia energética frente al coste de la no dependencia y esa relación es la que define la pobreza energética de un país y su competitividad.
El actual Gobierno se propuso alcanzar la sostenibilidad económica del sistema. Para ello paró los futuros proyectos renovables con el RDL 1/2012 y ahora se propone paralizar las instalaciones renovables en funcionamiento con impuestos retroactivos, lo que va contra las directivas europeas. Sin embargo, nada se dice ni se hace para abordar la insostenible pérdida de riqueza nacional causada por la elevada dependencia de las importaciones de combustibles fósiles y por nuestra mayor intensidad energética.
Una reforma energética que no envíe las señales adecuadas a los mercados y a los consumidores con el fin de cambiar hacia un modelo energético menos dependiente con políticas contundentes de ahorro y eficiencia energética y con más renovables no será tal sino una nueva chapuza regulatoria que nos hundirá aún más en la pobreza energética.
