Mucho ha hablado el gobierno de la reciente reforma del sector eléctrico. En los últimos días se ha presentado un Decreto-Ley (9/2013), se ha iniciado el trámite parlamentario de una nueva ley del sector y se están conociendo diversos reales decretos y órdenes ministeriales para completar el despliegue.
La pregunta decisiva tras todo este esfuerzo legislativo es si se ha resuelto ya el problema del déficit tarifario que ha sido la causa de todo este zafarrancho. Y la respuesta es que no. Un primer indicio es que se justificaba la reforma por la existencia de un déficit de 4.500 millones de euros[1] y cuando se mira lo logrado con este RDL 9/2013 se descubre que se recortarán los pagos en concepto de transporte y distribución por valor de unos 500 millones, 900 millones más se obtendrán del presupuesto para el pago de las compensaciones de los sistemas extrapeninsulares, 300 más serían de la reducción de los pagos por capacidad, 750 millones por el recorte que se aplica a las energías renovables y 850 millones más por la recaudación adicional vía tarifas a través de una subida especial que prevé el RDL y que se implantará muy probablemente desde el 1 de agosto. Sumadas todas las cantidades resultan 3.300 millones de euros, 1.200 menos de los necesarios para eliminar el déficit definitivamente.
Recuerden los escépticos que ya se anunció la eliminación definitiva del déficit cuando se aprobó la Ley de medidas fiscales (15/2012) y que en la memoria económica de la orden de peajes de principio de año no se reconocía déficit alguno.
Un vistazo a la memoria económica de la orden de peajes que acompaña a la subida tarifaria ya en marcha permite, a pesar del despliegue de mentiras que la acompañan, verificar la impresión de que al menos este año el déficit seguirá existiendo. Dos partidas son claramente un alarde de contabilidad creativa. La primera son los 709 millones de ingresos atribuidos a “Periodificación titulación FADE” y la otra la desaparición de la obligación de devolver 105 millones de la financiación del bono social. Y hay otras igualmente sospechosas, como la devolución de 750 millones por el Régimen Especial. Esto último necesita una explicación más detallada.
El RDL 9/2013 prevé una disminución de la retribución del Régimen Especial volviendo a un sistema similar al de reconocimiento de costes[2]. Se prevé así que desde el momento de entrada en vigor del RDL[3] esté efectivamente vigente el nuevo sistema de retribución, aunque haya que esperar a un previsible nuevo real decreto que determine la retribución de las instalaciones individuales para saber cuánto debe cobrar cada una de ellas. La disposición transitoria tercera del RDL 9/2013 así lo establece. Establece además que por el momento las instalaciones seguirán cobrando las cantidades fijadas en la actualidad y deberán devolver la sobreretribución en las 6 liquidaciones posteriores. Es evidente que estas devoluciones no se producirán en ningún caso antes de que acabe 2013, pero esto es una objeción trivial.
Hay asuntos que no lo son. Es de suponer que el gobierno dispone de algún estudio que le ha servido de referencia para establecer el ahorro que se conseguirá con esta medida, pero ahora hay que convertir dicho estudio, sin error[4], en un decreto para alcanzar el fin preestablecido.
Para dar una idea de la complejidad de este decreto hay que recordar que sólo en la fotovoltaica están las instalaciones acogidas al RD 661/2007 y las que se rigen por el 1578/2008 entre las cuales están las de los distintos periodos de registro y las de las distintas zonas climáticas (5 en total, cada una de las cuales con número distinto de horas primadas). ¿Qué retribución se le aplicará a cada una de ellas?
Pero además la cifra de 750 millones de ingresos adicionales de las renovables es sospechosa porque la reducción es de aplicación en 2013 a lo que queda de año desde mitad de julio. Es decir que el recorte a las renovables para un año entero sería superior a 1.500 millones, muy por encima de los 900-1.000 que se han establecido en las distintas comunicaciones oficiales.
En definitiva el déficit seguirá existiendo en 2013 y no será en ningún caso inferior a 1.000 millones de euros.
Dos comentarios más. El primero es que el propio gobierno reconoce en el desarrollo normativo lo que yo llamo “la paradoja de las renovables”, es decir, el hecho de que cuando funcionan a satisfacción, pese a que abaratan el suministro eléctrico y aunque desde principio de año todas cobran un precio preestablecido, reciben unas primas aparentemente mayores ya que el precio de mercado al que se referencian es menor. En la exposición de motivos del RDL 7/2013 se dice literalmente. “Estas desviaciones vienen motivadas por el hecho de que en los primeros meses del año 2013 han acontecido unas condiciones meteorológicas atípicas, y el nivel de pluviometría y las condiciones de viento han sido muy superiores a las medias históricas. Estas condiciones han provocado un doble efecto. Por un lado, han ocasionado el hundimiento del precio del mercado diario hasta un nivel mínimo de 18,17 €/MWh de media en el mes de abril, dando como resultado un precio medio en los seis primeros meses de 2013 que no alcanza los 37 €/MWh, muy inferior a los 51,19 €/MWh previstos para el conjunto del año. Por otro lado, se ha producido un incremento de las horas de funcionamiento de determinadas tecnologías, y en particular de la eólica con derecho a régimen primado. Todo ello ha determinado una notable desviación al alza del sobrecoste del Régimen Especial, como consecuencia de los menores precios del mercado registrados.”
