El presidente de la Fundación Renovables compareció ayer ante la Ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear en el Congreso de los Diputados
La Fundación Renovables expresa su preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno posponga el cierre total nuclear al 2035
Madrid, 25 de enero de 2019.- El Presidente de la Fundación Renovables, Fernando Ferrando, defendió ayer ante la Ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear en el Congreso de los Diputados el cierre programado de todas las centrales nucleares antes de 2024. En esta línea, trasladó a sus miembros su preocupación por la posibilidad de que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que el Gobierno prevé enviar a Bruselas en los próximos días, posponga el cierre total de las centrales nucleares hasta el año 2035, lo que supondría alargar la vida útil de algunas de estas instalaciones más allá de los 40 años, posibilidad, citada por varios medios en los últimos días.
Durante su comparecencia, convocada para el estudio del Informe de las actividades realizadas por el CSN durante el año 2017, tuvo la oportunidad de exponer las propuestas de la Fundación Renovables en torno a la cuestión nuclear y responder a los distintos planteamientos expuestos por los representantes de los Grupos Parlamentarios tras su intervención. Fernando Ferrando explicó que la Fundación Renovables propone el cierre programado de todas las centrales nucleares antes de 2024 porque son insostenibles, medioambientalmente no asumibles y no competitivas para la sociedad.
La aportación nuclear -en torno a los 50 TWh- puede ser sustituida perfectamente por electricidad producida con las fuentes de energía renovables ya planificadas: las subastas celebradas en 2016 y 2017 (8.737 MW) y la propuesta del Gobierno de subastar 3.000 MW/año. En cualquier caso, desde la Fundación Renovables queremos manifestar que los objetivos del Gobierno -tanto en subastas como en autoconsumo y en electrificación de la demanda- son poco exigentes y que España debería tener un compromiso mayor no solo para alcanzar el desarrollo renovable deseado sino también para cumplir con los compromisos de la Unión Europea.
Además, la Fundación Renovables apuesta por que la propuesta de cierre lleve implícita una auditoría técnica sobre el estado de la central y la definición de la fecha de cierre en función de la generación de residuos, criterios de seguridad y la viabilidad de su almacenamiento. A estos efectos, los propietarios tienen que asumir todos los elementos de coste en cuanto a cobertura de riesgos y a las dificultades de gestionabilidad, así como las inversiones necesarias para mantener el máximo grado de seguridad.
La energía nuclear no debe formar parte del escenario energético deseable para España. Si lo es para el sector eléctrico es por que disfrutan de un régimen de funcionamiento y de no asunción de costes no equitativo con otras fuentes con las que deberían competir. En primer lugar, los riesgos que implica la radiactividad se incrementan a medida que envejecen las instalaciones. La vida media de las centrales en España va de los 31 años de Trillo a los 39 de Almaraz I. Mientras tanto, las inspecciones en centrales de países como Francia y Alemania han provocado el cierre de algunas de estas centrales o el abandono de esta tecnología.
A todo ello hay que añadir la aparición de riesgos provocados por fenómenos naturales y por la amenaza de atentados terroristas frente a la cada vez mayor vulnerabilidad de los sistemas y la inoperancia de los organismos de control y supervisión, sin mencionar el problema de los residuos, cuya vida radiactiva es de tal magnitud que no permite su control y sí el traspaso a generaciones venideras.
Por otra parte, la Fundación Renovables critica que la gestión y garantía del tratamiento de residuos actual esté enmarcada en el Plan General de Residuos Radioactivos elaborado y aprobado en 2006. Es difícilmente comprensible que este Plan no haya sido actualizado cuando desde 2006 se han producido sucesos de vital importancia como el desmantelamiento de Zorita, el accidente de Fukushima, el efecto de la bajada de tipos de interés por la crisis económica o la reducción de la demanda de electricidad, entre otros.
El resultado es que el Tribunal de Cuentas en 2015 identificó un desfase no dotado por parte de las empresas propietarias de las centrales a ENRESA, encargada de gestionar el fondo para los desmantelamientos, de 1.500 millones de euros (M€). A finales de 2017 el monto disponible era de 5.326 M€, una cantidad claramente insuficiente para asumir los costes derivados de la gestión de residuos y el desmantelamiento que conlleva el cierre de las centrales. Esta situación conduce, tal y como señala la Ley 15/2012 de 27 de diciembre sobre medidas fiscales para la sostenibilidad energética (preámbulo, apartado III), a que estas cargas recaigan en la sociedad.
La Fundación Renovables también ha denunciado la falta de control por parte de los organismos de supervisión -CSN, ENRESA, CNMV y CNMC-, cuya laxitud en el papel que desempeñan supone un elemento de riesgo adicional. Ha pedido que el funcionamiento de las centrales nucleares sea intervenido hasta que se cierren y que estos organismos controlen, además de su operación, su contabilidad analítica y financiera. Se trata de procurar que las cargas económicas que pudieran recaer en la sociedad no sean mayores de lo que debieran.