En la memoria económica de la orden de peajes que ahora se tramita se dice que a principio de año se preveían una primas de 9.050 millones de euros que por la paradoja se convierten en 9.700 millones.
El segundo comentario es que para los usuarios de la Tarifa de Último Recurso (TUR), que en el futuro cambiará de nombre, se producirán dos subidas en lo que queda de año. Una de manera inmediata. En la disposición final cuarta se establece que antes de un mes (probablemente el 1 de agosto) deberán subir los peajes de acceso. La memoria económica de la orden de peajes subsiguiente fija esta subida que reflejamos en la tabla de debajo.
| Precio Medio en €/MWh de los Peajes | Actual | Principio de año | Aumento% |
| Baja tensión (con TUR) | 101,5 | 94,4 | 7,5 |
| Alta tensión | 31,0 | 28,9 | 7,3 |
| Baja tensión no TUR | 78,7 | 73,9 | 6,6 |
Esto se traduce para un usuario de la TUR en una subida del orden del 3,2% en agosto.
Pero no es la única subida en lo que resta de año. En el último trimestre se modificará el precio correspondiente a la llamada “parte de mercado” como resultado de la subasta CESUR. Como no es previsible que se mantengan las excepcionales condiciones de eolicidad e hidraulicidad de principio de año, es muy posible que la subida que se produzca no sea pequeña.
En definitiva en la reforma pierden sobre todo los productores de energías renovables que ven a sufrir un drástico recorte en sus ingresos previstos, los usuarios eléctricos a los que se obliga a nuevas subidas de precios y en menor medida el sector productor de Régimen Ordinario, para los que la bajada en garantía de potencia, transporte y distribución es mucho menor (en términos porcentuales) que para las renovables. Los ganadores son los mismos de siempre. Se mantienen inalteradas las ayudas de estado al sector industrial, gran consumidor que sigue recibiendo 732 millones de euros en concepto de un servicio de interrumpibilidad que no se presta. También mantienen intactos sus privilegios los tenedores de una deuda que con los nuevos déficits reconocidos superará los 30.000 millones de euros y a la que podría aplicarse alguna quita o reducción del precio a pagar establecido. Y se deja de manifiesto la obsesión pronuclear del gobierno que se empeña en dejar una puerta abierta para la viejísima central nuclear de Garoña a fin de evitar que sus propietarios la cierren, pese a todas las facilidades que les da el gobierno. En sentido contrario la legislación contra el autoconsumo tiene el objetivo firme de que no se desarrolle, con independencia de que suponga una mejora de la eficiencia del sistema eléctrico, un abaratamiento de la factura para quienes lo instalen, una reducción de la dependencia energética del país y de las emisiones y una mayor autonomía de los usuarios que lo instalen.
En definitiva, frente a la retórica de que la legislación es equilibrada y reparte con justicia las cargas, hay una sumisión clara a los poderes tradicionales, una fiereza inusitada contra todo lo que atente contra el “oligopolio” y una fanática obsesión ideológica por la tecnología nuclear.
[1] En un artículo fechado en marzo de este año http://vientosur.info/spip.php?article7806 yo comentaba que el déficit tarifario sería superior a los 4.000 millones en 2013 al comentar la bajada de tarifas que se producía en esas fechas.
[2] El reconocimiento de costes regía para todo el sistema eléctrico en 1997 cuando el PP cambió la ley del PSOE del año 94. Ahora, con otro enunciado se vuelve a él y se habla de coste para una empresa eficiente y bien gestionada y un margen de beneficio del 7,5%. La paradoja es que para el sistema ordinario funciona el mercado, con la libertad que confiere a los agentes y la nula capacidad de intervención gubernamental, mientras que para el Régimen Especial se vuelve al denostado modelo de reconocimiento de costes o costes estándar.
[3] Es decir desde mediados de julio.
[4] Algunos de los problemas de de las fuentes renovables se deben a errores de este tipo. Recuérdese que el RD 661/2007 se redactó para conseguir unos 500 MW de energía fotovoltaica en 2010 y en 2008 había más de 3.500 MW.
